Como explica EL ESPAÑOL, ERC y PSOE negocian desde hace semanas un "retoque quirúrgico" de la malversación en el Código Penal que favorezca a los líderes del procés condenados por dicho tipo penal, pero no a los corruptos que "se hayan metido el dinero en el bolsillo". La reforma tiene muchas posibilidades de salir adelante.  

La revisión, presentada por ERC, prevé dejar en sólo cuatro años de cárcel la pena por malversación cuando el corrupto no se haya lucrado "personalmente" (las penas son ahora de hasta ocho años sin distinguir si el reo se ha beneficiado o no en persona). La rebaja comportaría la reducción paralela de las penas por inhabilitación.

Dicho de otra manera. Los líderes del procés podrán presentarse a las próximas elecciones sin problemas y los españoles, ver a alguien que se alzó contra la Constitución, como Oriol Junqueras, dar lecciones de democracia desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. 

La fantasmagórica y ventajista distinción entre el dinero malversado que acaba en el bolsillo del malversador y el que es destinado a otros fines, supuestamente menos lesivos, no es la única barbaridad de esta reforma a la que EL ESPAÑOL se opone con rotundidad. Porque lo que pretenden PSOE y ERC es una reforma ad hoc del Código Penal que beneficie a unos corruptos concretos y olvide a otros que han cometido el mismo delito. ¿Qué ocurrirá por ejemplo en el caso de José Antonio Griñán?

Por si los indultos y la erradicación de la sedición no hubieran sido suficientes, el Gobierno pretende ahora retocar un delito que afecta al núcleo central de la legitimidad con la que el Estado opera en el territorio. ¿Con qué autoridad pretende el Ejecutivo exigir solidaridad fiscal a los ciudadanos a partir de ahora si otorga un trato de favor a unos políticos cuyo único rasgo distintivo respecto al resto de delincuentes condenados por el mismo delito es pertenecer al partido que apoya al Ejecutivo en las Cortes? 

¿Y cuál es la idea y el incentivo que eso transmite al resto de fuerzas políticas españolas? ¿Que los delitos de corrupción serán perdonados a partir de ahora a cambio de los votos de dichas fuerzas en el Congreso de los Diputados? ¿Que los fondos públicos pueden ser utilizados para fines políticos ilegales, y entre ellos el de alzarse contra la democracia, con la seguridad de que la pena será mucho menor que si estos acabaran en su bolsillo?

Resulta chocante que líderes del PSOE que se han distinguido por su lealtad a la Constitución y su indiscutible sentido de Estado, como Margarita Robles y tantos otros, se sumen a un proyecto que dinamita no ya el discurso socialista contra la corrupción, sino la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Que transmite la idea de que la clase política juega con reglas diferentes a las del resto de los ciudadanos.  

Esta reforma supone un punto de no retorno para el PSOE. De determinadas simas morales uno no escapa dejando pasar 48 horas hasta que el revuelo amaine o un nuevo escándalo sustituya al anterior. El PSOE está supeditando los intereses generales de los ciudadanos, el Código Penal, la moralidad y el propio código ético socialista a sus intereses más inmediatos con una reforma que no sólo beneficiará a los corruptos del procés, sino también a todos aquellos malversadores que delincan en el futuro. 

EL ESPAÑOL considera que la reforma de la malversación es un proyecto vergonzante que sitúa a España fuera del club de las democracias avanzadas y que debería ser refrendado o rechazado por los ciudadanos españoles en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Si el PSOE pretende llevar adelante esta reforma, que los españoles dicten sentencia sobre ella en las urnas.