El PP obliga a dimitir a la presidenta del Puerto de Cartagena por una trama de corrupción en contratos

Estaba cantado: solo era cuestión de tiempo que Yolanda Muñoz anunciase su dimisión como presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Primero fueron los sindicatos y luego todos los partidos políticos, incluido el PP, los que la estaban presionando para que diese el paso después de acabar en la diana de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, a raíz de la denuncia de la Fiscalía sobre irregularidades y tratos de favor en ciertas contrataciones en el puerto.

Yolanda Muñoz ha ostentado diversos cargos en dos ejecutivos regionales liderados por el Partido Popular. De 2011 a 2019 fue directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo; secretaria general de la Consejería de Presidencia y Fomento, y finalmente, secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, hasta que en 2019 se situó al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y con todas las encuestas favorables a Fernando López Miras, la investigación judicial que se cernía sobre esta abogada especializada en derecho comunitario, urbanístico y administrativo, se había convertido en un lastre para los populares en las urnas. El PP estaba en el ojo del huracán de las críticas de PSOE, Podemos y Ciudadanos. De modo que el propio presidente del partido ha sido el que ha hecho ver a Yolanda Muñoz que debía dimitir después de haberse aferrado al cargo durante varios días.

De hecho, así lo recoge el breve comunicado que ha emitido anunciando su dimisión este viernes: "En el día de hoy, y tras mantener una conversación con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, he tomado la decisión de solicitar mi relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena".

"Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la Justicia aquellos hechos que se investiguen".

Muñoz, señalando la ubicación de la dársena de Escombreras, en una entrevista para Invertia, en agosto de 2022.. Badía

"A partir de este momento, continúo trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas, al igual que durante estos años lo he hecho para incrementar las oportunidades y vías de negocio para el Puerto, la ciudad de Cartagena y toda la Región de Murcia. Confío en la justicia y los mecanismos puestos en marcha para demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria".

Las diligencias de investigación del Ministerio Público se habrían iniciado hace un año, como consecuencia de la indagación preliminar realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Todo ello, después de que tres particulares interpusieran una denuncia, alertando de una trama de corrupción en el Puerto de Cartagena, consistente en el supuesto trato de favor a determinadas empresas y personas afines a altos cargos en la adjudicación de contratos.

A lo largo de las pesquisas también saltó el nombre de Antonio Sevilla: el predecesor de Yolanda Muñoz al frente de la Autoridad Portuaria y que también asumió cargos de responsabilidad con el Partido Popular, como Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de la Región de Murcia.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que el juzgado ha emitido un auto en el que expone que los hechos expuestos en la denuncia de la Fiscalía, "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos muy diversos". De hecho, el listado es muy amplio: prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.

Antonio Sevilla (1i), en su etapa como consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Murcia. Carm

El auto judicial que ha supuesto la citación, como investigados, tanto de Yolanda Muñoz como de Antonio Sevilla, sostiene que ocho actuaciones "revisten indicios mínimos y suficientes de la presunta comisión de varios ilícitos penales y que justifican la necesidad de incoar diligencias previas en aras a esclarecerlos”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena investiga a nueve personas y a los representantes de dos mercantiles. El asunto podría seguir creciendo como una bola de nieve, puesto que UGT y Comisiones Obreras avanzan que tienen previsto presentar otra denuncia sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras y servicios, así como en la asignación de empleos en la Autoridad Portuaria de 2014 a 2021. Esta sería la tercera denuncia que interponen los sindicatos en dieciséis meses.