Concentración en Rentería contra las dos supuestas agresiones sexistas.
EH Bildu 'frenó' las denuncias de dos agresiones sexuales en Rentería: las víctimas acudieron a asociaciones feministas afines
La "opacidad" y los "fallos en la gestión de los protocolos" con las víctimas parte de la formación abertzale han generado polémica en el municipio.
Bildu defiende su actuación escudándose en la "confidencialidad" y presunta voluntad de "denuncia pública y no judicial" por parte de las afectadas.
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Rentería -una localidad de casi 40.000 habitantes de Guipúzcoa- está siendo sacudida por dos presuntos casos de agresión sexual que, tras saltar a la luz, han sumido al municipio en una gran polémica.
Se trata de la escuela de danza Kukai donde el Premio Nacional de Danza 2017, Jon Maya, es acusado de presuntas agresiones sexuales. El segundo afecta a Xenpelar Bertso Eskola, una escuela donde varias mujeres denuncian estos hechos.
Las víctimas, algunas de ellas menores de edad, están en el ojo del huracán como consecuencia de la gestión por parte del consistorio municipal de EH Bildu, que está siendo objeto de críticas.
Eso sí, ninguna de ellas ha optado por el cauce legal para denunciar estas presuntas agresiones sexuales. Todas han optado "por la denuncia pública, no judicial ni política", según defiende la alcaldesa del municipio, Aizpea Otaegi.
Sin embargo, detrás de esto se esconde una denuncia que sí que hacen el resto de grupos municipales del ayuntamiento. Tanto el PSE, PP y PNV están de acuerdo en la "pésima gestión" por parte del ayuntamiento donde dudan "si realmente se ha acompañado a las víctimas o se les ha medio coaccionado", según relatan a El ESPAÑOL.
Y, es que, los dos presuntos agresores que se han envuelto en estas políticas, así como "la familia de la propia víctima" en el caso de Bertso Eskola son del "entorno político de EH Bildu", aseguran.
Una actuación por parte de la izquierda abertzale que ha estado marcada por "la opacidad y el oscurantismo" a lo largo de estos años porque eran conocedores del caso de Kukai dantza desde el año 2024 y ha habido silencio hasta que ahora ha salido todo a la luz.
Por tanto, lo que ha ocurrido en el consistorio es "un fallo en los protocolos" que "no han funcionado", algo que admiten desde la corporación municipal de EH Bildu, según cuentan a El Español desde el Partido Socialista de Euskadi.
En lugar de proteger a las víctimas denunciando estos casos, cuando se tiene conocimiento de ellos, activando los protocolos de violencia de género, lo que se hizo "fue tratarlo internamente" para "intentar silenciarlo", señalan desde Sabin Etxea y el PP.
Así, lo que hacen es "negar la legitimidad de los protocolos establecidos desde las instituciones a los cauces legales", sentencian fuentes de Sabin Etxea a este periódico.
En esto coincide también el grupo municipal del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular.
Por eso, los socialistas han realizado una comisión de investigación, que ha tenido lugar la primera sesión este jueves, donde se ha tratado de esclarecer los hechos, además de la petición del PNV para llevar a cabo una auditoría externa.
Fallos en los protocolos
Son las propias víctimas las que están sufriendo toda esta gestión, que "hay que protegerlas y también proteger su confidencialidad -como reclaman desde el consistorio de EH Bildu-", pero la denuncia sobre la forma de gestionar estos casos radica principalmente en que "lo que provoca es una desprotección a las víctimas, que las haces mucho más vulnerables", lamentan a El ESPAÑOL.
Por eso, todo este proceso denuncian que es "el máximo exponente de lo que lleva años pasando cuando hay casos de este tipo dentro de la izquierda abertzale" y lo que ha ocurrido en Rentería es que se ha tratado de resolver con una gestión interna al margen de los cauces legales y con un silencio estremecedor.
Sin embargo, ahora sí, la concejala de Igualdad sí que ha "admitido fallos en los protocolos", señalan desde el PSE a EL ESPAÑOL.
Denuncian que los de Otegi han intentado llevarlo de manera interna y silenciosa para evitar un escándalo público al tratarse de unas agresiones sexuales que afectan al seno de EH Bildu por estar -presuntamente- ligadas "a miembros del entorno político del partido" que no necesariamente "tiene que militar para compartir ese espacio".
Eso sí, a pesar de haber admitido fallos, la formación independentista defiende la correcta actuación del partido y alega la "voluntad de las víctimas de denuncia pública" y no por otro cauce. Al final lo que ocurre aquí es que "niegan la legitimidad de los protocolos a través de cauces legales" y tratan de gestionarlo "sin que esto entre en la vía judicial", aseguran a EL ESPAÑOL desde Sabin Etxea.
Al final lo que ocurre es que se están llevando a cabo "procesos de acompañamiento, escucha o reparación de las víctimas" -que son unos mecanismos válidos- pero que "no pueden sustituir la responsabilidad que corresponde a las instituciones públicas o judiciales y menos hablando de menores de edad".
"Hay que ponerlas en manos de las autoridades y, en este caso, desde el 4 de mayo y hasta el 4 de junio la Fiscalía requirió información porque el Ayuntamiento no lo había hecho y ahí ha habido diferentes fallos de supervisión en los protocolos y de transparencia", abogan desde el PSE.
Y es que, casos de agresión sexual como estos, "no se pueden tratar internamente", porque tal y como relatan desde el PP del municipio a EL ESPAÑOL ,"lo que hace es meter presión a las víctimas", expresan.
Hay que tener en cuenta que la primera noticia que tuvieron en el Ayuntamiento -a través del movimiento feminista- del caso del entorno de Kukai Dantza fue en 2024 y hasta ahora que han pasado dos años no lo habían hecho público.
