Última hora política, en directo | Vivas exige al Gobierno saber cuántos migrantes quedan en Ceuta y "quiénes son"

Las barriadas de la periferia de Ceuta han llevado a cabo esta tarde un acto de protesta ante la presencia de cientos de migrantes que ocupan los núcleos de población de estas zonas y han reivindicado que "Ceuta no se vende".

La convocatoria vecinal ha sido secundada por decenas de personas -entre ellas muchos niños- pertenecientes a las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar, Loma Margarita, Arcos Quebrados, Los Rosales, Juan Carlos I, Sidi Embarek y Tarajal.

"La periferia de Ceuta se moviliza" ha sido el lema de esta nueva movilización que se ha iniciado en la barriada del Príncipe Felipe y se ha dirigido hacia la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal.

Los ciudadanos han pedido "seguridad, dignidad y el derecho de todos los vecinos de la periferia a recuperar la normalidad", según ha dicho la portavoz vecinal Lidia Castellón.

Castellón ha afirmado que en estas zonas están un poco "agobiados" por "las continuas peleas" que protagonizan los migrantes entre ellos, lo cual crea un clima de inseguridad en el entorno de las viviendas.

La portavoz ha demandado que la situación se controle "un poco más" y ha insistido en que en esta historia las "víctimas" son los vecinos.

Los manifestantes también han reclamado que los centros educativos de estas zonas (CEIP Príncipe Felipe, CEIP Reina Sofía, CEIP Rey Juan Carlos I, la escuela infantil de Loma Colmenar y el Centro de Educación Especial San Antonio) inicien su actividad "con normalidad".

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" ha sido la voz principal durante todo el recorrido.

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha sumado a las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha pedido que los migrantes "vuelvan por donde han venido".

"En Ceuta no ha habido una crisis migratoria. Es un atentado a la soberanía de nuestro país, a la frontera de nuestro país. Es una crisis de seguridad, de un Gobierno débil, noqueado, que todavía sigue KO y no sabe cómo responder a esta agresión", ha advertido.

Para el político malagueño, los españoles quieren exigir al Gobierno "que cuanto antes articule las políticas que tenga que articular, la vía diplomática que tenga que articular y ponga una solución para que Ceuta pueda volver a la normalidad cuanto antes".

Además, Bendodo ha asegurado que él "como el resto de los españoles" quiere saber "muchas cosas sobre esta crisis y esta agresión a la frontera". "¿Por qué ha pasado esto? ¿Nadie advirtió? ¿Nadie avisó? Nos consta que sí, que varias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la propia autoridad ceutí, el gobierno de Ceuta, el CNI. ¿Por qué ha pasado esto? Alguien del Gobierno debería responder y no lo ha hecho todavía un mes después", ha censurado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido al Gobierno conocer qué cantidad de migrantes irregulares permanecen en la ciudad y "quiénes son".

Vivas ha apuntado a la importancia de conocer la identidad de los que permanecen allí porque podría haber "agentes secretos de Marruecos".

Sobre la cesión de terrenos del puerto para instalar carpas de acogida, ha señalado que su Ejecutivo contempló la opción, pero que se negó porque "todos los informes lo desaconsejan porque hay instalaciones críticas" y ha señalado que "se puede quedar Ceuta sin abastecimiento".

"Yo creo que ha habido una muy mala planificación, entre ellos nosotros, eh", ha aseverado el presidente.

Asimismo, ha declarado que se sigue buscando otra ubicación para estos dispositivos pero "es muy difícil". "No hay calzador para este zapato, si se me permite la metáfora pobre", ha afirmado en una entrevista concedida a La Sexta.

Sobre los niños y jóvenes no acompañados en la ciudad ha asegurado que "un país que tiene para organizar el Mundial tiene para acoger menores" y ha destacado que Ceuta es "una olla a presión" y que sus habitantes "están tristes y no reconocen su ciudad".

