Imagen de la degradación del bosque de Belterra, en la Amazonía brasileña.

Imagen de la degradación del bosque de Belterra, en la Amazonía brasileña. Marizilda Cruppe / Rede Amazônia Sustentável

Ciencia

Brasil cambia las reglas en el Amazonas: reduce un 11% la deforestación y alcanza la tasa más baja en 11 años

A pesar de las cifras positivas, colectivos ecologistas y activistas denuncian que la situación todavía es preocupante.

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Las claves

Brasil ha reducido un 11% la deforestación en el Amazonas, logrando la tasa más baja en 11 años y consolidando un cambio político respaldado por organismos internacionales.

La nueva normativa europea EUDR obliga a demostrar el origen sostenible de productos como soja, café o cacao, lo que afecta directamente a las exportaciones brasileñas.

El Gobierno brasileño ha lanzado iniciativas como el fondo para Bosques Tropicales Permanentes, que busca movilizar 125.000 millones de dólares para conservar ecosistemas intactos.

Aunque la deforestación ha disminuido, persisten denuncias sobre la presión de la expansión agrícola y ganadera sobre territorios indígenas y la insuficiencia de algunas certificaciones.

Brasil ha logrado reducir un 11% la deforestación en el Amazonas y firma su mejor dato en más de una década. El avance, respaldado por organismos internacionales, impacta también en España, donde consumimos soja, café o cacao vinculados directamente a esa selva.

El descenso consolida un giro político tras la cumbre climática celebrada en Belém y devuelve credibilidad a un país clave para la biodiversidad global. Según datos recogidos por la FAO, la pérdida de bosques sigue siendo alarmante, aunque la tendencia brasileña apunta a una corrección relevante.

Detrás del cambio hay ciencia, presión diplomática y cálculo económico. Por ejemplo, la nueva normativa europea contra la deforestación, conocida como EUDR, obliga a demostrar que productos como soja, café, cacao o madera no proceden de áreas arrasadas tras 2020.

Aunque su aplicación plena se ha retrasado hasta finales de 2026, la UE ya condiciona contratos y cadenas logísticas. Las empresas deben geolocalizar parcelas, acreditar trazabilidad y asumir controles externos si quieren mantener el acceso al mercado europeo.

Para Brasil, primer exportador mundial de soja y actor central en el comercio agrícola, el mensaje deja claro que sin garantías ambientales, sus productos pierden competitividad. La deforestación deja de ser un asunto interno y se convierte en variable económica estratégica.

En 2025, Brasil fue anfitrión de la COP30, la primera conferencia climática de la ONU celebrada en plena selva amazónica. La elección de Belém situó a los bosques en el centro del debate internacional y reforzó la presión sobre el Gobierno brasileño.

Las negociaciones de noviembre fueron bautizadas como la "COP del bosque". Aunque el país no cumplió todas las expectativas, anunció una hoja de ruta para implementar el compromiso previo de acabar con la deforestación en 2030.

Presión internacional

Ese plan recibió el respaldo de más de 90 países, aunque quedó fuera del texto formal de la cumbre. Su estatus legal es todavía incierto, pero marca una dirección política que condiciona inversiones y alianzas climáticas.

Las cifras oficiales conviven, sin embargo, con denuncias persistentes. La organización Rainforest Action Network advierte de que muchas multinacionales siguen apoyándose en certificaciones "lentas, desiguales e insuficientes" para frenar la degradación real sobre el terreno.

Los informes de esta organización recuerdan que la expansión agrícola y ganadera continúa presionando territorios indígenas. Entre 2015 y 2024 se registraron miles de ataques contra defensores ambientales, un indicador de que la batalla por el Amazonas está lejos de concluir.

La FAO insiste en que la pérdida de bosques tropicales afecta directamente al clima y a la biodiversidad planetaria. El Amazonas actúa como sumidero de carbono y regulador hídrico; su deterioro altera lluvias, cosechas y temperaturas más allá de América Latina.

Consciente de esa presión internacional, Brasil promueve la llamada Instalación de Bosques Tropicales Permanentes, un fondo que prioriza conservar ecosistemas intactos. El objetivo es movilizar hasta 125.000 millones de dólares para premiar a quienes mantienen la selva en pie.

El planteamiento introduce un cambio relevante en la economía del clima. Ya no se compensa solo la reducción de emisiones, sino la preservación activa de biodiversidad y servicios ecosistémicos, clave para que la protección forestal resulte rentable para productores locales.

Mientras Brasil combate la tala ilegal y la expansión agroindustrial, España afronta un problema distinto. El abandono rural y la acumulación de biomasa aumentan la carga de combustible en montes mediterráneos, elevando el riesgo de incendios de sexta generación.

Expertos forestales explican que el riesgo de fuego crece cuando se combinan elevada biomasa, pendientes pronunciadas y baja humedad. Sin gestión activa, el bosque se vuelve más vulnerable y los grandes incendios se convierten en amenazas casi imposibles de extinguir.

A pesar de la distancia que nos separa, ese 11% menos de deforestación en el Amazonas también nos afecta en España. Está detrás de muchos productos que compramos y de un clima que condiciona nuestras cosechas, nuestros incendios y la biodiversidad global de la que depende Europa.