Todos hemos oído hablar del imperio de la ley, expresión recurrente con la que solemos simbolizar la relegación del voluntarisno y la arbitrariedad a un segundo plano. Porque, en definitiva, el ordenamiento legal somete la voluntad individual al pacto social de la convivencia civilizada. El imperio romano, dotó a Europa del instrumento jurídico. El derecho. Directum quiere decir rectitud. Establece un sentido. El derecho tiene un sentido direccional hacia lo justo.
Hoy, tres de diciembre, cumplo veintiséis años en el ejercicio de la abogacía y me gustaría subrayar que no hay otro camino para solucionar los conflictos que el que marca el derecho. Se entiende que el derecho democrático, claro. Porque del derecho no olviden que también se sirven os dictadores. Sólo que ellos, claro, imponen su voluntad a través de leyes cuya legitimación no radica en la soberanía del pueblo, sino en excusas arbitrarias, a capricho del dictador de turno, que sirven de autoengaño al voluntarismo. Un Estado de derecho no siempre es democrático. Como digo, los hay autárquicos y también se sirven de la ley.
Celebramos nuestra Constitución, por lo que debemos ser conscientes de que no hay mejor manera de celebrar un pacto social democrático que empeñar nuestra vida en doblegar ese incivilizado resorte de nuestra voluntad que, a veces, nos sugiere imponernos injustamente sobre los otros o dar esquinazo al mandamiento jurídico, cosa que, por otra parte, se da mucho en el español. Todo empieza por no tolerar los injustos y señalarlos con el dedo, reclamar lo nuestro. No consentir. Cuando un pueblo no es consciente del significado de la arbitrariedad y lo intolerable del voluntarismo, desconoce el valor de la civilización.
La Constitución debería anidar en la costumbre. Ya decía Ortega que el derecho que no emana de la costumbre no puede ser eficaz. El uso social reiterado que se hace costumbre arraiga y fortalece el tejido social. Cuando es la ley la que busca a la costumbre regateando por los callejones sociales donde esta anida, la cosa se complica.
Los anglosajones lo saben. Por eso su derecho es consuetudinario. Hagamos memoria del motín de Esquilache. La ley, más civilizada que la costumbre en ese supuesto, no pudo con el pueblo. Decía el Conde de Romanones que nuestro país acusa un excesivo rigor normativo que se atempera por la inobservancia de las leyes. Somos un pueblo orgulloso cuyo comportamiento se adentra, a veces, en el peligroso territorio de la soberbia. Lo que exigimos de otros los rechazamos para nosotros. En eso y no en otra cosa consiste un voluntarismo que, cuando es ejercido por los gobernantes, acuña el abominable nombre de arbitrariedad pública.
El artículo 9.3 de nuestra Constitución no la consiente en el Poder público y permite su interdicción. Pero la más efectiva interdicción está en nosotros. En denunciar la arbitrariedad de los que nos gobiernan y en no consentirla. Nuestra inercia de los últimos años no deja de ser una descarada procesión de arbitrariedad pública impuesta a los ciudadanos, minando sus esperanzas, y amortiguando su respuesta social. Es una vergüenza, pero tenemos un día de celebración constitucional destinado al boato donde algunos se legitiman por sus actos y otros, muchos, se legitiman por la hipocresía. No consentirlo es nuestro deber, un deber que solo podremos afrontar respetando en el día a día el gran pacto social que nos hemos dado.