La denuncia que el PP ha presentado en el Tribunal Supremo contra la designación de Dolores Delgado como fiscal general de Estado está bien armada. El escrito se basa en la quiebra del precepto constitucional que exige imparcialidad al Ministerio Público.
Según el PP, por su trayectoria, por sus manifestaciones, por haber sido en dos ocasiones candidata en las listas del PSOE y por haber sujetado la cartera de Justicia hasta solo 48 horas antes de ser propuesta como fiscal general por el mismo Gobierno del que formaba parte, no reúne las condiciones que requiere el cargo.
Reparto del CGPJ
Ahora bien, los populares caen en una contradicción cuando critican la politización de la Fiscalía y, al mismo tiempo, se avienen a negociar con el PSOE el reparto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Porque todo es parte de lo mismo.
Con el agravante de que Pablo Casado, en su defensa de "la separación de poderes", anunció en 2018 que trabajaría para cambiar la ley, de manera que el CGPJ fuera escogido por los jueces y no por los políticos, algo que, por lo demás, recoge el programa del PP desde hace lustros sin que jamás lo haya cumplido.
Correa de transmisión
Casado aún está tiempo de ser coherente. Tiene de su parte las manifestaciones de Sánchez a favor de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para despolitizarlo. Lo planteó ya en 2014, al poco de ser elegido secretario general del PSOE; y lo volvió a proponer hace sólo dos años, cuando intentó llegar a la Moncloa de la mano de Ciudadanos.
Lo que está claro es que si Dolores Delgado no es la persona adecuada para ser fiscal general por su sumisión al poder político, tampoco lo serán unos integrantes del CGPJ que han sido pactados en los despachos por PSOE y PP con la clara intención de que sean su correa de transmisión en la Justicia.
