¿Golpismo judicial o ignorancia colectiva?

El tablero político vuelve a agitarse tras conocer el fallo que condena al ex fiscal general del Estado, D. Álvaro García Ortiz, a una multa y dos años de inhabilitación para dicho cargo. Tras este fallo, no han sido pocos los que han salido a comentarlo, a declararlo como una victoria de la derecha, o llamarlo golpe de Estado, como se ha visto desde cierto sector de la izquierda. Lo que está claro es que el Estado de Derecho vuelve a estar en el centro de la polémica y agoniza cada minuto que pasa.

No hay duda de que el proceso al fiscal general es uno de los mayores exponentes del Estado de Derecho. Frente a otro tipo de regímenes, estamos ante una democracia que, pese a sus imperfecciones, permite que, en el caso de que un alto cargo del Estado presuntamente cometa un delito, se persiga en los tribunales, con el proceso reglado por ley y con todos las garantías que se plantean. En este caso en concreto, se ha podido ver como un ciudadano, independientemente de su situación procesal, ha ido contra el máximo representante de la Fiscalía por saltarse la ley en determinados aspectos.

Sin embargo, hemos visto como ciertos sectores no se limitan a acatar y respetar la decisión, sino que la llaman asesinato civil o una vergüenza, como dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, D. Patxi López. Haciendo un simil, ¿acaso uno podría decir que respeta a su pareja y estar insultándola? Claramente no, pues más cuando se trata de un poder que se encarga de juzgar unos hechos conforme a la legalidad vigente en cada caso.

Además, ¿cómo se puede comentar una decisión de la que todavía no se conocen los fundamentos jurídicos que han dado lugar a tal condena? Lo curioso es ver cómo se defiende a ultranza a una persona sin esperar la decisión judicial completa, motivado con el ideario de que se está atacando al Gobierno de turno.

Hemos visto cómo el pasado domingo 23 hubo una manifestación frente al Tribunal Supremo, en la que decenas de personas gritaban exultantes que el Sr. Ortiz era inocente, es decir, se creían jueces al decir lo que debe hacer la justicia: dictaminar si una persona es culpable o no de los hechos de los que se le acusan. También, vimos personas con pancartas señalando a magistrados y comparándolos con la Inquisición de la Edad Media.

Hace 50 años, España comenzó el proceso de la Transición. Se logró pasar de un régimen totalitario con restricciones de derechos y libertades, y con una dura represión contra la oposición, a otra forma de Estado democrática y bajo el imperio de la Ley. ¿Qué hubiera pasado si un ciudadano cualquiera viera sus derechos vulnerados por un alto cargo del régimen franquista en plena dictadura? ¿Se imagina a un ciudadano denunciando, por ejemplo, al ministro Carrero Blanco? La respuesta es obvia, no. Pero, esa es una de las esencias de la democracia, evitar los abusos de las personas que se encuentran en el poder, por mucha legitimidad que pudieran tener.

Para la democracia española y en el momento actual en el que se encuentra nuestro Estado de Derecho, es una pena que se haya llegado a tal punto en el que el máximo responsable de perseguir los delitos haya sido acusado y condenado de cometer uno estando en el cargo. A la vez que es una pena que ciertos sectores de la población, por desconocimiento, ignorancia o mala fe, hagan los comentarios que estamos escuchando, recuperando ciertos vestigios del franquismo: al alto cargo del Estado no se le puede tocar pase lo que pase.

En democracia está bien que el ciudadano discrepe, comente, opine sobre una decisión de los Tribunales, pero siempre y cuando, se respete, se acate y los comentarios no se dirijan a deslegitimar y minar la confianza en el Poder Judicial. Creo firmemente que el poder político debería contribuir a ello, más que aumentar la polarización, ya que parece que por un puñado de votos, la democracia bien vale una misa.