Constitución Española. Imagen de archivo

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¿Esto es la democracia que quisimos?

Guillermo de Miguel
Publicada

Los españoles preocupados por la ideología, cada cual concernidos porque ganen los suyos a costa de lo que sea, y despreocupados por el deterioro del andamiaje jurídico del Estado, puestos de perfil frente a un Ejecutivo y un partido en el Gobierno que desmonta la protección normativa de nuestra convivencia desde la arbitrariedad y el interés particular, primordialmente, de un ciudadano elegido como presidente de la nación más vieja de Europa y que no tiene empacho en saltarse todos los límites.

Demos la bienvenida pues al Gobierno y a la acción política, a la generación que parece haber crecido sin escuchar un solo no, y que, como era de esperar, no los iban a escuchar de nosotros. Y en esta tesitura, el Partido Socialista, pivote de la democracia durante una buena parte del actual periodo democrático, vampirizado por un solo afiliado, que, si puede hacer con el Estado lo que le venga en gana, más lo hace con su propio partido. Esta es la tesitura actual del país. Coloquialmente dicho: la mayor mierda que hemos tenido que digerir desde 1978.

¿Cómo hemos llegado aquí? Es sencillo. Nuestra Constitución no contrapesa el poder y no lo fiscaliza. Prescindamos de que en nuestra democracia gobernar signifique legislar, en lugar de ejecutar las leyes que emanan del Parlamento.

Prescindamos de que la elaboración de las leyes no nazca del parlamento y que el líder de cualquier partido tenga el Estado en sus manos.

Prescindamos de que la justicia pueda ser ideológica cuando el derecho no lo es, y que bloques ideológicos de jueces coincidan en interpretar la ley constitucional apartándose por tanto del equilibrio y el sentido jurídico que emana de la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.

Prescindamos de que las elecciones no son representativas y que la sociedad civil no está representada en el Parlamento ni en las instituciones públicas electivas y que, por tanto, son los partidos políticos los que se representan a sí mismos y a su vez representan al líder que domina el partido por lazos perversos de fidelidad política.

Prescindamos de que los partidos políticos por tanto, han usurpado la libertad colectiva y se han convertido en los feudales más egoístas de la edad moderna de nuestro país.

Prescindamos de que sea abominable por completo que se modifiquen las leyes por intereses personales.

Prescindamos incluso de que la mayor parte de los políticos que se sientan en el Parlamento sean relativamente incultos y que no están preparados para la función para la que han sido elegidos.

Prescindamos de que los jueces no constituyen un poder independiente del Estado y que sus representantes no son elegidos por ellos.

Prescindamos de que tampoco tienen presupuesto propio, de que el Ministerio de Justicia usurpa sus funciones, y de que no tienen policía independiente del peor ministro de Interior de la democracia española (que para mayor abundar es juez).

Prescindamos hasta de que el presidente del gobierno haya sobrepasado los límites hasta puntos insospechados. El problema es que todos, o casi todos, lo han hecho en alguna medida.

Ha habido gobiernos que se han pasado el derecho a la vida, el derecho a la tutela judicial efectiva que implica un juicio justo y el derecho de defensa liquidando a personas y enterrándolas bajo cal, hasta se han pasado por el arco del triunfo el derecho de libertad secuestrando ciudadanos y reteniéndolos incluso a sabiendas de que era inocentes.

Ha habido gobiernos que, bajo el pretexto de agilizar la justica, han modificado torticeramente los plazos de investigación judicial de la ley de enjuiciamiento criminal para favorecer los intereses de su partido en momentos críticos de persecución criminal por corrupción.

Ha habido algún presidente del gobierno que, en su día, cambió la ley de enjuiciamiento criminal modificando el artículo concreto que le hubiera obligado a comparecer como testigo en el Tribunal Supremo a cambio de una mera declaración escrita.

Ha habido algún líder de partido y presidente de gobierno bajo cuyo liderazgo se ha destrozado un ordenador residente en las instalaciones del partido, el cual ordenador era medio de prueba.

Yo recuerdo haber visto a una vicepresidenta del Gobierno echarle la bronca delante de todos a una presidenta del Tribunal Constitucional cuando pendía un fallo importante para el país, etcétera.

Prescindamos también de que el Estado ha sido inyectado de una ideología concreta, cuando el Estado democrático no puede tenerla.

Prescindamos de que las políticas, incluso las de derechas, deben tener encaje en un ideario político sustancialmente identificado con los postulados de la izquierda políticamente correcta y con la agenda 2030.

Prescindamos de todo, pero, una vez hecho esto pregunto: ¿esto es la democracia que quisimos?