Al ser preguntado por una visita del Rey, ha reiterado que el monarca le trasladó su deseo de visitar la ciudad autónoma y ha apuntado a que este viaje no se produce porque "hay unas relaciones con Marruecos que yo creo que se tienen que clarificar".

"No hay ningún sitio que el Rey quiera más que a Ceuta", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo ceutí.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne este martes en Bruselas con responsables de las instituciones europeas, entre ellos tres comisarios, y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, para tratar del papel de Ceuta y Melilla en la UE.

Exteriores ha confirmado la presencia de Albares en Bruselas "con el objetivo de avanzar en un mejor encaje de Ceuta y Melilla en los distintos instrumentos e instituciones de la Unión Europea", según una nota de este departamento.

El jefe de la diplomacia se reunirá con autoridades del Comité Europeo de las Regiones, con el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica; y con Kaja Kallas.

"Los encuentros permitirán proponer oficialmente el refuerzo de la participación de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas, así como analizar medidas que contribuyan a una integración más plena de ambas ciudades en el proyecto europeo", asegura Exteriores.

A raíz de la crisis migratoria en Ceuta de este verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante el Congreso a pedir a Bruselas que Ceuta y Melilla obtengan un régimen fiscal favorable mediante su integración en la unión aduanera como región ultraperiférica.

También pretende Albares con estos encuentros analizar "cuestiones relacionadas con la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea y la cooperación con la vecindad sur".

El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días a la Diputación de Badajoz para que decida, como entidad perjudicada, si reclama a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, devolver sus nóminas tras ser condenado a 9 años de inhabilitación por su contratación en esta institución provincial.

Así se desprende de la diligencia remitida a la Diputación pacense por el consejero del Tribunal de Cuentas al que corresponde tramitar el caso, a la que ha tenido acceso EFE.

Tras la sentencia condenatoria a David Sánchez y Luis Carrero, este último amigo del hermano del presidente y también contratado en la Diputación pacense, los letrados de Vox e Iustitia Europa remitieron sendos escritos para ejercer acción pública en relación con una posible responsabilidad contable derivada de la citada sentencia por la creación de los dos citados empleos.

En días posteriores, trasladaron escritos similares los letrados del PP y de la asociación HazteOir.

El auto pide a la Diputación pacense que se posicione al respecto, por lo que deberá decidir si abre un procedimiento para reclamar esas cantidades (a través de un delegado instructor) o para proponer el archivo de las actuaciones.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, sobre la situación en Ceuta y el acondicionamiento de espacios para filiar a las personas y acelerar las devoluciones.

"Acabo de hablar con @magnusbrunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, a quien he explicado cómo está la situación en Ceuta y el acondicionamiento de espacios donde filiar con la máxima agilidad a las personas migrantes para disponer de todos los expedientes individualizados", ha escrito en X.

El ministro y responsable del mando único para gestionar la crisis de Ceuta ha señalado que el comisario europeo ha mostrado "su apoyo, colaboración y ayuda para lo que sea preciso", lo que Torres le ha agradecido.

Este martes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunirá en Bruselas con Brunner, y con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha achacado la responsabilidad por el retraso de la puesta en marcha de espacios de acogida de migrantes en Ceuta al Gobierno de Juan Jesús Vivas, por no cederlos. A su entender, "esto es lo que ha ido retrasando la normalidad de los ceutíes".

"Primero nos cedían unos espacios, luego no. Hemos tenido que tomar un poquito las riendas", ha añadido en relación a la instalación de campamentos en la zona portuaria, a la que se oponía el Ejecutivo ceutí.

Ha afeado a Vivas que la cesión no se esté produciendo con la facilidad con la que tuvo lugar en 2021 y ha aseverado que estos "espacios humanitarios" son el primer paso para filiarlos y tramitar los expedientes.

Después, ha defendido que los migrantes deberían ser trasladados a la Península, por lo que ha pedido a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP que los acojan.

