Hacienda "no ve motivos" para levantar el control a las cuentas de la Generalitat aunque abandone el FLA

Mucho hay de utópico y poco de cristalino en el último gran anuncio de la Generalitat de Cataluña. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Pere Aragonès, proclamó este sábado el abandono del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la entrada en el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), lo que definió como un paso adelante en términos de soberanía e independencia económica. "Tendremos mayor libertad financiera frente a un Estado que siempre ha usado esto para recentralizar", dijo a la Agencia catalana de Noticias.

Aragonès presumió de haber escapado a los controles más férreos del Estado -los referidos al FLA-, pero obvió una realidad: el Gobierno de Sánchez no levantará los exámenes mensuales a las cuentas catalanas que implantó el Ejecutivo de Rajoy en noviembre de 2015. "La ministra no tiene intención de hacerlo porque no encuentra hechos objetivos que avalen esa postura", relatan las fuentes de Hacienda consultadas por este diario. Aunque es cierto que el FFF no implica una vigilancia tan severa como la del FLA, la peculiaridad de Cataluña -su proceso independentista- desembocó en aquella orden que todavía controla -y controlará hasta nuevo aviso- las finanzas de la Generalitat.

Tanto el FLA como el FFF son dos alternativas de financiación que el Estado ofrece a las autonomías debido al complicado acceso a los mercados financieros. El Fondo de Liquidez Autonómica exige un diagnóstico menos impecable a las Comunidades beneficiadas y, por tanto, las somete luego a un mayor control. El Fondo de Facilidad Financiera, que podría entenderse como un premio a quienes cumplen con el objetivo de déficit, la deuda pública o el pago a proveedores, no supervisa tanto a las CCAA que se acogen a él.

De ahí que el paso del FLA al FFF suela ser la antesala de la vuelta a los mercados financieros, como proclamó el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Aunque lo hizo eclipsando esta realidad: las agencias de calificación consideran "bono basura" la deuda catalana y los tipos de interés serían tan altos como inasumibles para el Govern.

En 2019, Cataluña necesitará 8.071 millones de euros para cubrir sus necesidades financieras. Aragonès y su equipo han calculado que el FFF les brindará 6.173; por lo que la soberanía económica es deseo, y no realidad.

"El Estado ocupa una posición de último garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones públicas", puede leerse en el prólogo a los controles extraordinarios dictados para Cataluña en 2015 y que se mantienen en la actualidad. Unas "medidas adicionales" implantadas "para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general".

Por eso, y según ha contrastado este periódico en conversación con fuentes de Hacienda, el Gobierno de Sánchez no está preocupado por esta nueva circunstancia que, por otro lado, desgrana un portavoz del Ministerio, "no ha supuesto una decisión arbitraria". Es decir: el paso del FLA al FFF responde al cumplimiento de unos "objetivos establecidos", y no a la voluntad de Moncloa. Por otro lado, a final de año será cuando los técnicos detallen si realmente Cataluña ha cumplido con las condiciones que exige la entrada al Fondo de Facilidad Financiera.

Los controles que Hacienda mantendrá sobre Cataluña incluyen el mencionado "certificado mensual", que obliga al interventor general de la Generalitat a remitir a Madrid un documento relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas en presupuesto, los gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, etc. Además, este certificado debe dejar constancia de que la relación de actos comprendidos "no contravienen el ordenamiento jurídico".

Estos controles adicionales también mencionan, entre otros puntos, la obligación de Cataluña de conectar su registro contable "directamente con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado".