Morir esperando: el fracaso de la burocracia frente a la dependencia

Ahora que se cumple el 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, miro a nuestro alrededor y, sin querer parecer derrotista, me parece que la equidad, la accesibilidad y la gratuidad que la norma pregonaba desde sus entrañas se han convertido en algo más aspiracional y voluntarista que real.

No quiero parecer excesivamente querulante, pero no hay buenas noticias allá por donde mires.

Y no comentarlas no va a ayudar a que desaparezcan ni a que se arreglen los problemas.

Se acaban de publicar los datos semestrales de las listas de espera con los tiempos para intervenciones quirúrgicas y el acceso a consultas con especialistas en nuestro sistema sanitario con los peores resultados de los últimos años.

Para que le vea el especialista, una vez que le ha visto su médico de familia, y tras prescribir las pruebas que necesita para conocer su diagnóstico, va a tener que esperar más de tres meses.

En concreto, 102 días de media.

Sala de espera de un hospital español. RTVE

Para que, una vez que sepan lo que tiene, le operen, hay unos cuatro meses de lista de espera.

Esto, además, con una amplia variabilidad por comunidades autónomas y por especialidades, por lo que de un plumazo nos hemos cargado los principios de accesibilidad y equidad.

Por otra parte, hace unos días, la comisión de precios de nuestro Sistema Nacional de Salud ha rechazado que se financie en nuestro país el primer fármaco aprobado por las agencias internacionales que parece que puede hacer algo en la evolución de la enfermedad neurodegenerativa más prevalente, la enfermedad de Alzhéimer: el Lecanemab.

Esto hace volar por los aires el principio de gratuidad, dado que sólo se podrá adquirir pagándolo (quien pueda hacerlo) de forma individual.

Pero de todo este rosario de despropósitos, sin duda alguna, lo más impactante y lo que vulnera todos los valores de nuestro sistema social (la accesibilidad, la equidad y la gratuidad) es el informe que ha emitido el Observatorio Estatal de la Dependencia.

"A 31 de marzo de 2026 había 271.556 personas atrapadas en la lista de espera para obtener la prestación de la dependencia"

Dicho informe concluye que en España muere una persona cada catorce minutos esperando una ayuda relacionada con esta situación. Es decir, cien personas al día.

Sólo en el primer trimestre de 2026 fallecieron 9.004 personas mientras aguardaban una valoración o una prestación del sistema.

Es una cifra insoportable que refleja por sí sola que estamos ante la manifestación más dura de un problema estructural.

A 31 de marzo de 2026 había 271.556 personas atrapadas en la lista de espera para obtener la prestación de la dependencia, de las cuales 118.716 seguían pendientes de valoración y 152.840 aguardaban un servicio reconocido.

El tiempo medio de tramitación se sitúa en 329 días, muy por encima de los 180 que fija la ley.

Estos datos son la expresión más profunda de la tensión existente entre una necesidad social creciente y un sistema que no se ha adaptado con la velocidad, la intensidad ni la coherencia que exige el envejecimiento de la población.

España envejece, y lo hace de forma acelerada. Envejece a tal ritmo que la dependencia ya no puede entenderse como una política compensatoria para situaciones extremas.

Debe concebirse como una característica básica del bienestar en una sociedad longeva.

Igual que en su momento se entendió que la educación o la sanidad eran pilares vertebradores, hoy debería asumirse que los cuidados de larga duración forman parte de ese mismo núcleo de derechos efectivos.

Si no, asistiremos al drama de ver cómo familias se arruinan para poder dar una cobertura digna en los últimos años a sus mayores.

Dos ancianos en el balcón de su vivienda. iStock

Por eso, el debate sobre la dependencia no debería quedarse en si este trimestre ha mejorado o empeorado respecto al anterior. La cuestión de fondo es que, aunque el sistema atienda hoy a más personas que hace unos años, no está logrando acompasar su crecimiento a la magnitud de la demanda.

Y ese es precisamente el núcleo del problema. No estamos sólo ante una cuestión de volumen, sino de diseño, de organización y de modelo.

La dependencia en España sigue mostrando tres debilidades simultáneas.

1. La primera es el atasco burocrático. El hecho de que casi 119.000 personas estén todavía pendientes de valoración revela que el embudo comienza en la puerta de entrada.

Antes incluso de hablar de plazas, de ayuda a domicilio o de prestaciones económicas, el sistema ya fracasa en identificar y clasificar con rapidez la necesidad.

Y cuando la valoración se retrasa, todo lo demás se retrasa detrás.

Es lo mismo que ocurre con el embudo de las consultas para el especialista o las pruebas diagnósticas, para poder llegar a hablar de listas de espera quirúrgicas: a más espera en consultas menos lista de espera para las operaciones. Pero el problema de fondo se sigue agrandando.

