No es ninguna novedad que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta serias dificultades para sacar adelante la "financiación singular" que pactó con ERC.
El modelo acordado para Cataluña no sólo suscita el rechazo frontal de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que denuncian una quiebra de la caja común y de la solidaridad interterritorial.
También choca con la oposición de territorios bajo mando socialista, como Asturias y Castilla-La Mancha, que ya escenificaron su voto en contra en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Lo novedoso es que a esta resistencia de los barones territoriales puede sumársele ahora un problema de aritmética parlamentaria.
El rechazo que la reforma genera empieza a trasladarse también al interior de las filas socialistas en el Congreso de los Diputados. Al requerir mayoría absoluta para su aprobación como ley orgánica, cada voto en la Cámara resulta decisivo.
Tal como ha informado EL ESPAÑOL, el entorno político de Emiliano García-Page ha dejado abierta la posibilidad de que sus representantes en la Cámara Baja rompan la disciplina de voto.
Altos cargos del socialismo castellanomanchego, como el presidente de las Cortes regionales y el consejero de Hacienda, han apelado de forma pública a la libertad de conciencia de sus parlamentarios.
García-Page tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar la sinceridad de sus críticas a Pedro Sánchez.
Es un indudable gesto de valentía e integridad política salir a la palestra de forma recurrente a reprobar los desafueros del Gobierno y alertar de la vulneración de los principios socialdemócratas, a menudo en términos muy contundentes.
Pero para que esa disidencia sea efectiva y no se quede en mera gesticulación, debe materializarse a través de las herramientas que están en su mano.
La tesitura parlamentaria incumbe de manera directa a los ocho diputados del PSOE por Castilla-La Mancha.
A medida que avance la tramitación, estos parlamentarios tendrán que elegir entre acatar las órdenes de Ferraz o defender a sus votantes frente a un sistema que amenaza con infrafinanciar los servicios públicos de su región.
Desde un punto de vista jurídico, la Constitución es clara con respecto a la libertad de los diputados.
El artículo 67.2 establece taxativamente que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.
La férrea disciplina de voto que los partidos imponen, facilitada por el sistema electoral de listas cerradas, constituye de facto una práctica inconstitucional. Porque vacía de contenido la discrecionalidad del representante, al convertir al Congreso en un órgano donde solo deciden las cúpulas de las organizaciones.
Es cierto que los reglamentos internos, como el del Grupo Parlamentario Socialista, contemplan sanciones económicas para quienes se apartan de la directriz oficial. Pero estas multas pertenecen a la esfera interna y contractual del partido.
Legalmente, el acta pertenece al diputado. Ningún estatuto partidista puede obligar a un parlamentario a votar en contra de su conciencia o del interés general de su circunscripción.
Nos encontramos ante uno de esos momentos que ponen a prueba la probidad de nuestros representantes. Se trata de la encrucijada entre elegir la lealtad al país y a los ciudadanos, o someterse a la lealtad ciega al aparato del partido.
En las manos de estos representantes castellanomanchegos está la capacidad de frenar un modelo que rompe la igualdad de los españoles, pudiendo convertirse en los ocho justos de Sodoma que salven la coherencia de su formación política.
En otras ocasiones, el PSOE ha demostrado que es capaz de hacer gala de un sentido de Estado en situaciones críticas.
Tal fue el caso de la investidura de Mariano Rajoy en 2016, cuando el partido asumió el altísimo coste interno de la abstención para evitar el bloqueo institucional del país.
Hoy, ante una responsabilidad histórica análoga si no mayor, los diputados del Grupo Socialista están llamados a volver a anteponer el interés general a las directrices de la cúpula.
Todo se reduce, en última instancia, a comprender la naturaleza del mandato representativo, por mucho que este haya quedado deformado por el cesarismo impuesto por Pedro Sánchez a sus siglas.
¿A quién le debe entonces su acta un diputado en la práctica? ¿No es acaso a los electores que depositaron en él su confianza en las urnas?
¿O, tal vez, como vino a resumir gráficamente el ministro Óscar Puente, su única función es obedecer sin fisuras al "puto amo" de su secretario general?