Junts exige al PSOE que incluya en la amnistía el delito de traición al Estado para maniatar a los jueces

Según fuentes de la formación de derecha independentista catalana, sólo a ese empeño de "restringirla al mínimo posible" se pueden atribuir las palabras del ministro Félix Bolaños cuando dijo, el pasado miércoles, que "los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía", y que los socialistas sólo negociarán sobre sus propias enmiendas.

Junts quiere que se pueda amnistiar cualquier acción que un juez haya entendido que constituye o que pueda investigar como terrorismo. Pondrá toda la carne en el asador para ello y para otro de los cambios que quiere en la ley: que también se amnistíen los delitos de traición, contra la paz y contra la independencia del Estado para maniatar así a todos los jueces encargados de causas vinculadas al procés.

La ponencia de la proposición de Ley de Amnistía en la comisión de Justicia del Congreso votó, este jueves, qué enmiendas se incluyen en el texto y cuáles no. Sin sorpresas, sólo fueron aceptadas las nueve que presentó el PSOE, pactadas con Sumar, ERC, Bildu y BNG. Las 12 de Junts y las apenas cuatro de Esquerra fueron rechazadas.

"Pero siguen vivas", apunta un portavoz del partido del expresident fugado en Waterloo. Se volverán a ver el martes 23 en comisión y el 30 de enero en el Pleno del Congreso que prevé aprobar la ley antes de llevarla al Senado. Hasta entonces, Junts insistirá en "seguir negociando", con la experiencia agónica de los tres decretos como recordatorio al PSOE de su poder para controlar al Gobierno.

[Puigdemont acusa al PSOE de ocultarle el párrafo del decreto que "puede parar 2 años la ley de amnistía"]

Sánchez necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 "para tener legislatura", apunta una fuente autorizada de Junts. "Y eso pasará antes de que se acabe la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía", advierte.

De momento, el PSOE se sabe débil y dependiente en el Congreso. Por eso, aunque sus ministros han asegurado que el terrorismo "es una línea roja", fuentes oficiales del partido no desmienten su disposición a negociar estas enmiendas "vivas" con los de Puigdemont.

Preguntado expresamente por dos de las propuestas de Junts, un portavoz de Ferraz responde genéricamente: "Nosotros estamos comprometidos con las enmiendas que presentamos con los grupos y que han sido aprobadas".

Suiza (y Rusia) es clave

Hay dos asuntos de Ley de Amnistía que van directamente contra el Derecho europeo y preocupan al PSOE, a Esquerra y a Junts: los actos de terrorismo y los de malversación de caudales públicos. "Ninguno de ellos tienen asegurado pasar el filtro de la Comisión Europea", reconoce un alto dirigente de uno de estos partidos. Sobre todo, después de las "serias preocupaciones" expresadas por Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE.

Este mismo jueves, otro hecho venía a apuntalar las razones de Puigdemont. Su convencimiento de que "la cúpula judicial del Estado practica el lawfare" contra el independentismo en general, y contra él en particular.

El instructor del caso Tsunami, el juez Manuel García-Castellón, firmaba dos nuevos autos. En uno, comunicaba a la Fiscalía los "consistentes" indicios que avalan el haber imputado por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, huida en Suiza desde marzo de 2018. Y fundamentaba en el aforamiento del expresident y en la "gravedad" de esos delitos su rechazo a la postura del fiscal, contrario a investigar a Puigdemont y a trasladar el caso al Tribunal Supremo.

En el segundo auto, García-Castellón se reafirmaba en su empeño de localizar en su refugio de Suiza a la número dos de ERC. Rovira es también quien "tiene el poder" en su partido en todo lo tocante a la amnistía. De hecho, ha sido ella la negociadora de los republicanos con el Gobierno de Pedro Sánchez para la investidura, la proposición de ley y, ahora, sus enmiendas.

Suiza es la clave de todo: en Ginebra está alojada Rovira; allí está la sede de Henri Dunant, verificador de Junts en sus pactos con el PSOE; en ese país se celebrará la reunión de ERC con el PSOE con la verificación de la Fundación Berghof; y de los contactos del independentismo con el Gobierno de la Confederación Helvética puede derivar una hipotética acusación judicial de traición. Evitar que eso suceda se ha convertido en "la enmienda más importante" para Junts en la tramitación de la Ley de Amnistía.

Y es que en el sumario del caso Tsunami, que instruye en la Audiencia Nacional García-Castellón, consta un informe de la Guardia Civil de 202 páginas en el que se explican las conexiones suizas del procés. En él se recogen decenas de chats mantenidos entre Josep Lluís Alay (Junts), Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP) y Roland Salvisberg, miembro del Gobierno Suizo... y colaborador de la Fundación Henri Dunant.

[Henri Dunant ya asesoraba a Junts y ERC en 2020 cuando Sánchez convocó la primera mesa en Moncloa]

En esas fechas, entre finales de 2018 y principios de 2019, Rovira y Gabriel estaban huidas en Suiza. Alay era oficialmente responsable de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona y utilizaba su cargo para internacionalizar el proceso separatista. Y Salvisberg era delegado de Políticas de Paz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Confederación Helvética. 

