La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece ante la Comisión de Interior a 10 de marzo de 2025, en Madrid.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece ante la Comisión de Interior a 10 de marzo de 2025, en Madrid. Eduardo Parra / EP.

Política

El PP pide la imputación de la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire' por su relación con las cloacas del PSOE

Los populares, que dirigen la acusación popular, también solicitan al juez Pedraz que investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos.

Más información: El director de la Guardia Civil nombrado por Marlaska ordenó a la UCO enterrar el 'caso David Sánchez' y "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.

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El PP ha solicitado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sea imputada en el 'caso Leire' por su presunta implicación en las cloacas del PSOE.

La acusación del PP también pide investigar a Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, alto mando, por presuntos delitos como prevaricación, obstrucción a la Justicia y encubrimiento.

El PP sostiene que altos mandos de la Guardia Civil habrían intervenido para frenar o desviar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Según la acusación, la trama va más allá de la SEPI y muestra un patrón de protección institucional desde Interior para enterrar casos sensibles relacionados con el PSOE.

El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la causa de las llamadas cloacas del PSOE, que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Los populares, que dirigen la acusación popular, también solicitan al juez Pedraz que investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas, por su implicación con las organización de Leire Díez y Santos Cerdán.

El escrito registrado por el PP ante la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la cúpula de la Guardia Civil no fue un actor pasivo.

La acusación del PP atribuye a los tres señalados los presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos, y una "eventual cooperación" con organización criminal "o, en su defecto, [...] su encubrimiento".

Los populares acusan a González, Marcos y Llamas de estar relacionados "indiciariamente" con una trama "para desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al propio partido, a su entorno y a miembros del Gobierno".

Amplía la trama a Interior

Según la acusación popular, el caso Leire ya no es sólo una trama de "fontanería" política ligada a la SEPI. Es, insisten las fuentes del PP, la pieza central de un sistema de protección institucional que habría operado desde Interior y desde la propia dirección del Instituto Armado.

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo subrayan que no se trata de criminalizar a la Guardia Civil como institución. Lo que cuestionan, explican las mismas fuentes, es "el uso de sus mandos para frenar o desviar investigaciones cuando los afectados pertenecían al entorno del PSOE o al círculo del presidente Pedro Sánchez".

Por eso, el PP reclama a Pedraz que extienda el foco más allá de Leire Díez y de los primeros implicados. La acusación popular quiere que el juez entre en el núcleo de mando del cuerpo, donde sitúa decisiones clave para "enterrar" informes incómodos y dictar la consigna interna de “ponerse de perfil” en determinados casos.

El caso Leire arrancó como una investigación en torno a operaciones de la SEPI y empresas participadas. La UCO detectó el grupo "Hirurok", formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a operaciones multimillonarias como el rescate de Tubos Reunidos.

La Audiencia Nacional transformó después esa primera causa económico‑empresarial en una macroinvestigación sobre las llamadas cloacas del PSOE. El juez Pedraz ha pasado a analizar si ese grupo sirvió de bisagra entre intereses partidistas y decisiones adoptadas en el seno de empresas públicas y ministerios clave.

En paralelo, otro juzgado madrileño había empezado a seguir el rastro de una estructura política destinada a influir en causas sensibles para el partido. La unificación en la Audiencia Nacional pretende concentrar bajo un mismo paraguas las piezas dispersas de esa presunta trama.

Infiltración en la Guardia Civil

En ese contexto, la Guardia Civil dejó de ser sólo el cuerpo que ejecutaba las diligencias. Los propios informes de la UCO apuntan a la dirección política del Instituto Armado como protagonista de decisiones que afectaron a investigaciones delicadas para el Gobierno.

La acusación popular del PP se apoya en testimonios e informes que describen cómo la cúpula ordenó "enterrar" el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según esa documentación, se habría exigido cerrar un informe sobre presunta corrupción en el PSOE concluyendo que “no había nada” que perseguir. La consigna "poneos de perfil" aparece en el relato de los investigadores como un mensaje directo a los agentes encargados de seguir el rastro del hermano del presidente.

Las fuentes populares sostienen que se les pidió expresamente que "no fueran proactivos" y que adoptaran una actitud pasiva ante determinadas evidencias.

"La punta del iceberg"

El PP interpreta esa orden como "la punta del iceberg" de una estrategia más amplia.

Para la acusación, las cloacas no son sólo una serie de irregularidades, sino "un patrón": cuando una causa afecta al PSOE o a Moncloa, se activa un circuito de protección que pasa por altos mandos de la Guardia Civil y por la Fiscalía.

Los populares recuerdan que Leire Díez se presentaba en audios como "fontanera" del partido, con acceso directo a la directora de la Guardia Civil. En esos materiales, la acusación ve el dibujo de un engranaje que mezcla presión política, campañas de descrédito contra jueces y maniobras internas en cuerpos policiales.

Por eso, el escrito del PP reclama al juez que llame a declarar como investigada a Mercedes González. Entienden que su papel como directora, sus reuniones previas con Leire y las decisiones adoptadas bajo su mando la colocan en el centro de la macrocausa.

La acusación popular pide también que se abran diligencias específicas sobre su antecesor, Leonardo Marcos, y el alto mando Manuel Llamas. Los populares sostienen que, sin analizar las órdenes que salieron de la dirección y del DAO, la investigación sobre las cloacas quedaría incompleta.

El PP denuncia la gravedad democrática de que, cuando los agentes se acercaban a asuntos sensibles para el PSOE, desde arriba se intentaba "pararles los pies" o redirigir sus esfuerzos.

Las fuentes del partido insisten en que el objetivo no es "hacer ruido", sino garantizar que la Audiencia Nacional llega hasta el final. Por eso recuerdan que el PP lidera la acusación popular y reivindican su papel como garante de la limpieza de las instituciones y de la independencia de los investigadores.

El escrito ante Pedraz concluye reclamando que la macrocausa de las cloacas se extienda a todos los niveles políticos y administrativos implicados.

Y las fuentes populares añaden que, sin esclarecer el papel de la cúpula de la Guardia Civil, la trama seguiría "incompleta" y el país, "más indefenso frente a la utilización partidista del Estado".