Democracia, a pesar de todo

En los últimos días hemos tenido conocimiento del posible procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque este asunto está en boca de todos desde hace meses, la agitación política y social va en aumento conforme avanza el proceso.

Muchas han sido las opiniones en contra y a favor de esta persona, desde el motivo de su nombramiento, hasta determinadas decisiones anuladas por la justicia y la investigación en curso. La controversia actual se produce porque personas de diferentes colores políticos han decidido cuestionar la decisión del magistrado Ángel Luis Hurtado de proseguir el proceso, con la posibilidad de abrir juicio oral a los investigados.

Sin entrar a analizar el auto en cuestión, preocupa la falta de respeto hacia nuestra justicia. Somos una democracia y no todo vale.

La democracia no consiste en introducir un sobre con un voto cada 4 años en una urna de cristal. Para hablar de democracia consolidada, hay que defender el Estado de Derecho. Todo Estado es un Estado con Derecho, pero para hablar de Estado de Derecho deben cumplirse ciertos requisitos, entre ellos, el respeto al principio de separación de poderes, asegurando la independencia del Poder Judicial, la cual, viene asegurada por el Título VI de la Constitución.

No obstante, esa independencia se debilita cuando se pone en entredicho la actuación de los jueces. Como dijo la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, el pasado día 11 de junio: "Manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, y minan la confianza de los ciudadanos".

A pesar de ello, debemos estar contentos por el sistema que tenemos. El sistema judicial español es conocido por ser uno de los más garantistas de las democracias occidentales. En todo proceso, desde su inicio hasta que se dicta y se ejecuta la sentencia, hay una gran participación de las partes, se garantizan los derechos procesales reconocidos en la Constitución y en las leyes, además de existir una gran amplitud de recursos que permiten, en su caso, la revisión de resoluciones por jueces distintos sujetos a los principios constitucionales.

Sólo en el año 2024, los órganos judiciales registraron un total de 7.799.166 casos, y la capacidad de resolución fue de 7.291.024. Por tanto, cuando no es posible la conciliación de los ciudadanos por otras vías, allí están los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado para garantizar una convivencia pacífica de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y ajenos a cualquier otro tipo de interés.

Sin embargo, que debido a unos pocos casos se ataque a la actividad judicial que para nada se corresponde con la realidad, es un ataque a una de las partes fundamentales de la democracia. Este menosprecio, devalúa todo lo que se ha construido desde la entrada en vigor de la Constitución, acrecienta el descontento entre la población dando una sensación de abandono, de indiferencia, de hartazgo, y, sobre todo, de desconfianza.

Claro que hay cosas que mejorar en el sistema judicial, desde la necesaria reforma de ciertos órganos constitucionales, hasta lo más cotidiano y que ve el ciudadano de pie, como es la mejora en la administración de justicia, tanto en personal como en equipo.

Pero, a pesar de los defectos y de la imagen nefasta que algunos quieren trasladar de nuestra justicia, defendamos lo que tanto costó conseguir y seamos capaces de trabajar juntos para mejorar lo que sea necesario. Tal y como recordó el Rey el pasado 13 de junio, "la legitimidad de las instituciones se alimenta de la confianza de la ciudadanía, y que mantener y merecer esa confianza es un trabajo delicado y exige un esfuerzo diario".