Asimismo, ha asegurado que Marruecos está detrás de la crisis migratoria en Ceuta por "acción u omisión" y ha criticado que se "le haya dado las llaves de la migración [a Marruecos] externalizando las fronteras". Ha apuntado también a una "Internacional del odio y ultra" vinculada a Israel y EEUU que pretende "desestabilizar el Gobierno".

De la misma forma, ha defendido que "hay que sacar a la luz todos los informes. Señalar qué se sabía y hasta dónde llegó esa información", en relación al anuncio que hizo Pedro Sánchez sobre publicar la información que tenían los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia antes de la crisis migratoria.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tendrá que asistir este martes a la audiencia preliminar de cara al futuro juicio con jurado, ya que no es necesario para el juez Juan Carlos Peinado, quien ha rechazado la petición del letrado de la defensa de posponer la vista.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado a EFE que el magistrado que investiga a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, no ve necesario que acudan en persona a la audiencia protocolaria en la que cada parte expone si deben ir a juicio o no, último paso antes de que el juez dicte auto de apertura de juicio.

Las fuentes detallan que en el auto en el que se convoca la audiencia se explica que las acusadas deben ser citadas personalmente, lo que es diferente a estar obligadas a acudir en persona.

"Se acuerda la celebración de la audiencia preliminar en el presente procedimiento para el próximo día 8 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas en la Sala de Audiencias de este juzgado, debiendo citarse personalmente a las acusadas, y quedando el resto de partes personadas citadas a través de su representación procesal en autos", decía el auto.

La audiencia preliminar está convocada para las seis de la tarde, según el auto al que ha tenido acceso EFE, fechado este lunes y tras el que el letrado actual de Gómez, Jaime Campaner, ha solicitado posponer porque tiene otra comparecencia judicial.

PSOE y Compromís pedirán este miércoles la comparecencia por segunda vez del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ante la comisión de investigación de la dana de 2024 en el Congreso de los Diputados.

El órgano que se encarga de fijar el plan de trabajo y las comparecencias en esa comisión investigadora de la Cámara Baja volverá a reunirse el miércoles a puerta cerrada para decidir cuáles serán las nuevas citaciones cara a las próximas semanas.

Si bien no hay confirmación oficial por parte de ningún diputado, fuentes parlamentarias cercanas al grupo socialista y a Compromís han indicado hoy a EFE que "el PSOE y Compromís han mantenido conversaciones para desbloquear el miércoles en la mesa la petición de que venga Mazón" a la comisión.

El expresident ya compareció el 17 de noviembre de 2025, cuando defendió su actuación en la gestión de la tragedia y afirmó que la falta de información fue la causante de la muerte de 229 personas.

Vox ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para su respuesta por escrito para reclamar explicaciones al Gobierno sobre las condiciones socio-sanitarias y de habitabilidad de los militares desplegados en Ceuta.

En concreto, la formación ha puesto el foco en la aparición de enfermedades entre los efectivos y ha urgido al Ejecutivo a detallar "las causas reales de estos contagios". En esta línea, ha afeado que se haya permitido al personal "vivir y trabajar en instalaciones que no cumplen estándares básicos de habitabilidad e higiene".

Los de Santiago Abascal inciden en las condiciones de los alojamientos asignados a los soldados, solicitando garantías de habitabilidad óptima en cuestiones como camaretas, baños, ventilación y limpieza.

Así, Vox insta a Defensa a asegurar que "no volverán a repetirse" situaciones como las sufridas anteriormente por agentes de la Policía y la Guardia Civil, quienes, según afirman, tuvieron que dormir en "colchones en el suelo" en locales cedidos por el Ejército con humedades y "baños en condiciones denigrantes".

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha desestimado el recurso que interpuso el expresidente del Gobierno Zapatero contra la autorización que dio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional para investigar cuentas bancarias tanto de él como de sus hijas, Alba y Laura, y de su secretaria Gertrudis Alcázar, todos ellos imputados en la causa.

