El PSOE prioriza su pacto con Podemos al acuerdo de Estado con el PP y descarta borrar a De Prada del CGPJ

Él o, en todo caso, la prioridad de Pedro Sánchez: importa más la estabilidad del Gobierno que la renovación de los órganos constitucionales.

Al fin y al cabo, el CGPJ en funciones desde hace más de dos años sigue funcionando y no hay ley para cambiarlo... por ahora: se sigue tramitando en el Congreso la proposición de ley conjunta de socialistas y morados para cercenar las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando se le pase la fecha.

Una maniobra para añadirle efectos prácticos a lo que, de hecho, no es más que un incumplimiento constitucional que se queda en el papel. Y también en los titulares de prensa que se arrojan unos y otros para acusarse de intransigencia. Porque el órgano sigue trabajando, emitiendo órdenes, sanciones y hasta nombramientos.

¿Quién fue el culpable de que el acuerdo, que ya estaba "cerrado a falta de unos flecos" según todas las fuentes, saltar por los aires en el último momento? 

Pedro Sánchez, en las escalinatas de Moncloa, segundos antes de su rueda de prensa. ADP

El pasado viernes 26 de febrero, la agenda del presidente no contemplaba comparecencia de prensa alguna. Pero Moncloa demostró la elasticidad de los horarios de Pedro Sánchez improvisando una convocatoria pública a los periodistas. Y en las escalinatas de palacio, para darle un empaque institucional. Y además "estrictamente presencial", para atraer aún más el foco. La excusa, dar cuenta del Consejo Europeo. El motivo, "poner todo el peso de la ruptura de las negociaciones en el PP", explicaban fuentes del Gobierno a este periódico.

Y eso hizo, exactamente, el presidente: acusar al Partido Popular de dinamitar el acuerdo para la renovación del CGPJ. Según el líder del Ejecutivo, el nuevo bloqueo se debía a los "vetos" a los jueces que quería incorporar su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Con esa argumentación, Sánchez lograba no sólo señalar a Pablo Casado, sino demostrar que Pablo Iglesias sí que había estado en la negociación. Al menos, sus intereses. Y que el PP lo aceptó desde el inicio.

Vetos de ida y vuelta

Pero la verdad no suele ser tan simple como la pinta un político. Días antes, Unidas Podemos había aceptado que De Prada y Victoria Rosell -que fue en las listas de Unidas Podemos al Congreso y hoy es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el ministerio de Irene Montero- se cayeran de la lista.

Pero a cambio, Iglesias reclamaba que los populares renunciaran al nombre de Alejandro Abascal, por su presunta significación política con el PP... y, sobre todo, porque es en la actualidad el juez de refuerzo de Manuel García Castellón en el nº6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Dina.

Victoria Rosell, Pablo Iglesias y José Ricardo de Prada. ADP / Efe

Y no sólo lo vetó, Podemos también lo filtró a los medios. Con eso, Iglesias lograba dos cosas también. Demostrar su presencia en las negociaciones y, en el fondo, forzar a Sánchez a elegir. En la lista previa de vocales elegibles no quedaban más juristas o jueces "cercanos" a Podemos. Y si el presidente quería pacto a toda costa, no habría cuota morada, "lo que habría puesto la coalición en un serio aprieto", explican fuentes del entorno de la Vicepresidencia segunda. 

Eso es lo que había pasado la noche anterior entre Félix Bolaños, secretario de Sánchez, y Teodoro García Egea, el del PP de Casado.

La jugada final

Cuando PSOE y PP habían pactado la composición del nuevo consejo de RTVE, todo parecía encaminado. Tanto Moncloa como los populares habían anunciado que esta negociación iba "en el mismo paquete" que la del resto de instituciones que siguen a la espera de renovación: el CGPJ, parte del Constitucional, el Defensor del Pueblo... pero una vez votada en el Congreso la composición "más politizada posible" de la nueva dirección de la radiotelevisión pública, la negociación se rompió después de una llamada entre el negociador del PP y el de Presidencia.

El mano derecha de Pablo Casado supo que De Prada "volvía" a la lista, y fue consciente de que el pacto sólo se haría con él dentro. Lo que al PP le resultaba inaceptable, tanto en lo interno, por ser "el juez de la moción de censura", como en lo externo, porque ya todo el mundo sabía que era "el candidato de Podemos".

Y que el Gobierno airearía la aceptación del veto a Rosell, "por su indudable adscripción política" al partido de Iglesias. Y el intento de los populares de rechazar a De Prada, "simplemente por hacer bien su trabajo" sentenciando contra la corrupción del PP.

Por eso, hoy el entorno de Iglesias se permite incluso decir que es el PSOE el que quiere a ese magistrado en el CGPJ. Que lo quiere ahí porque el Gobierno "sigue fuerte". Y que haber renunciado a Rosell demuestra que "no queremos una Justicia politizada, sino todo lo contrario".