La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha puesto en contra a asociaciones de internautas y entidades de gestión.

Dos enemigos hasta la fecha irreconciliables, entidades de gestión y asociaciones de internautas, luchan con un objetivo común: derribar el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual | La reducción de la protección a la copia privada y la liberalización de la actividad de gestionar derechos de autor son algunos de sus aspectos más controvertidos

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Lo que parecía imposible, unir a enemigos aparentemente irreconciliables como las entidades de gestión y las asociaciones de internautas, lo ha conseguido un anteproyecto del Gobierno: el que pretende reformar la Ley de Propiedad Intelectual. En los últimos años vienen sosteniendo un pulso cargado de tensión, debajo del cual late un debate crucial, encaminado a determinar cómo deben quedar perfilados los derechos de autor en el entorno digital. El anteproyecto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo de Rajoy pretende dar un paso hacia ese escenario, porque, advierte en su Exposición de motivos, la normativa actual en este campo es incapaz de "adaptarse satisfactoriamente a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo". El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y una lluvia de críticas contra sus planteamientos cayó desde los más diversos sectores. Ahora, antes de su tramitación parlamentaria, se abra un plazo para la presentación de alegaciones por parte de sectores afectados. Es buen momento pues para escuchar los reproches que se oponen frente a esta tentativa de ley.

El anteproyecto divide sus propósitos en tres bloques. A saber: revisión del concepto de copia privada, mayor control de las entidades de gestión y regulación de las funciones y competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual. Todos ellos son peliagudos y han generado innumerables litigios hasta la fecha. En el primero de los tres es donde resulta más manifiesto la afinidad de pareceres entre las entidades de gestión y los representantes de los usuarios de internet. Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, lamenta que la "nueva regulación reduce alarmantemente la esfera de protección de la copia privada". Julia Altares, actual portavoz de la SGAE, reproduce ante El Cultural ese lamento: "El anteproyecto perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos casi todos los actos de copia privada. Es especialmente llamativo que la norma proponga excluir del concepto de copia privada las grabaciones de películas de la televisión (ya que solo será legal si dicha copia se borra al poco tiempo) o la realización de copias a partir de un CD original. La propuesta también excluye del límite de copia privada a las realizadas desde internet, que serán consideradas actos ilícitos a perseguir".

Desde la entidad presidida por Antón Reixa sospechan que la jibarización de este concepto tiene un sentido definido: reducir la cuantía de la compensación que reciben los autores, justificada, precisamente, por el lucro cesante que padecen como consecuencia de la realización de estas copias privadas. Como la justificación (las copias privadas) quedan reducidas a la mínima en expresión, la indemnización que deben percibir los autores tiene que rebajarse en igual medida. Sería, de acuerdo al razonamiento de la SGAE, el respaldo argumental del que se dota el Gobierno para defender la caída de casi un 90% de los ingresos obtenidos por las entidades de gestión por este concepto. En 2011 recaudaron 115 millones con el canon digital. En 2013 solamente recibirán 5 millones de euros, de una partida de los Presupuestos Generales del Estado.

Es un cambio de sistema que ha levantado ampollas. Las entidades de gestión sostienen que es una cuantía insuficiente. E insisten en que el tributo recae sobre las espaldas (la de todos los contribuyente, de forma indiscriminada) equivocadas. Desde Ibercrea, una suerte de think tank de las entidades de gestión, se asegura que "no deben ser los ciudadanos quienes paguen la compensación por copia privada, sino la industria tecnológica que se beneficia de que dicha copia privada esté admitida y sea legal, tal y como sucede en el resto de países de la Unión Europea. Ahora mismo en España se actúa de forma contraria al interés general: se exonera a la industria tecnológica del pago de la compensación, en perjuicio de nuestra cultura y en beneficio de empresas multinacionales, muchas de las cuales no pagan impuestos ni crean puestos de trabajo en España". Y también ponen el grito en el cielo porque una vez retirado el canon los precios de los dispositivos se han mantenido. "Un negocio redondo para la industria tecnológica".

Parece complejo encontrar una fórmula que armonice tantos intereses contrapuestos. Ofelia Tejerina formula la que reivindican en su asociación, basada en lo que ellos denominan "copian licenciada": "Es importante que quede claro que nosotros no ponemos en entredicho el derecho de los autores a percibir una compensación. Pero hasta se han utilizado mecanismos indiscriminados. Lo que proponemos es que cuando se compre un CD o una película se pague un poco más, y que ese pico sirva para comprar el derecho a hacer copias de las mismas". Es otra opción que habría de tenerse en cuenta. Julia Altares, por su parte, critica que el Gobierno haya puesto en marcha por su cuenta y riesgo esta nueva normativa cuando está pendiente de emitirse una directiva desde la Unión Europea que armonice el concepto de copia privada. "Habría que haber esperado a ver cómo lo estipulan ellos, por prudencia".

Desde la SGAE también denuncian que el anteproyecto de ley haya sido aprobado por el Consejo de Ministros sin haber abierto antes un periodo de consultas y de debates, en el que deberían haber tenido voto los agentes implicados. Y ponen de ejemplo lo ocurrido en Francia con el Informe Lescure, encargado por François Hollande al antiguo mandatario de Canal +. Tras nueve meses de contactos y deliberaciones de un equipo de expertos presuntamente independientes, hace un par de semanas ha enunciado sus conclusiones, entre las que destaca el refuerzo de la compensación a los autores por copia privada con cargo a los fabricantes tecnológicos.

Las entidades de gestión también están molestas por la liberalización de su labor que pretende introducir la reforma. En Ibercrea afirman que pretenden "comercializar la actividad, lo que provocará la multiplicación de los agentes gestores de derechos y, consecuentemente, un aumento de costes, que es justo lo contrario de lo que supuestamente persigue la reforma. Debe tenerse en cuenta que más operadores en este mercado no supondrán un incremento de la competencia, ya que los titulares de los derechos no pueden autorizar una misma modalidad de explotación a diferentes gestores por razones de seguridad jurídica para los usuarios de tales derechos". Lo cierto es que estas entidades han quedado bajo sospecha tras las tramas de corrupción engendradas en el seno de la SGAE durante los mandatos de Teddy Bautista. El Gobierno busca atarlas en corto. Pero Julia Bautista responde que este no es el camino. "Podría darse que una sociedad limitada que gestione derechos de autor se tenga que someter a muchos menos controles que instituciones como la nuestra. Habría un grave desequilibrio en este sentido".

Por su parte, la Asociación de Internautas rechaza de plano las facultades sancionadoras que se otorgan a la Comisión de Propiedad Intelectual. "Seguimos viendo que el papel de los jueces a la hora de imponer sanciones de cuantías elevadísimas es muy secundario en el procedimiento arbitrado por la norma. Es una aberración jurídica". Esta asociación y las entidades de gestión en bloque han presentado sus alegaciones al Gobierno. En las próximas semanas habrá de tenerlas en consideración, a fin de diseñar una normativa eficaz y ecuánime en un territorio tan convulso. Todo un reto.