El Consejo de Estado dictamina que el decreto de regularización masiva de inmigrantes debe ser "repensado y revisado"

El informe advierte de que el texto "debe ser revisado, suprimiendo las previsiones" de sustituir "la falta de aportación del certificado" de penales por una "declaración responsable".

Evitar ese "coladero de delincuentes", tal como lo ha denunciado el Partido Popular, se considera una de las siete "observaciones esenciales" del documento, de 82 páginas, al que ha tenido acceso este periódico.

En sus conclusiones, el informe decreta que para "elevar a la aprobación del Consejo de Ministros" el texto, sólo se debe hacer "una vez atendidas" esas salvedades clave.

Así, el Gobierno prevé acordar su aprobación este martes 14, para su inmediata entrada en vigor, ya que no pasará por el Congreso, sin renunciar al carácter masivo de la regularización.

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Lo hará introduciendo un cambio: sustituye la declaración responsable, en este punto, por un nuevo paso en el que será el propio Ejecutivo el que pedirá ese certificado a los países de origen. Según adelanta El País, el decreto añadirá, así, tres meses más de plazo a los expedientes.

El máximo órgano consultivo sí daba el visto bueno la vía jurídica escogida, la del Reglamento, y a eso se agarraron las fuentes de Moncloa a lo largo del fin de semana para dar por "avalado" su proyecto de real decreto.

Pero el diagnóstico del organismo, presidido por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez, era muy crítico en muchos otros puntos, advirtiendo de numerosos "coladeros".

El ya citado de los antecedentes penales, era el más grave. Pero hay también un abismo en "no contar con un claro marco de criterios para apreciar la vulnerabilidad", a partir de la cual se otorga la residencia a todo solicitante que la alegue.

También, se han detectado agujeros en la "protección de datos", son "demasiado estrictos" plazos de tramitación (hasta el 30 de junio) y las garantías de futuro por un régimen de prórrogas "sin acreditar los requisitos".

Fuentes oficiales del PP lamentan que, “desde enero, llevamos advirtiendo del 'coladero' que supone este decreto”, explican. "Ahora, serán los responsables de lo que ocurra, porque advertidos están".

No sólo ha levantado ahora las alarmas el máximo órgano consultivo del Estado. También lo hizo la Comisión Europea: por escrito, en una respuesta parlamentaria la semana pasada; y de palabra, por el comisario Marcus Brunner, en el debate del pleno de febrero en la Eurocámara.

E incluso por la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

En un informe, que recibió el Consejo de estado el de 11 de marzo de 2026, el departamento de Fernando Grande-Marlaska cuestionaba "los efectos" de la solución de la declaración responsable para el certificado de penales, y exigía que el interesado "acredite que carece" de antecedentes.

Antecedentes penales y seguridad

El Consejo de Estado cargaba con especial dureza contra el esquema de antecedentes penales, que permitía suplir el certificado por una mera declaración responsable si el país de origen no responde.

"Las previsiones de la proyectada reglamentación […] aplican al cumplimiento de ese requisito general de la Ley Orgánica de Extranjería una técnica (la declaración responsable) que resulta inadecuada para un proceso masivo de tramitación […] y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares".

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El órgano consultivo ordenaba suprimir las dos grandes excepciones y advertía de que debe "concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países".

Es más, reclamaba que "los solicitantes deben aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación".

Ese reproche se ha atendido añadiendo una salvedad. El interesado sigue siendo el responsable personal de pedir el certificado a su país de origen o aquéllos en los que haya residido durante los últimos cinco años.

Pero la advertencia del Consejo de Estado y de Interior han hecho rectificar al Ejecutivo. Ahora, si el inmigrante no recibe el documento en el plazo de un mes, será el propio Ministerio de la Presidencia el que se ocupe de ello, dándose tres meses para cumplir el objetivo.

La idea es que ningún extranjero sin papeles pierda la oportunidad de acogerse a esta regularización masiva. Lo que refuerza el rechazo del PP, que critica la iniciativa aunque apoyó en 2024 la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en la que dice basarse el decreto "por coherencia democrática".

Ya que la ILP "tenía el apoyo de la ciudadanía", sostienen fuentes oficiales del PP, "debía debatirse". Los populares presentaron enmiendas y "el Gobierno, al ver que no tiene los votos para hacer lo que le da la gana, ha hecho esta chapuza".

El Senado llegó a aprobar, con el voto en contra del PSOE, una reforma para "cerrar la puerta a ese coladero". Pero el Ejecutivo vetó esas enmiendas, incluso con el letrado del Congreso en contra.

Es más, los populares recuerdan que el Gobierno "alegó problemas de Presupuesto" para vetar esas enmiendas, alegando que exigían una ampliación de plantilla en Policía y Fiscalía, mientras el propio decreto defiende que "no impone cargas administrativas innecesarias".

Declaración de vulnerabilidad

El dictamen cuestiona, en todo caso, la tendencia del decreto a sustituir "certezas documentales" por autodeclaraciones del interesado, tanto en antecedentes como en vulnerabilidad.