Así lo ha decidido Calama en un auto este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima la petición de Zapatero de paralizar la investigación de las cuentas bancarias de su entorno en la causa sobre las presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero impugnó la decisión del juez mediante la cual autorizaba a la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente, porque entendía que vulneraría su derecho a la intimidad y a la tutela tutela judicial efectiva.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha instado al Gobierno ceutí a colaborar en la búsqueda de lugares temporales seguros para las personas migrantes en la ciudad autónoma para "agilizar los triajes" y determinar "quiénes tienen que ser repatriados y quienes tienen derecho a asilo".

"Para que Ceuta recupere la normalidad perdida, la prioridad está en tener a todas las personas migrantes en espacios temporales seguros", ha aseverado Redondo en una publicación en X, donde ha pedido al gobierno autónomo cooperar "como está haciendo el Gobierno de España".

Asimismo, la ministra ha asegurado que la "preocupación principal" sigue siendo "la situación de mujeres y niñas" por las barreras lingüísticas, culturales y administrativas que dificultan su atención, según ha explicado el Ministerio en un comunicado.

En una visita este domingo a la ciudad, Redondo se ha reunido con representantes del ámbito judicial, policial y del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, para analizar la situación de "especial vulnerabilidad" de mujeres y niñas.

También se ha examinado la colaboración con la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como con administraciones, entidades sociales, asociaciones y ONG.

La Audiencia de Madrid ha deliberado sobre si reabre la causa por la denuncia que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, contra Vito Quiles por acosarla en un restaurante de Las Rozas, aunque la decisión no se conocerá hasta dentro de unos días.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, los magistrados de la Sección cuarta de la audiencia madrileña han deliberado sobre el recurso que interpuso Begoña Gómez, al que se adhirió la Fiscalía, en contra de la decisión del juzgado de Majadahonda, que archivó la causa.

Como es habitual en el órgano judicial, una vez tomada la decisión, hay que motivarla y redactarla antes de hacerse pública, recuerdan las fuentes.

El titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda argumentó que, tras el visionado de las imágenes aportadas a la causa, no se habían "podido acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "no se aprecian las conductas denunciadas".

El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes reubicar a los menores matriculados en una escuela infantil situada cerca de una de las carpas instaladas para acoger a los migrantes que están en la calle.

La prioridad del Gobierno de Ceuta es que los niños puedan disfrutar de su primera etapa educativa en un entorno "adecuado y seguro", según un comunicado.

Así, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno ceutí ha indicado que la inminente instalación de un asentamiento temporal de acogida junto a la nueva Escuela Infantil Nuestra Señora de África ha obligado a la ciudad autónoma a activar un plan extraordinario para reubicar a los 152 menores de tres años que tenían prevista su incorporación a este centro al inicio del curso.

Ante esta situación "sobrevenida, y con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como el normal desarrollo de la actividad educativa", el Gobierno ceutí está trabajando para habilitar plazas alternativas en otros centros de educación infantil de la ciudad.

Entre las medidas previstas se encuentra la ampliación temporal de la capacidad autorizada de varias escuelas infantiles, con plazas concertadas, que ya disponen de nuevas aulas preparadas para su puesta en funcionamiento.

Esta medida permitiría disponer de un mayor número de plazas para alumnado de los tramos de 0 a 1 año y de 2 a 3 años.

Mientras persista esta situación, las instalaciones de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África mantendrán únicamente los servicios indispensables para su conservación y funcionamiento.

Durante la última semana tuvieron lugar varias manifestaciones por parte del profesorado, los vecinos y los padres, que lograron detener la instalación en un primer momento, pero no detuvieron su intalación.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recibido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar la situación de los órganos judiciales y el aumento de la carga de trabajo, ante la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio.

Durante la reunión en la sede del órgano de gobierno de los jueces, Perelló ha dado cuenta a Vivas de las medidas acordadas en los órganos judiciales de Ceuta "ante el incremento de carga de trabajo que ha supuesto la entrada irregular de miles de personas", según el CGPJ.