"Cuando un derecho depende tanto del lugar de residencia, el problema deja de ser exclusivamente de gestión y pasa a ser también un problema de equidad"

2. La segunda debilidad es la enorme desigualdad territorial.

El tiempo medio nacional ya es excesivo, pero además oculta diferencias muy difíciles de justificar. Algunas comunidades autónomas cumplen plazos relativamente razonables, mientras otras se sitúan por encima de los quinientos días de espera.

Cuando un derecho depende tanto del lugar de residencia, el problema deja de ser exclusivamente de gestión y pasa a ser también un problema de equidad.

No puede aceptarse con normalidad que la probabilidad de recibir ayuda a tiempo dependa en tal medida del código postal.

3. La tercera debilidad es el desajuste entre la filosofía del sistema y la realidad social sobre la que opera.

Durante demasiado tiempo, la dependencia se ha movido entre dos inercias.

Por un lado, la tendencia a institucionalizar.

Por el otro, la descarga silenciosa de la carga asistencial sobre las familias, especialmente sobre mujeres cuidadoras.

España ha avanzado en los últimos años hacia un modelo más orientado al domicilio y al entorno comunitario, y la Estrategia Estatal 2024-2030 para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad plantea una transformación basada en la proximidad, la personalización de apoyos y la desinstitucionalización progresiva.

Pero una estrategia, por sí sola, no cambia la realidad si no va acompañada de recursos, gobernanza y capacidad de ejecución.

"Lo primero que hay que asumir es que la dependencia no puede seguir siendo tratada como algo puntual o extremo. Debería estar en el centro de la agenda social y sanitaria"

¿Qué habría que reformar, entonces?

Lo primero que hay que asumir es que la dependencia no puede seguir siendo tratada como algo puntual o extremo. Debería estar en el centro de la agenda social y sanitaria.

Porque su impacto no se limita al bienestar social. Afecta al mercado laboral, a la salud mental de los cuidadores, a la pobreza sobrevenida de los hogares y a la ocupación innecesaria de recursos sanitarios por falta de apoyos adecuados fuera del hospital.

Cada retraso en dependencia no es sólo un fallo social. Es también un fallo de coordinación entre sanidad y servicios sociales, que son servicios públicos que deberían estar gestionados por los mismos equipos y con un presupuesto único.

Lo segundo, ya en el plano operativo, es reforzar de verdad la capacidad de valoración y tramitación.

No se puede sostener un derecho subjetivo con tiempos propios de un procedimiento colapsado.

La fase inicial del proceso debería convertirse en una prioridad operativa. Eso exige más profesionales dedicados a la valoración, más homogeneidad en criterios, simplificación documental y una digitalización útil, pensada para acortar tiempos y no para añadir nuevas capas de complejidad.

La dependencia no puede seguir funcionando con lógicas burocráticas que tratan como expedientes lo que en realidad son situaciones de gran vulnerabilidad.

Lo tercero es establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas. No basta con conocer la media nacional. Haría falta una publicación periódica, clara y comparable de tiempos de espera por comunidad autónoma, por fase del procedimiento y por tipo de prestación.

Un sistema que hace descansar su legitimidad en la protección de personas vulnerables no puede operar con zonas de opacidad o con comparaciones difíciles de interpretar. Medir bien no resuelve el problema, pero es la condición imprescindible para no esconderlo.

Lo cuarto es repensar el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios profesionales. Las prestaciones económicas son necesarias y en muchos casos imprescindibles, pero no pueden convertirse en la válvula de escape de un sistema incapaz de desplegar suficiente ayuda a domicilio, centros de día, rehabilitación funcional, apoyos comunitarios y atención continuada.

En una sociedad cada vez más envejecida, con hogares más pequeños, más soledad y más complejidad clínica, no basta con "dar dinero".

Hay que construir la infraestructura y dotar de recursos la capacidad real de cuidado.

Un grupo de ancianos en un pueblo gallego. iStock

Lo quinto y último para todo esto es destinar más dinero y controlar que se gaste bien. De nada sirve darse golpes de pecho anunciando incremento de coberturas si no se financian adecuadamente y el llegar a ellas cada vez demora más tiempo.

De no hacer este giro, el verdadero riesgo no es sólo que las listas de espera sigan siendo altas. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ellas. Normalizar que la ley diga 180 días y la realidad diga 329.

Normalizar que miles de personas mueran esperando.

Normalizar que las familias carguen solas con un coste emocional, físico y económico que no debería recaer casi exclusivamente sobre ellas.

Y normalizar, en definitiva, que la dependencia sea siempre un asunto pendiente, nunca una prioridad resuelta.

Acabo con un mensaje de esperanza porque creo que España todavía está a tiempo de cambiar esta tendencia. Pero para hacerlo tendrá que dejar de gestionar la dependencia como un problema aislado y empezar a abordarla como lo que realmente es: una de las grandes pruebas de seriedad, humanidad y solvencia de nuestro Estado del bienestar en las próximas décadas.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.