'Caso Mascarillas': el PSOE pide a la Audiencia que permita analizar el móvil de Luceño y el de Medina

El PSOE, personado en el caso Mascarillas como acusación popular, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija al juez instructor y que autorice analizar los teléfonos móviles de los dos imputados, Alberto Luceño y Luis Medina.

Así consta en un recurso, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que el Partido Socialista pide también que la Policía Judicial elabore un informe sobre los correos electrónicos intercambiados entre Luceño y Medina entre el 13 de marzo de 2020 y el 13 de abril de 2021.

En el caso Mascarillas, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid investiga la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de la capital en la compra de los guantes, mascarillas y test antiCovid ofrecidos por ambos investigados, que se embolsaron por esta operación comisiones millonarias.

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El pasado mes de mayo, el PSOE solicitó al juez que ordenase la entrega de los móviles usados por Luceño y Medina para comunicarse entre ellos, tanto mediante llamadas como por WhatsApp. También pidió que aportasen el terminal con el que se telefonearon con Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento encargada de las compras municipales durante la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el Partido Socialista solicitó que Luis Medina entregase el móvil con el que habló con el primo del actual alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó un contacto en el Ayuntamiento para hacer llegar su oferta de venta de material sanitario.

En un auto reciente, fechado el pasado 5 de octubre, el juez instructor del caso, Adolfo Carretero, denegó todas estas diligencias. El magistrado indicó que estas peticiones "ya han sido cumplidas" con el registro policial efectuado días antes en el domicilio de Alberto Luceño y en la sede de una de sus empresas.

¿Por qué se produjo esta operación? Debido a que, antes del verano, el Juzgado recibió un correo electrónico firmado por San Chin Choon, quien decía ser el proveedor del material sanitario que los comisionistas Luceño y Medina hicieron llegar al Ayuntamiento. En aquel e-mail, este ciudadano malasio avalaba la tesis de las defensas de ambos imputados, a quienes definía como sus "agentes exclusivos" de venta.

Fotomontaje de los dos imputados en el 'caso Mascarillas': Luis Medina (i) y Alberto Luceño (d) Europa Press

Pero la Fiscalía Anticorrupción sospecha que el correo no fue escrito por Chin Choon, sino por un hispanohablante. Por ello, para recabar más datos sobre la relación entre el malasio y Alberto Luceño y conseguir más información sobre las comunicaciones entre ambos, el juez autorizó el registro de su vivienda y de su empresa.

Sin embargo, en su recurso de apelación, el PSOE replica: "No podemos compartir la argumentación de que nuestra solicitud ha sido cumplimentada (...) porque no sabemos aún cuál ha sido la documentación que ha sido incautada tras la entrada y registro".

Por ello, el Partido Socialista insiste y solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija al juez instructor y autorice investigar los terminales móviles de ambos imputados. "Es una diligencia necesaria, ya que lo que consta [en el sumario] son los correos que aportó el letrado del señor Medina ante la Fiscalía, pero desconocemos si éstos son todos los mails que se cruzaron sobre el asunto, ni conocemos las conversaciones a través de otros medios de mensajería instantánea", argumenta la defensa del PSOE.

Su abogada, además, contradice al juez Carretero y niega que sus peticiones constituyan una investigación prospectiva. Y critica que el magistrado las haya denegado, "delimitando la investigación a unos delitos concretos en esta fase de instrucción, prejuzgando sobre los hechos".

El PSOE insiste en implicar al consistorio de la capital, a pesar de que el juez ha insistido en que ningún funcionario municipal está siendo —ni ha sido— investigado. "No hay que olvidar que el grueso de nuestra petición se refiere a las comunicaciones de los propios investigados, sobre los que hay importantes indicios de delito, y sobre comunicaciones realizadas desde cuentas del Ayuntamiento, entidad pública cuyas comunicaciones no pueden tener el mismo nivel de protección que las de particulares", reza el recurso.

A juicio de la abogada del PSOE, es necesario "conocer qué dijeron o cómo [Luceño y Medina] pretendían estafar al Ayuntamiento", por si "pudieran derivar otros delitos" o la participación de "otras personas" en los hechos.

Asimismo, insiste en investigar si la labor del Ayuntamiento sobrepasó la "mala gestión" —como sí admite el auto del juez— y pudo llegar a convertirse en una "gestión irregular", con "posibles implicaciones penales".

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos del Ministerio Público— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. 

La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, a la salida del Juzgado. Efe

Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.