Nuevo pulso de Junts al PSOE: exige incluir terrorismo, 'lawfare' y la devolución de las multas

En sus enmiendas, el partido de Carles Puigdemont también reclama la devolución de todas las multas impuestas, en procesos penales o administrativos, a quienes serán los beneficiarios de la norma.

Los socialistas recalcaron que no se sienten comprometidos por estas enmiendas, registradas por Junts este martes en el Congreso a las 17.47 horas, apenas diez minutos antes de que se cerrara el plazo oficial.

Pero, con este paso, los de Puigdemont abren la puerta a plantear un nuevo órdago para exigir al PSOE que apoye sus enmiendas durante la tramitación de la noma. Algo similar ocurrió el pasado miércoles, cuando Junts arrancó al PSOE las competencias de inmigración para la Generalitat, además de otras seis concesiones, a cambio de facilitar con su abstención la aprobación de dos decretos del Gobierno.

Fuentes de Junts confirman que usarán este trámite parlamentario para "negociar con más fuerza" en su pulso al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, el PSOE ha consensuado su propio paquete de enmiendas a la futura Ley de Amnistía con Sumar, ERC, Bildu y BNG, en las que amplía esta medida de gracia a los delitos vinculados al procés cometidos a través de los medios de comunicación, las redes sociales, manifestaciones y "actividades artísticas y educativas".

Ambos paquetes de enmiendas (las registradas por Junts en solitario y las consensuadas por el PSOE con el resto de socios) tienen un denominador común: incluyen una salvedad con la que pretenden que la amnistía sea efectiva de forma inmediata desde su aprobación, aunque el Tribunal Supremo o cualquier otro órgano presenten una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. 

Esto no sólo permitiría que Cales Puigdemont, Marta Rovira y otros fugitivos de la Justicia puedan regresar a España desde el mismo día que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También facilitaría que puedan presentarse a las elecciones —al igual que Oriol Junqueras—, al decaer las penas de inhabilitación.

Las enmiendas registradas por Junts buscan, por un lado, ampliar el ámbito de la amnistía a todos los delitos vinculados al procés desde el 1 de noviembre de 2011. La fecha contemplada hasta ahora —en la proposición de ley registrada por el PSOE el pasado 13 de noviembre— era el 1 de enero de 2012.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL explican que se pretende cubrir así varias actuaciones desarrolladas por el llamado sector exterior de la Generalitat a través del Diplocat y su red de embajadas, y que dieron lugar a un proceso de restitución de fondos públicos por parte del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, otra enmienda presentada por Junts propone que la Ley de Amnistía ampare a quienes hayan sufrido lawfare. En este sentido, el partido independentista plantea incluir en la amnistía a los investigados por causas judiciales "atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".

¿Terrorismo, amnistiable?

En otra de sus enmiendas, Junts propone eliminar el párrafo que, hasta ahora, excluía de la amnistía a los castigados por terrorismo, cuando haya sido dictada una sentencia firme.

Esto allanaría el camino para que se beneficie de la amnistía Carles Puigdemont, que está imputado en la causa que el juez Manuel García-Castellón instruye por delitos del terrorismo, a causa de los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en 2019, como el asalto al Aeropuerto del Prat o los cortes de carreteras.

En la misma situación se encuentran los 12 cabecillas de los Comités de Defensa de la República (CDR), también procesados por García-Castellón, que habrían fabricado explosivos para atentar contra infraestructuras básicas y pretendían encerrarse en el Parlament hasta que se hiciera efectiva la independencia de Cataluña.

Para justificar la inclusión del terrorismo entre los delitos que debería amparar la Ley de Amnistía, Junts alude al "uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes".

Por ello, a juicio del partido de Puigdemont, "resulta del todo conveniente retirar de entre los delitos excluidos los actos así tipificados [como terrorismo], porque es una realidad que, nada más hacerse pública la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento".

Cuestión ante el TJUE

Una tercera enmienda presentada por Junts expone que, cuando entre en vigor la Ley de Amnistía, el juez que investigue los delitos que esta norma pueda amparar deberá, "de inmediato", ordenar que decaigan las medidas cautelares "que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía".

Y explicita que, "en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones".

Además, Junts plantea que las medidas cautelares decaigan cuando el procedimiento judicial se haya suspendido debido a que un juez haya preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del encaje de la Ley de Amnistía en el Derecho europeo. Este mecanismo (llamado cuestión prejudicial) lo emplean los jueces que dudan de la legalidad de una norma. Por ello, plantean una pregunta al TJUE, que deberá responder sobre si la ley en cuestión encaja o no con el Derecho europeo.