El 1 de octubre unas manos anónimas depositaron cuatro papeletas del ilegal referéndum independentista (Voleu que Catalunya sigui un estat independet en forma de república?) a la entrada de una casa en Barcelona. En ella vive una pareja de magistrados y sus dos hijos. Papeletas muy pacíficas para recordarles que saben quiénes son, cuántos son, dónde viven. Y para que tengan clara la fuerza del proceso independentista, capaz de pasar por encima de los jueces del Estado español, los que han jurado la Constitución.

El juez destinatario de esa amable papeleta se llama Pablo Llarena y lleva un cuarto de siglo en Cataluña, donde empezó como juez de instrucción y llegó a ser presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Las vueltas que da la vida: Llarena será, previsiblemente, el juez que instruya la querella anunciada por el fiscal general tras la declaración de independencia realizada este viernes por el Parlament de Cataluña.

Salgamos rápido a intentar atajar el prejuicio de los suspicaces: Llarena no ha sido elegido ad hoc. El turno de instructores de las causas especiales en el Supremo está predeterminado y es público. Las normas de reparto aparecen en el BOE, se pueden consultar en el portal de transparencia del tribunal y establecen un orden de instructores por antigüedad. Pablo Llarena, que llegó al TS hace apenas 19 meses,  sigue a Ana Ferrer, a la que ha correspondido la última causa especial abierta por el Supremo, dirigida contra Pilar Barrero, senadora del PP (leen bien: PP. ¿Pero no era la Sala Penal un nido de jueces conservadores?) por su supuesta implicación en la trama Púnica.

El orden de instructores es riguroso, de modo que si el tribunal admitiera otra causa contra aforados antes de que Maza presentara su querella LLarena ya no sería el instructor de este histórico proceso.

Un segundo apunte para los malpensados: Pablo Llarena es, sobre todo, un técnico del Derecho. Y muy competente. Un exigente y crítico magistrado de la Sala Penal dice de él que ha sido "una buena adquisición, sabe mucho más que otros más veteranos". Quienes finalmente sean incluidos en la querella por rebelión que ultima la Fiscalía deben tener seguro que Llarena tendrá en cuenta lo adverso y lo favorable, recopilará lo que les puede perjudicar pero también lo que les beneficie. Es lo que tienen los jueces que juran la Constitución.

Es probable que, si finalmente la querella se presenta sólo por rebelión, la Sala la admita a trámite con esa (provisional) calificación delictiva. Pero la sedición no es descartable. En el Supremo existe un debate latente sobre la concurrencia del requisito -exigido en el delito de rebelión pero no necesariamente en la sedición- de alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. El propio Carles Puigdemont, que ha perdido el fuero y probablemente no tenga que responder ante el Supremo, no hace una sola intervención pública en la que no enfatice veinte veces la supuesta conducta "cívica", "pacífica", "sin violencia" de los independentistas.

Hay muchas formas de violencia: la que coacciona, la que intimida, la que presiona, la que se presenta como amenazante, aunque no haya acometimiento físico. Veremos cómo lo argumenta la Fiscalía. Pero hay una conclusión que se puede anticipar: el Supremo aplicará el Derecho pese a todo, frente a todos. Lo hizo cuando condenó a los miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna, sin inmutarse ante el hecho de que sólo unos meses antes ETA mató en Madrid al juez del Supremo Martínez Emperador, posiblemente confundiéndolo con Martínez Pereda, el instructor del proceso a los batasunos. Nuestros jueces resistieron entonces las bombas, imagínense si no van a resistir ahora las papeletas.