El juez del 'caso Tsunami Democràtic' investiga por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón atribuye delitos de terrorismo al expresident de Cataluña Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Así consta en un auto de 34 páginas fechado este lunes. El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, investiga las supuestas actividades terroristas de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, que colapsó en 2019 el Aeropuerto de El Prat en protesta contra la sentencia del procés.

Sus acciones, entre las que también se incluyen varios cortes de carreteras, provocaron pérdidas millonarias a viajeros, arcas públicas y empresas. El juez toma esta decisión en plenas negociaciones entre el PSOE y el independentismo para encauzar una futura ley que amnistíe los delitos relacionados con el proceso soberanista catalán, entre la que podría incluirse el caso Tsunami Democràtic.

Un reciente informe de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional sitúa a Marta Rovira como "coordinadora" de dicha plataforma independentista y como enlace de la misma con la plana mayor de su partido, Esquerra Republicana.

"Realizó cometidos de coordinación del movimiento en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político", señaló al respecto la Jefatura de Información del Instituto Armado. Todo ello, bajo el alias de Matagalls, que habría utilizado en chats encriptados para mantener en la sombra su labor.

[La orden de Marta Rovira a Tsunami Democràtic: "Actuemos como en el 1-O, con un abuso de poder"]

Tal y como ha publicado este periódico, el mismo dosier policial también sitúa tras la organización y la financiación del Tsunami Democràtic a dos personajes muy próximos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: el historiador Josep Lluís Alay (que fue su jefe de gabinete en Waterloo y su enlace con agentes del Kremlin) y el informático Jaume Cabani, titular de varias cuentas bancarias vinculadas al Consell de la República y supuesto financiador de la plataforma independentista.

De hecho, EL ESPAÑOL desveló que un apunte en las agendas de Puigdemont, gestionadas por Alay, constataba una reunión del expresident con Cabani en Ginebra (Suiza), antes de que el proyecto de Tsunami fuese hecho público. Asimismo, para atribuir un supuesto delito de terrorismo a Puigdemont, el magistrado cita en su auto en numerosas ocasiones este encuentro.

Josep Lluis Alay, junto a Carles Puigdemont. Efe

"La complejidad de unos hechos como los que se acaban de exponer hace difícil delimitar con precisión, en este momento, una calificación concreta", señala el juez tras enumerar el listado de acciones de protesta convocadas por Tsunami, entre las que se encuentra el asalto a El Prat.

Ahora bien, pese a que "los hechos anteriormente descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones", el magistrado señala que, "desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo".

"Llegados este punto, y sin perjuicio de ulterior calificación, a la vista de la gravedad de los hechos expuestos, la complejidad y la necesidad de practicar diligencias de investigación que permitan delimitar con mayor claridad la tipificación, este instructor entiende que el marco inicial de imputación que debe permitir el inicio de la instrucción debe ser flexible, sin que puedan descartarse varias calificaciones", subraya el juez, que recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez derogó recientemente el delito de sedición, lo que obliga a excluirlo del posible listado. Pero no desecha tampoco que la actuación de Tsunami Democràtic pudiese ser considerada la propia de un "grupo terrorista".

Además de a Rovira, Manuel García-Castellón también ha citado como investigados a las figuras relevantes de la órbita independentista a las que señala el último informe de la Guardia Civil. Se trata de los siguientes nombres: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Oleguer Serra, Josep Lluís Alay y Nicola Flavio Giulio Foglia.

Este último es un banquero que se habría ofrecido a financiar el asalto de Tsunami a El Prat. Vendrell fue diputado de ERC y exconseller del Govern catalán. Por otro lado, el juez esperará a avanzar la instrucción antes de solicitar al Parlament catalán la citación como investigado de su diputado Rubén Wagensberg (ERC).

Carles Puigdemont

En el auto de este lunes, el magistrado García-Castellón ofrece a Carles Puigdemont "la posibilidad de comparecer voluntariamente" ante la Audiencia Nacional, antes de que el Juzgado solicite la autorización al Parlamento Europeo (del que el expresident es miembro actualmente) para poder citarle como investigado.

García-Castellón señala en su resolución que la intención del Tsunami Democràtic habría sido la de "desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

"En base a la información facilitada por la Guardia Civil [entre la que se encuentra la ya mencionada reunión de Ginebra], se puede considerar que (...) el señor Puigdemont podría haber participado en la aparición de la organización, extremo que deberá esclarecerse en la investigación", señala el juez.

"Resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont para ser oído sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio", avanza el juez, antes de volver a mencionar la reunión en Ginebra del 30 de agosto de 2019, "donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic".

Arnaldo Otegi, testigo

García-Castellón también ha citado a declarar a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, para ser interrogado sobre las reuniones en las que se habría gestado Tsunami Democràtic, y a las que, además del dirigente vasco, habría acudido el expresident catalán y hoy eurodiputado.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Una conversación entre Alay y su mujer, fechada a finales de agosto de 2019 e incluida en el sumario de esta causa judicial, menciona a Otegi: "La reunión fue bastante bien y también todo muy tranquilo. Y bien con el presidente, le veo muy fuerte y decidido. Otegi, simpático como siempre. Y ya le he dado el libro tibetano a Gorka. Muy agradecido".

Además del coordinador de EH Bildu, deberá acudir como testigo a la Audiencia Nacional Marta Vilalta, portavoz de ERC en 2019.

Una muerte en El Prat

El 14 de octubre de 2019, Tsunami Democràtic convocó a sus afines a asaltar el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés.

"Durante el tiempo en que se prolongó la ocupación, se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuantes, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea", señala García-Castellón en su auto.

Además de las millonarias pérdidas provocadas por los destrozos, un pasajero murió de un ataque al corazón durante el bloqueo del aeropuerto barcelonés. 

Los radicales de Tsunami Democràtic, durante el asalto al aeropuerto barcelonés. Efe

"La investigación deberá determinar la relación entre el fallecimiento de la persona referida y la acción expuesta, debiendo concretarse si esta muerte (...) resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización", advierte el magistrado.

Sucede lo mismo con las decenas de lesiones y con los destrozos ocasionados. "No sólo se causaron daños en las personas, sino que, además, se ocasionaron importantes perjuicios económicos que la instrucción deberá concretar si resultan objetivamente imputables a los responsables [de Tsunami Democràtic]", añade la resolución.