Gonzalo Boye, junto a Puigdemont, en una imagen de archivo.
El abogado de Puigdemont gasta su última bala para tratar de esquivar su juicio en la Audiencia Nacional
Gonzalo Boye, letrado del 'expresident', presentará un recurso ante el Supremo para que sea la Audiencia de Madrid la que le juzgue por blanqueo.
3 noviembre, 2023 02:55Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, gastará su última bala para tratar de esquivar sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Los letrados que defienden a Boye acudirán al Tribunal Supremo para intentar que no sea juzgado en la Audiencia Nacional, sino ante la Audiencia Provincial de Madrid. Próximamente, presentarán un recurso de casación, según revelan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.
A finales del pasado octubre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Gonzalo Boye, quien —si el Supremo no lo impide— será enjuiciado en la AN por, supuestamente, haber blanqueado dinero proveniente de la red de narcotráfico liderada por Sito Miñanco.
[El abogado de Puigdemont, un paso más cerca de ser juzgado en la Audiencia por blanqueo al narco]
Dicho tribunal de apelación rechazó el penúltimo recurso de Boye para no ser juzgado en la Audiencia Nacional. Por tanto, su única opción es la de acudir al Supremo. Y así lo hará su defensa, ejercida por el despacho García Peña & Andújar.
El recurso de casación que presentarán insiste en la idea de que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar el delito de blanqueo del que se acusa a Boye. Presuntamente, el letrado de Puigdemont presentó documentación falsificada para desbloquear el dinero que le fue intervenido en el Aeropuerto de Barajas a la red de Miñanco.
Gonzalo Boye, en una imagen de archivo.
El narcotraficante gallego fue detenido en 2018 en la llamada Operación Mito, que frenó su intención de, supuestamente, introducir cuatro toneladas de cocaína en España. Tal y como señalará la defensa de Boye en su recurso ante el TS, la causa judicial que se inició entonces se separó en dos piezas: una primera, sobre el supuesto delito de salud pública, y una segunda, sobre el blanqueo, en la que fue procesado Gonzalo Boye.
A juicio de la defensa de éste, "no hay conexidad" entre ambos delitos, por lo que, aunque Miñanco sí fuese juzgado en la Audiencia Nacional, no debería serlo su cliente, sino que debería sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid.
De acuerdo con las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, el recurso de casación también expondrá que Boye habría sufrido una "vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley", consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española.
El procesamiento
Boye fue procesado el pasado año por un delito de blanqueo de capitales, en el marco de la Operación Mito, la operativa policial que consiguió frenar la introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína. La red responsable de este alijo estaría dirigida por José Ramón Prado Bugallo, apodado Sito Miñanco.
El narco Sito Miñanco, tras ser detenido en el marco de la 'Operación Mito'. Efe
Tras él, el celebérrimo narcotraficante gallego contaría con un entramado empresarial creado para ocultar los beneficios obtenidos, del que formaría parte Gonzalo Boye, quien habría tratado de recuperar el dinero intervenido al grupo en Barajas.
Aquel auto de procesamiento señalaba que el abogado, entre otros, habría presentado documentación manipulada, "consciente de su carácter ficticio", ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), cobrando por ello. También, siempre según dicha resolución, habría tratado, junto a otro letrado, de "justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido".
¿Delitos conexos?
En contra de lo que sostiene la defensa de Boye, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional señaló que, pese a que la ley no concede a ésta la competencia para enjuiciar el blanqueo de capitales, sí la establece "cuando exista conexidad con otros delitos cuya investigación se atribuya a este tribunal".
Por ello, los magistrados José Ramón Navarro, José Ramón González Clavijo y Eloy Velasco concluyeron que Boye sí debía sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
"El recurrente [Boye] no puede invocar la intangibilidad de una resolución instrumental cuando se ha dictado una resolución firme determinando la conexidad de los distintos delitos investigados y se ha rechazado la inhibición del blanqueo de capitales a la Audiencia Provincial de Madrid", concluyó este tribunal.
La Fiscalía Antidroga, en su escrito de acusación, sostiene que Gonzalo Boye habría tratado de recuperar un dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017 a la red de Prado Bugallo. Por estos hechos, el Ministerio Público acusa al también abogado de Puigdemont de "un delito de blanqueo de capitales, cometido en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial".
Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press
Según señaló la Sala de Apelación, "la conexidad entre los hechos por los que se acusa a Gonzalo Boye y el eventual delito antecedente contra la salud pública [atribuido a, entre otros, Sito Miñanco] se hace evidente". El Ministerio Fiscal también apoya esta postura. Ahora, será el Supremo el que tenga la última palabra sobre este extremo.
Aparte de ser abogado de Miñanco y de Puigdemont, Boye también lo es del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y de la exconsellera fugada de la Justicia Clara Ponsatí. También ejerció la acusación popular en el caso de los papeles de Bárcenas y fue letrado del expresindent catalán Quim Torra, del cantante César Strawberry y del exjefe etarra Josu Ternera.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el letrado, nacido en Chile en 1965, ha participado activamente en las negociaciones para la elaboración de la ley que, previsiblemente, amnistiará el procés catalán. De hecho, Puigdemont exige que la futura norma beneficie a Boye.
En 1996, el letrado chileno fue condenado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA para el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Fue en prisión donde se sacó su título de abogado.