El encuentro se ha celebrado a petición de Vivas, que el pasado 17 de agosto envió una carta a Perelló y solicitó reunirse para hablar de la situación que atraviesa la ciudad autónoma".

Vivas ha estado acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno de Ceuta y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, y por el consejero de la Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán.

El CGPJ consideró el pasado 18 de agosto "necesario" el refuerzo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, y más concretamente del servicio de guardia y de la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Lo vio necesario, ha recordado, "a la vista de las conclusiones del informe que había sido solicitado al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que advertía de que lo sucedido había afectado 'de manera extraordinaria' al desarrollo del servicio público de justicia".

El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que entregue expediente administrativo a raíz de un recurso de una asociación que denuncia "omisión deliberada de medidas de seguridad" en Ceuta y "ocultación de información" por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo a través de una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Reclámese al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo para su remisión a esta Sala en el plazo máximo de cinco días, acompañado de los informes que la autoridad recurrida considere procedentes como fundamento del acto impugnado", se señala en la diligencia.

La asociación Zeolandia se dirigió al Supremo para la "protección de los derechos fundamentales" y contra la Administración General del Estado por una actuación constitutiva de "vía de hecho por omisión".

Esa actuación se ha manifestado "a través de la omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas por parte del Ministerio del Interior y por la Presidencia, así como por la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población", según el recurso.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado que ha iniciado la vía para llevar a la justicia la disputa con el Gobierno sobre quién debe asumir algunas de las competencias del nuevo proceso de triaje establecido por pacto europeo.

Canarias considera que es el Estado el que debe hacerse cargo de este triaje en el caso de los menores migrantes no acompañados y nombrar a quien debe desempeñar la nueva figura de representante de estos menores, mientras que el Gobierno cree que debe ser Canarias.

Sobre este y otros asuntos pendientes han tratado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consejera en una reunión tras la suspensión de la última Conferencia Sectorial de Inmigración, porque las comunidades del PP plantaron al Ejecutivo.

Sin embargo, la consejera ha dicho, en declaraciones a los medios tras la reunión, tener la "sensación" de que siempre que acude a Madrid a hablar con el Estado se va "de la misma manera" y que "si no es por la justicia", este no actúa: "Eso no es un Estado de derecho, no es un Estado de colaboración".

Ante la falta de acuerdo en esta reunión, la consejera ha explicado que el Ejecutivo canario va a esperar la respuesta de un primer requerimiento al delegado del Gobierno presentado el pasado viernes y lo siguiente será hacerle otro al Ejecutivo central para, después, elevar todo al Tribunal Supremo, como ya ocurrió con la cuestión de los menores solicitantes de asilo, ha recordado Delgado.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta, al compartir que agentes marroquíes realizaron un "guiado activo" de las personas que cruzaban ilegalmente la frontera.

Una idea a la que ya apuntó la Policía Nacional en un informe y que suscribe la jueza en el auto en el que acuerda abrir una investigación penal sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.

Del "constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", la magistrada no solo percibe una actitud de "permisividad", sino que también advierte de cómo "los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles (...) y "superar los obstáculos" y hasta organizar el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, según su auto.

La juez María Tardón ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La magistrada sostiene que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate concedido a Plus Ultra, avisándole de que la versión aportada por el Ejecutivo "no aguanta ni un minuto más". "¿Qué le debe Sánchez a Zapatero?".

"No es el señor Zapatero el responsable político de un rescate que tiene atragantado al Gobierno. Es Sánchez, como presidente, el responsable y el que tiene que dar explicaciones urgentes porque su versión y la de sus ministros no aguanta ni un minuto más", ha aseverado.

Las declaraciones de Sémper se enmarcan después de que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola haya ratificado hoy como investigado que dedicaron el 1% del rescate de 53 millones concedidos a la aerolínea en pandemia para la supuesta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.