Fachada del Tribunal Supremo. Efe
La Abogacía del Estado pide al Supremo que no frene las nuevas altas que la 'ley de nietos' suma al censo electoral
Tacha de "eventuales" y "abstractos" los "daños" argumentados en sendos recursos contenciosos de Iustitia Europa y Vox.
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La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que no paralice las nuevas altas que la ley de nietos está incorporando al censo electoral, a modo de voto CERA (el que emiten los españoles residentes en el extranjero).
En realidad, la llamada ley de nietos es una disposición adicional incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados.
Con ello, se suman al censo electoral y pueden participar en los comicios generales y autonómicos.
Los partidos Iustitia Europa y Vox presentaron sendos recursos contenciosos contra tal decisión y solicitaron la paralización de estas nuevas incorporaciones.
Por ello, este lunes, la Sala Tercera del Supremo ha celebrado una vista de medidas cautelares, en la que han participado tanto los letrados de ambas formaciones políticas como la Abogacía del Estado.
Esta última, en representación del Gobierno, ha solicitado al TS que no frene las nuevas altas y ha tachado de "eventuales" y "abstractos" los "daños" de los que se queja el letrado de Iustitia Europa.
Este último, Luis María Pardo, también presidente de la formación, ha advertido de que, si no se aceptan las medidas cautelares que solicita, "la sentencia, cuando llegue, puede que sea tarde".
De forma subsidiaria, Iustitia también solicitó que se diferencie qué nuevas altas en el censo electoral se han tramitado gracias a la ley de nietos.
A ojos de la Abogacía del Estado, tal petición, la de "marcar" o "diferenciar" estos perfiles, resulta "discriminatoria". "Se pretende reelaborar el censo con una información que, hasta ahora, además, nunca ha estado disponible", ha señalado la representación legal del Gobierno.
Por último, la abogada del Estado ha señalado que las medidas cautelares solicitadas por Iustitia tienen "carácter innovativo y no buscan proteger una situación existente".
