Armengol sabía desde octubre de 2020 que había una trama corrupta tras la empresa de las mascarillas

La Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, dependiente del Govern balear que entonces presidía Armengol, emitió en octubre de 2020 un extenso informe de 228 páginas sobre los contratos que el Ejecutivo autonómico había adjudicado durante la pandemia.

El dossier indicaba que el administrador de la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas SL, José Ángel Escorial Senante, aparece en los denominados Paradise Papers como titular de dos sociedades offshore radicadas en Malta: Delta Advisory and Management Services Ltd y Arce Investment Consulting Ltd.

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Y añadía que Soluciones de Gestión había sido investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción por pagar sobornos a funcionarios públicos en Angola (este dato corresponde en realidad a Juan Carlos Cueto, al que la Guardia Civil considera como el cerebro que manejaba la trama del caso Koldo).

Este es sólo uno de los tres avisos que el Govern balear presidido por Francina Armengol recibió de distintos organismos oficiales, que ponían en evidencia las irregularidades en el contrato de mascarillas que había adjudicado a la trama del caso Koldo.

A pesar de ello, y pese a conocer desde junio de 2020 que Soluciones de Gestión le había estafado (le vendió mascarillas quirúrgicas como si fueran FFP2), el Govern de Armengol optó por pagar los 3,7 millones de euros y guardarlas en un almacén durante tres años.

No fue hasta el pasado 6 de julio, el mismo día que se vio obligada a abandonar el Ejecutivo autonómico tras perder las elecciones, cuando ordenó elaborar el informe para reclamar el dinero defraudado al Govern por la trama de Koldo, tras como ha informado EL ESPAÑOL. El nuevo Ejecutivo presidido por la popular Marga Prohens puso en marcha el expediente de reclamación que Armengol había dejado sobre la mesa.

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El PP tiene previsto registrar este lunes ante el Congreso de los Diputados un escrito en el que exige oficialmente la dimisión de Armengol, por considerar que sus vínculos con la trama corrupta hace "insostenible" su continuidad y provoca un "descrédito intolerable" a la institución.

"Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas y su relación con ellos, la
inhabilitan para continuar un solo día más como representante de todos los diputados
que conformamos el Congreso", indica el escrito presentado por los populares.

El PP recuerda también el sectarismo con el que Armengol actúa al moderar los debates de la Cámara, así como otros escándalos en los que se vio involucrada durante su etapa al frente del Govern balear: el caso de las menores tuteladas que fueron prostituidas (y que la dirigente socialista se negó a investigar) y la denuncia que la Policía Local de Palma cursó contra Armengol por estar de copas en un bar, vulnerando el confinamiento que ella mismo había decretado.

Pero es su vinculación con la trama de corrupción de Koldo García (que era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes) la que amenaza ahora el futuro político de la dirigente socialista.

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En sus documentos oficiales, el Govern de Armengol sostiene que encargó el 29 de abril de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión un pedido de un millón y medio de mascarillas FFP2 para el personal sanitario por 3,7 millones de euros. Aunque lo cierto es que dos días antes, el 27 de abril, ya había dictado el acta en el que confirmaba la recepción del material.

Una muestra de las mascarillas fue enviada al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), dependiente del Ministerio de Trabajo, que certificó el 8 de junio que la trama de Koldo había engañado al Govern: las mascarillas no eran FFP2 sino quirúrgicas. Por tanto, no eran válidas para su uso por el personal sanitario, sino sólo como medio de protección de la población.

Pese a tener constancia de la estafa desde ese momento, el Govern de Armengol remitió el 3 de julio el expediente a la Dirección General de los Fondos Europeos, para financiar la compra fallida con Fondos Feder.

Y el Ejecutivo autonómico emitió el 12 de agosto un certificado en el que aseguraba que Soluciones de Gestión había atendido su pedido de forma "satisfactoria" y sin ningún tipo de "incidencia". La trama de Koldo había pedido al Govern este documento para optar a un megacontrato de mascarillas convocado por el Ministerio de Sanidad.

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El segundo aviso de irregularidades llegó en octubre de 2020, cuando a Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, dependiente del Govern, emitió el informe en el que vinculaba a los socios de esta empresa con prácticas irregulares (como el pago de sobornos en Angola).

Un año después, en noviembre de 2021, la directora de la Oficina de lucha contra la corrupción, Jaime Far, dimitió del cargo por supuestas desavenencias con el Ejecutivo de Armengol.

La dirigente socialista recibió el tercer aviso en enero de 2022, cuando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, remitió un requerimiento al Govern balear para conocer si en el contrato de las mascarillas había intervenido alguna de las sociedades de los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, que finalmente fueron detenidos el pasado mes de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Por último, en el curso de esta investigación judicial, la Fiscalía Anticorrupción envió un nuevo requerimiento al Govern el pasado 7 de julio, en el que solicitaba toda la documentación del contrato de mascarillas.

En manos de la Fiscalía Europea

Al examinar el expediente, los agentes de la UCO de la Guardia Civil descubrieron que no existe ningún documento formal del contrato, ni de los contactos que el Govern mantuvo con la empresa de la trama de Koldo.  Por tanto, señala la Guardia Civil, todo el proceso administrativo resultaría "contrario a la ley".

Finalmente, en una reunión celebrada el pasado el 17 de mayo de 2023, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aceptó el requerimiento para entregar a la Fiscalía Europea los contratos de las mascarillas de la trama de Koldo adjudicados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias.

Escrito de la Fiscalía Anticorrupcion, que obra en la causa judicial.

García Ortiz adoptó este acuerdo 11 días antes de las elecciones autonómicas del 28-M, en las que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres se presentaron como candidatos del PSOE, pero la noticia se mantuvo en secreto en aquel momento: sólo se ha conocido después de que, el pasado mes de febrero, el juez Ismael Moreno ordenara la detención de 20 de los implicados en la trama.