Desdiciéndose de lo acordado con el presidente de Canarias unas horas antes, el Gobierno transigió ante la presión de la OMS, sin obligación de hacerlo, en la noche de este martes y anunció que acogería al crucero Hondius, infectado por un brote de hantavirus que ya ha dejado a bordo tres muertos, varias personas que presentan síntomas leves, y otra en estado crítico.
La Delegación de Gobierno había pactado con Fernando Clavijo que "ni el barco ni ninguno de sus pasajeros serían trasladados a las islas", sino que los pasajeros afectados serían evacuados en Cabo Verde, y la embarcación continuaría ruta hasta Países Bajos, país de origen de la naviera, sin hacer escala en el archipiélago español.
Y este proceder habría sido el razonable.
Pero la ministra de Sanidad ha anunciado en la rueda de prensa de este miércoles que el crucero continuará hasta Tenerife.
Desde allí, los catorce infectados españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid en un avión militar, y los extranjeros, evacuados a sus respectivos países.
Pero la pregunta es por qué se obliga al crucero a navegar tres días más para llegar a Canarias y realizar allí el mismo operativo que podría haberse efectuado en Praia.
Es decir, lo lógico sería que los pasajeros fueran desembarcados en Cabo Verde, frente a cuyas costas el barco está fondeado, trasladados al aeropuerto, y desde allí repatriados.
Máxime cuando, según ha señalado la OMS, los pasajeros se encuentran en "una situación sanitaria grave y necesitan ayuda", y "deben ser autorizados a desembarcar tan pronto como sea posible" con el fin de reducir "el riesgo de contagios adicionales a bordo".
Al atender la petición de auxilio, el Gobierno asume que el "puerto seguro" más cercano y adecuado para realizar la intervención es el de Canarias, secundando la opinión de la OMS de que el Gobierno de Cabo Verde "no tiene la capacidad" para realizar la evaluación sanitaria, las investigaciones epidemiológicas y ambientales ni la respuesta completa que requiere el brote.
La pregunta es si, ante las incógnitas que pesan sobre la cepa y su grado de contagio en el barco, Canarias dispone de medios para atender una emergencia sanitaria como esta.
Con independencia de que, como ha asegurado la ministra de Sanidad, la operación no vaya a suponer ningún riesgo para la población canaria (lo cual está por ver), no se explica que el Gobierno central le haya endosado al Gobierno de las islas un buque portador de un virus de letalidad elevada, obligándole a asumir todos los contratiempos aparejados a la activación de un protocolo de desinfección, aislamiento y traslado en el puerto de destino.
El ministro del Interior ha justificado la decisión de acoger al Hondius "por razones éticas y de humanidad".
Y aunque es verdad que se ha atendido a la petición de colaboración remitida por el director general de la OMS al presidente del Gobierno, lo cierto es que del Reglamento Sanitario Internacional no se deduce una obligación humanitaria para España de acoger a una embarcación en estas condiciones, soslayando el resto de consideraciones técnicas.
Carece por tanto de toda lógica que España tenga que ejercer de centro logístico de distribución, y encargarse de repatriar a los aproximadamente ciento cuarenta pasajeros del crucero a cada uno de sus países de origen.
La decisión del Gobierno responde antes a un criterio político que a uno sanitario. Y el resultado de esa decisión es un nuevo perjuicio para la infraestructura dotacional de Canarias.
Se trata ya de un patrón constatado: al igual que con la crisis de las pateras, o con la saturación de los centros de menas ante el incumplimiento de su reubicación, esta comunidad autónoma vuelve a ser la más damnificada por la unilateralidad y la deslealtad institucional del Ejecutivo de Pedro Sánchez.