Precisamente después de que las asociaciones feministas pusiesen de manifiesto los graves hechos ocurridos de los que tuvieron conocimiento a través de los testimonios de las víctimas que les iba llegando se decidió gestionarlo desde dentro. Una gestión directa con las víctimas, pero sin escalarlo a una vía judicial.
![Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11295181.jpg?p=w:320\/h:240&h=J_g_ei60"])
"La información no llegó a Fiscalía hasta que lo requirieron", sentencian a El ESPAÑOL y lamentan que se quiera evitar que "intervenga la Ertzaintza, un juzgado y que se sigan los cauces legales establecidos para este tipo de casos".
Que no se activen los protocolos como están diseñados y que "haya fallos", lo que provoca es que todo este silencio y hermetismo que hay desde la izquierda abertzale obstaculice la labor de la justicia con los presuntos agresores. "La víctima se niega a atender a la Fiscalía" y esto lo que provoca es que no se pueda actuar por esa vía.
Por eso, todo este tratamiento y que se haya "admitido un fallo en los protocolos", lo que ha provocado es una "ruptura de pactos en el Ayuntamiento y una desconfianza en las políticas de igualdad", con el Partido Socialista quienes pretenden continuar investigando para "que esto no vuelva a pasar y se activen los mecanismos de detección, supervisión e intervención".
Financiación a las dos entidades
Una de las grandes controversias en estos presuntos casos de agresiones sexuales en todo el entorno de la izquierda abertzale de Rentería es que hay, además, "dinero público en juego" que se gestiona desde el consistorio de EH Bildu.
Hay que retrotraerse al año 2024, momento en el que la alcaldesa de EH Bildu y todo el gobierno municipal tuvieron conciencia de las agresiones sexuales que se estaban produciendo en la escuela Kukai Dantza. Un centro dinamizador cultural importante en el municipio y del entorno cercano al partido.
Fue el propio movimiento feminista de la localidad organizado a través de la Emakumeen Etxea (Casa de las mujeres) los que reunieron testimonios de varias víctimas y lo pusieron en conocimiento del consistorio.
A partir de ahí, es el equipo municipal el que reconoce que actuaron con una política "acorde a la voluntad no punitiva, pero restaurativa y reparadora que habían solicitado las víctimas". Un ámbito de actuación por parte de estas víctimas que pasaba por la "confidencialidad".
Cabe señalar que esta escuela de danza recibía subvenciones públicas -a pesar de ser de gestión privada- y tenía una fuerte importancia cultural en el municipio.
Desde EH Bildu, gestionaron este caso con Kukai de una forma discreta y con un enfoque restaurativo y no punitivo. Lo que se concluyó fue iniciar una revisión de la conducta del bailarín Jon Maya y apartarle del grupo de danza. Pero continuaron manteniendo la financiación a la entidad: en 2025, se destinó una partida de 53.600 euros para desarrollar sus actividades.
Eso sí, según relata el PSE tras la comisión del consistorio, "la concejala de Cultura asegura que no conocía la existencia de la situación cuando firmó la subvención".
Pero la polémica se intensificó cuando Jon Maya regresó para actuar en el Flamenco Festival de Nueva York, lo que provocó que se congelase la subvención por parte del consistorio para 2026.
Por eso reivindican desde el PP que "no se puede gestionar dinero público y ocultar este tipo de informaciones mientras se dan subvenciones a centros donde estaba pasando esto".
![WhatsApp Image 2026-06-12 at 18.37.40.jpeg](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11292013.jpg?p=w:320\/h:240&h=8AWgZNa5"])
En el caso de la Bertso Eskola se trata de un centro de titularidad pública municipal mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio que público para la gestión del centro, donde hay "menores implicadas" por un presunto caso de agresiones sexuales por parte de un profesor del centro que ya había estado involucrado en otro caso de violencia machista en 2018.
El 28 de mayo el consistorio suspendió la actividad de la Bertso Eskola por las denuncias públicas realizadas por la propia escuela, Bertsozale Elkartea, Oreretako Mugimendu Feminista y Oiartzungo Feministen Asanblada.
Movimiento feminista
EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el movimiento feminista de la localidad para conocer su versión de los hechos y el acompañamiento a las víctimas que se ha estado realizando a lo largo de todo este tiempo, en el que no consta ningún tipo de denuncia a través de un cauce legal o judicial.
"No te voy a responder. No voy a hablar contigo" con un tono bronco y serio respondía al otro lado del teléfono una chica de la Casa de la Mujer. Y, en este mismo sentido, se ha negado a facilitar el contacto de este medio con la Asamblea Feminista de Rentería, quienes convocaron el pasado viernes una concentración para denunciar la instrumentalización de los casos de agresiones sexuales.
"No vamos a permitir que nos metáis en vuestro juego y que nos uséis para derrotar a vuestros rivales políticos", aseguraban,
Sin embargo, desde el PNV denuncian a EL ESPAÑOL que estos movimientos feministas "están patrimonializados prácticamente por la izquierda abertzale".
Es por ello que denuncian que "cuando los casos son en su órbita, la cosa cambia bastante".
A pesar de ello, desde la Asamblea recriminan en un comunicado que se esté tratando de "desprestigiar, infantilizar, ridiculizar y hasta criminalizar" a las mujeres del colectivo feminista de la localidad y también a las propias víctimas de estos dos casos de abusos.
"Están traspasando todas las líneas rojas. Nunca antes se había utilizado de esta manera el dolor que genera la violencia machista para beneficio propio", sentencian desde la Asamblea feminista de Rentería.