Los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado del Código Penal podrían aplicarse a estas personas si se constata que el Gobierno suizo colaboró con ellos, a través de este alto cargo, ya que Alay y Rovira son señalados por el juez y por la Guardia Civil como parte de la cúpula directiva de Tsunami.

El grupo de este chat utilizaba la aplicación de mensajería instantánea de alta seguridad suiza Threema, y fue bautizado como el nombre de G4, al contar con cuatro miembros. Alay ha sido siempre una de las manos derechas de Puigdemont... y también fue investigado por las conexiones rusas del procés en el caso Volhov, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. 

La "traición" al Estado

Lo del "engaño" de Bolaños es lo que esgrime Junts como argumentario para razonar sus propias enmiendas a la Ley de Amnistía. Aunque si uno insiste en las preguntas, aparece el motivo real de todos los cambios que propone el partido a la norma: "Siempre hemos dicho que queremos que el texto contemple todos los casos y que sea de aplicación inmediata".

Es decir, tres cosas: una, que la imputación por terrorismo a Puigdemont (y a Rovira) en el caso Tsunami no pueda ser utilizada para una cuestión prejudicial del juez ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); dos, que ése u otro recurso al TJUE no entorpezca la eliminación de las restricciones impuestas a su líder para volver a España ("a Cataluña", corrigen las fuentes); y tres, que el mismo García-Castellón no tenga "otras vías" para obstaculizar la amnistía.

[El instructor de 'Tsunami' presentará una cuestión prejudicial al TJUE cuando la amnistía entre en vigor]

Esas otras vías son, según los temores de Junts, el delito de traición. Un portavoz de Junts lo expresa meridiano: "Cada vez que habla este juez, nos indica el camino... y elaboramos una nueva enmienda". El chascarrillo tiene que ver con dos cosas. La primera de ellas, aquella semana de la marmota de Santos Cerdán en Bruselas, negociando a distancia con Puigdemont nuevos párrafos para la proposición de ley.

"Ahí fue donde apareció la mención al terrorismo, en el artículo 2 de la proposición de ley", apunta una fuente de ERC. "Nosotros habíamos dejado la ley de otra manera, tras pactarla con el PSOE, y cuando vimos ese párrafo, decidimos no firmarla"... y eso dejó al PSOE como único padre del texto.

El artículo 2 es el que se refiere a los asuntos que quedan excluidos de la amnistía. Y el actual párrafo c) dice que no se amnistiarán "los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".

En su enmienda número 1, Junts elimina totalmente ese apartado.

Del mismo modo que también borra el párrafo d), que excluye del olvido penal a "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal".

Es cierto que ERC también propone eliminar el apartado sobre terrorismo, en su enmienda número 36. 

Pero, según ha podido saber este diario, Esquerra está simplemente haciendo aquí un movimiento táctico. En su negociación con el PSOE, Rovira nunca aceptó referencia alguna a los delitos de terrorismo en la ley, por miedo a que la UE la tumbara por esta razón. Como se ha dicho, ése fue precisamente el motivo por el que se negaron a asumir la proposición de ley como propia.

De modo que ERC, simplemente, quiere forzar a los socialistas a negociar desde cero.

Y también es cierto que los republicanos también proponen otro cambio en el mismo artículo 2: la supresión de ocho palabras en el párrafo b) para "dejar claro que la norma es conforme al Derecho internacional" y no establece "una escala de gravedad en los delitos de torturas".

Pero lo hacen en una enmienda separada, al contrario que Junts. Esta diferente estrategia dificulta cualquier transacción entre ambos partidos independentistas, y cumple el objetivo primordial de los de Puigdemont al descolgarse de las enmiendas pactadas por todos con el PSOE: "Negociar con más fuerza".

Los PGE como palanca

Y ahí es donde entra la votación de los Presupuestos como palanca para forzar al PSOE a aceptar sus enmiendas. "Nosotros no tenemos un acuerdo de legislatura, sólo dimos los votos para que hubiera investidura e ir negociando a cada paso", recuerda una fuente oficial de Junts. 

La fuerza de los siete votos de Puigdemont ya ha quedado patente en estos apenas dos meses desde la investidura. El pasado 10 de enero, la derecha independentista estuvo a punto de infligir al PSOE una enorme derrota, en la primera votación de la legislatura, haciendo caer sus primeros decretos.

Habría sido "la primera de muchas que vendrán", comenta a este diario un portavoz de su partido rival por la hegemonía indepe en Cataluña, Esquerra.

Pero las ocho cesiones del PSOE obraron el milagro y este miércoles, Jordi Turull conminó a Cerdán a evitar más episodios como éste: Junts quiere que todo asunto que vaya a requerir de sus siete votos en el Congreso pase por Waterloo antes de su aprobación por el Gobierno, a tiempo de ser revisado y negociado.

Y lo próximo importante que el Ejecutivo tiene previsto hacer pasar por el Parlamento son los PGE. Junts no se jugará la amnistía amenazando con votar no a la ley que busca el regreso de Puigdemont. Pero sí jugará con la necesidad del PSOE de tener Presupuestos. Porque "sin ellos, no hay legislatura" y Sánchez ya sabe que Junts "sólo vota acuerdos".