Gustavo Bueno. Foto: Carlos Márquez

Gustavo Bueno (1924) es un intelectual que aspira a "aclarar un poco las cosas", como quería Ortega, esas que el político suele "confundirlas más de lo que estaban". Precisamente la acción política es el objeto de su libro, en el que ofrece un análisis preocupado, a veces dolorido, de la realidad española. Hay que agradecerle su vigor metódico y su valentía expositiva. No quiere decir esto que será fácil coincidir en todo con él, que sigue haciendo gala de "materialismo filosófico" -su seña de identidad que conserva a sus 85 años-, pero sí que merece reconocimiento por su esfuerzo intelectual, que le identifica como un ensayista atractivo, polémico y sugerente. En este libro no evita las divagaciones filosóficas, a veces excesivas, pero ofrece planteamientos brillantes, lúcidos, a veces como puña-les y con una estela de sentido común.

Ahora se explaya sobre la corrupción política, una anomalía ocultada por el "fundamentalismo democrático", ese blindaje de la democracia como régimen perfecto sin necesidad de reformas más que de matiz y que califica también de "corrupción ideológica". Abunda en el argumento filosófico sobre la corrupción y luego se ocupa de concretas corrupciones no delictivas. Es ahí donde muchos encontrarán respuesta a sus desasosiegos por la deriva de la situación política. Porque analiza como corrupciones nada menos que la degeneración del principio de independencia del poder judicial, las remuneraciones escandalosas de los altos ejecutivos, la ley de plazos del aborto, los estatutos de autonomía y la opa hostil a Endesa, entre otras.

Muchas de sus argumentaciones son lógicas además de sugestivas. Sobre la controvertida ley de la Memoria Histórica asegura que lo que busca es "mantener vivo el recuerdo de la guerra civil y del régimen de Franco" de manera interesada, y recuerda crímenes cometidos antes del plazo que establece, como los "promovidos por la revolución de octubre de 1934" (pp. 247, 248). A propósito del veto en algunas autonomías a la lengua española "en nombre de la democracia", no duda en hablar de una "corrupción cancerosa de la nación" (p. 339).

Pero el asunto que más le provoca es la que llama ley de plazos del aborto, el proyecto de Aído/Zapatero. Dice con asombrosa desenvoltura lo que otros callan bajo la presión de lo políticamente correcto. El llamado "derecho al aborto" le parece una "aberración" (p. 276) y considerarlo un signo de izquierdas, una estupidez (p. 278), pues se trata de un "retroceso reaccionario" (p. 280). Critica la ignorancia de la ministra Aído y su "sandez" sobre la identidad del feto (se atrevió a afirmar que no es un ser humano), lo que entiende como un artificio para evitar que el aborto se considere un homicidio (p. 288). En esta idea insiste para asegurar que "destruir al individuo humano, ya sea en su fase de germen, de embrión, de feto o de infante, es tanto como destruir a ese individuo y, por tanto, como cometer homicidio" (p. 315), y redondea el argumento afirmando que, así las cosas, tan justificada está la legalización del aborto en la semana 14 como en la semana 35 "o incluso la legalización del infanticidio" (p. 316).

Bueno analiza la ley del aborto desprovisto de planteamientos religiosos, de los que se declara alejado, lo que desmonta muchas reprobaciones interesadas contra los críticos. Basa su rechazo al aborto en razones científicas, humanitarias y lógicas. Lean este severo juicio del filósofo, tan de vuelta de tantas cosas que no le afectan la descalificación ni los ninguneos. Quienes desde el poder público desprecian, ignoran u ocultan sus argumentos incurren en una de esas corrupciones ideológicas que tan valientemente retrata. El propio Ortega le animaría a perseverar en la denuncia, misión cardinal del intelectual honrado.