Una persona trata de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España).
¿Quién paga cuando España arde? Lecciones desde California
En todo el mundo se está asumiendo que los contribuyentes no tienen que soportar en solitario la carga económica de la crisis climática.
Es demasiado fácil olvidarse de los devastadores incendios de este verano mientras dejamos atrás las vacaciones y nos sumergimos de nuevo en la rutina.
Pero recordemos que sólo el mes de julio fue desolador: se quemaron unas 168.300 hectáreas, lo que lo convierte en el peor julio de España en 30 años. Para el 17 de agosto, la cifra ya ascendía a 254.730 hectáreas. Las administraciones públicas apenas están empezando a evaluar los daños y faltan meses para que tengamos una idea de cuánto nos costará a los contribuyentes, si es que esos datos llegan a recopilarse y publicarse algún día.
A medida que se acerca la época de sacar el abrigo, no olvidemos estos incendios, ni que seremos nosotros quienes paguemos la factura. Tanto como contribuyentes como seres humanos que habitan este planeta.
España, al igual que el resto de la UE, asume el principio de "quien contamina paga", plasmado en la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007.
Esta ley de responsabilidad y reparación obliga a los contaminadores a pagar por los daños medioambientales identificables: imaginemos una fábrica que contamina un río, un vertido químico que envenena el suelo o una mina que contamina las aguas subterráneas.
Fue un buen comienzo, pero su aplicación es muy desigual —según un informe de evaluación publicado por la Comisión Europea el pasado mes de julio— y se queda corta.
Estas políticas no cubren el coste de un clima cada vez más cálido y seco, que es precisamente lo que hizo que los incendios de este verano fueran tan destructivos. Los combustibles fósiles son los responsables de haber convertido nuestro mundo en un polvorín.
Bomberos trabajando en la extinción de los incendios de California de 2024, en Estados Unidos.
Sin embargo, no hay ninguna otra industria que haya obtenido más beneficios y causado más daños a nuestra salud y a nuestro medio ambiente. ExxonMobil, Chevron, Shell y BP juntas son responsables de más del 10% de las emisiones mundiales de carbono desde 1965.
Ya en 1977, los investigadores de Exxon descubrieron que la quema de combustibles fósiles emitía gases de efecto invernadero y que estas emisiones de origen humano calentarían el planeta trayendo graves consecuencias. De eso hace casi 50 años.
¿Qué hacían las grandes petroleras mientras Europa ardía este verano? Reducir sus compromisos con las energías renovables y eludir su responsabilidad climática, todo ello mientras anunciaban beneficios multimillonarios.
Según Reuters, "Desde que asumió el cargo de consejero delegado de Shell hace tres años, Wael Sawan, ha desviado la atención de las renovables para buscar mayor rentabilidad en los proyectos de petróleo y gas".
Una y otra vez, el dinero se antepone a nuestra salud y a nuestro mundo.
Los "superfondos climáticos" son una de las últimas iniciativas políticas destinadas a obligar a las petroleras a pagar por los daños que han causado a través del calentamiento global.
Nueva York y Vermont ya han aprobado leyes que actualmente están siendo impugnadas por las grandes petroleras en los tribunales. Los activistas climáticos de California esperan que el "Estado Dorado" sea el siguiente.
Mientras estuve en California este verano, asistí a un evento que formaba parte de una gira estatal para dar a conocer la Ley del Superfondo Climático "Quien Contamina Paga" de 2025.
La ley está actualmente paralizada en Sacramento, pero los activistas confían en volver a presentarla el próximo mes de enero.
Al igual que España, California ha sufrido enormes estragos derivados de la crisis climática, desde incendios forestales hasta inundaciones. Lo que ha disparado el coste de los seguros de hogar y de las infraestructuras necesarias para construir, reparar o adaptarnos a este mundo abrasador.
Aquí es donde entra en juego la diferencia clave entre lo que España ya hace y lo que California quiere hacer.
De aprobarse, el Superfondo californiano ayudaría a aliviar esta carga que soportan los contribuyentes; lo haría obligando a las empresas —responsables de más de mil millones de toneladas métricas de emisiones de combustibles fósiles a nivel mundial entre 1990 y 2024— a realizar aportaciones a este fondo de forma proporcional a su cuota de emisiones.
El dinero de este superfondo se utilizaría para mucho más que ayuda en caso de catástrofes y servicios de emergencia. Financiaría proyectos locales como refugios climáticos, viviendas resistentes al fuego, rutas de evacuación y protección contra inundaciones, además de ayudar a las comunidades a reconstruirse tras los desastres naturales.
Pero esto no es sólo un experimento político estadounidense. Tras el calor extremo y los catastróficos incendios de este verano, España ha pedido a la Comisión Europea la creación de un Fondo Europeo de Adaptación al Clima.
El momento es muy oportuno, ya que Bruselas está elaborando una nueva estrategia de resiliencia climática.
España propone financiar el fondo, en parte, mediante un gravamen europeo permanente sobre los beneficios del petróleo y el gas.
Esto difiere significativamente del superfondo climático de California, que calcularía las emisiones históricas y haría pagar a los productores de combustibles fósiles en base a las mismas.
Aun así, ambas propuestas comparten un principio fundamental similar: ¿por qué van a tener que pagar los contribuyentes el enorme coste de un clima cada vez más cálido y seco mientras la industria de los combustibles fósiles obtiene beneficios récord?
Curiosamente, la propuesta española no se limita a gravar los beneficios extraordinarios (o "caídos del cielo") que generan las crisis.
![Bomberos forestales y unidades aéreas trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo a media tarde en la Sierra do Careón (Lugo).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11330357.jpg?p=w:320\/h:240&h=DhM-_DOf"])
La idea es conseguir que una industria cuyos productos contribuyen al cambio climático pague regularmente los costes de adaptación al mismo.
Pese a ello, la industria de los combustibles fósiles ya está diciendo que se trata de un "impuesto sobre los beneficios caídos del cielo". Argumentan que su sector puede experimentar en ocasiones grandes picos de beneficios extraordinarios, pero que estos sirven para compensar las profundas caídas y pérdidas de otras épocas.
Quizá esta vez tomemos nota de que, mientras la inestabilidad geopolítica reporta miles de millones en beneficios a las grandes petroleras, a nosotros nos toca pagar la factura de los incendios, las sequías y el calor extremo.
Gravar una parte de esas ganancias millonarias para costear la adaptación al cambio climático ya no parece una idea tan descabellada.
Activistas y responsables políticos a ambos lados del Atlántico están llegando a la misma conclusión: los contribuyentes no deberían tener que soportar en solitario la carga económica de la crisis climática.
Después de ver arder 250.000 hectáreas en España este verano, tal vez haya llegado el momento de tomarnos el principio de "quien contamina paga" al pie de la letra y obligar a los contaminadores a asumir su parte.