El Consejo alerta de que aplicar la figura de la declaración responsable, en varios de los requisitos de un proceso que afectará a cientos de miles de expedientes, "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir" a quienes se beneficien de la regularización.

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Lo permite, por ejemplo, en una especie de autodeclaración de situación de vulnerabilidad. Por ello, el Consejo de Estado recomienda reforzar la exigencia de documentos verificables, sometiendo cualquier declaración responsable al régimen del artículo 69.4 de la Ley 39/2015.

Es decir, que no haya presunción de veracidad, sino castigo a quien engañe: que "la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial […] determinará la imposibilidad de que el afectado continúe con el ejercicio del correspondiente derecho".

En el proyecto de decreto, la vulnerabilidad queda convertida en llave casi universal para acceder a papeles. La cláusula que presume vulnerables "en todo caso" a todos los irregulares, introduce "una muy indeseable inseguridad" y choca con el papel atribuido a servicios sociales y entidades del Tercer Sector.

"Ha de suprimirse esa presunción", dice el dictamen, atribuyendo a esta corrección también carácter esencial. Entre otras cosas, porque en caso contrario, "las Oficinas de Extranjería […] tendrían un enorme obstáculo para poder gestionar eficientemente el proceso".

Tragsa y Correos: falta de garantías

El Consejo de Estado dedica otro apartado a la intervención de las empresas públicas Tragsa y Correos en la tramitación y reprocha al Gobierno la falta de justificación y de límites claros.

Sobre Tragsa, advierte que no se aprecia "compatibilidad clara entre el objeto social de Tragsa y las funciones que se le atribuyen". Y subraya que "en ningún caso se le pueden conferir potestades públicas respecto de las solicitudes".

En esa línea, exige acotar su papel a la “gestión material y apoyo técnico” prevista en la disposición adicional, pero sin acceso a la decisión, ni firma de resoluciones ni valoración jurídica de los expedientes.

Con Correos, el dictamen considera excesivo hablar de "gestión material de procedimientos" y recomienda reconducir su papel a la recepción y registro de solicitudes, tal y como permite la legislación administrativa general.

Asilo y apátridas

En el ámbito subjetivo, el Consejo también tumba otro de los pilares del decreto: la suspensión automática del procedimiento de asilo cuando el solicitante pida la nueva autorización.

Considera que esa "paralización" puede perturbar "gravemente la tramitación de procedimientos de protección internacional en curso". Y reclama suprimir el apartado que vinculaba la suspensión a la futura denegación firme de la autorización extraordinaria, otra observación que califica de "esencial".

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También este punto habría sido retocado en la última versión del decreto. Ahora no se suspenderá la tramitación del asilo en el momento de presentar la solicitud de los papeles de residencia, sino al ser concedidos.

Sin embargo, el dictamen también veta la inclusión de solicitantes desde la condición de apátrida en el mismo canal, recordando que "existe un régimen específico" y que mezclarlo con el de asilo "introduce tratamientos" equivalentes a situaciones muy distintas.

Plazos, gestión y retornos

El órgano consultivo avisa de que el calendario elegido –plazo de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026– es formalmente admisible, pero extremadamente exigente si se cruzan las cifras de la memoria (750.000 posibles solicitantes y 500.000 beneficiarios).

Más aún si se atiende al cálculo policía. Según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, los beneficiarios directos ascenderán a aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros.

"Obligará a afrontar y gestionar un complejo y masivo proceso de presentación, tramitación y resolución de solicitudes", subraya el Consejo de Estado, que será "un importante desafío para la capacidad de las Administraciones implicadas".

Y más ahora si se amplían los plazos para quien no logre personalmente el certificado de penales y el Gobierno se da tres meses para hacerlo, posteriormente.

El dictamen sí admite como "coherente" que la concesión de la autorización implique el archivo de devoluciones y expulsiones.

Pero recuerda que el diseño de plazos y efectos debe ser compatible con las exigencias del Derecho de la UE en materia de retorno y asilo, justo cuando Bruselas ha aprobado intensificar las expulsiones de irregulares en su nuevo reglamento de Retornos.

Protección de datos e ILP

El Consejo alerta de que la reforma "incide, de forma muy relevante, en la protección de los datos de carácter personal", al manejar expedientes masivos con información especialmente sensible. Por ello, considera que "hubiera sido muy recomendable que se recabase el informe de la Agencia Española de Protección de Datos".

Aunque reconoce que el proyecto obliga a Tragsa a designar al personal que accederá a aplicativos y consultas de oficio y a respetar la normativa de protección de datos, entiende que esas cautelas son insuficientes sin un pronunciamiento específico de la AEPD.

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El dictamen, además, desmonta el relato político del Gobierno, que ha presentado el decreto como respuesta directa a la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas.

Replica que "no es exacto afirmar que la nueva reglamentación se enmarque en un proceso de participación ciudadana", por ser ambos procesos de naturaleza y ejecución completamente distintos. Y concluye que "tanto el preámbulo como la Memoria deben prescindir de los citados enunciados".

Para la oposición, el dictamen acredita que Moncloa intenta reformar de facto el modelo de extranjería mediante un decreto reglamentario, "en contra de la normativa europea" de migración y retorno.