“Robbery, assault and battery, the felon and his felony”. Tony Banks, Phil Collins.

Es como mínimo una coincidencia interesante que el juicio de los ERE  coincida con una nueva tanda de propuestas de presupuestos alternativos que poco tienen de alternativo, ya que proponen lo de siempre, subir impuestos y gastar más. El caso ERE (741 millones) es el cuarto mayor caso de corrupción en la historia de España tras los casos Malaya (2.800 millones) Edu (3.000), Pujol (3.000) y por delante de Gürtel (120 millones). En dicho juicio, se ha afirmado que 741 millones de euros “es una cantidad insignificante” comparado con el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Insignificante.

La administración paralela en Andalucía supone casi 7.000 millones anuales y en Cataluña casi 19.000.

Insignificante.

Pero hay que subir impuestos.

Los presupuestos alternativos siempre parten de una premisa: Los políticos piensan que usted gana demasiado y ellos gastan demasiado poco. Y, por supuesto, que el dinero está mejor en manos de los políticos que en nuestro bolsillo.

El primer subterfugio, que ya conocemos bien, es el del “gasto social”. Todo exceso que se cometa es justificable si se le añade la coletilla de “social” o “verde”. El gasto político, que es lo que esconden los excesos con el dinero de los demás, no tiene nada de social y todo de antisocial. Porque carga sobre los contribuyentes los excesos de hoy y sobre nuestros nietos la deuda acumulada.

España es todavía un estado deficitario, y en 2018, si se cumplen las previsiones, gastaremos 25.000 millones más de lo que ingresamos. Como explicábamos en esta columna, el déficit acumulado desde la mal llamada “crisis” -el pinchazo de la burbuja de gasto- supera los 759.000 millones de euros.

Insignificante.

¿Y qué proponen los presupuestos alternativos? Gastar mucho más.

Fíjense en la teoría. Gastar 8.000 millones más y subir 6.500 millones en impuestos.

No se le había ocurrido a nadie. Estimaciones de ingresos de ciencia ficción y gastos muy reales.

Eso significa que, a los 25.000 millones de déficit se añadirían -si se cumplen- 1.500 millones más. Los que han creado esos presupuestos alternativos lo justifican porque van a “aumentar el déficit” para “cumplir con Bruselas más tarde”. Al fin y al cabo ¿qué más da unos miles de millones más entre ricos? Cumplir con Bruselas “más tarde” significa endeudarse más. Porque reducir el déficit es endeudarse, y retrasarlo, hacerlo todavía más.

Entre 26.500 millones de euros más de deuda y 30.000 millones. 

Insignificante.

Compremos su argumento por un momento. “Aumentar el déficit no importa, ya cumpliremos en unos años”. Entonces ¿por qué subir impuestos? Saben que esas estimaciones de ingresos adicionales (6.500 millones) no se cumplirán porque la media -ojo- de error en estimaciones de recaudación por nuevos impuestos es del 50%.

Insignificante.

Es decir, saben que recaudarían mucho menos. Saben que subiendo impuestos recaudarán menos y asfixian la actividad económica. Saben que los presupuestos como están pueden ser más deficitarios y además exigen serlo aún más. Si consideran que endeudarse no es el problema y que el déficit no es un riesgo, es que su único objetivo es la confiscación gradual de la riqueza de los agentes económicos.

Insignificante.

Entonces asumamos que sí que les preocupa el déficit, y sostener las cuentas públicas para garantizar los servicios estatales. ¿Dónde está en ese presupuesto alternativo la partida de reducciones de gasto por eficiencia en burocracia, observatorios y gastos “insignificantes”? En ningún lado. Con ello, ante la evidencia del constante expolio al productivo para subvencionar al improductivo, la sostenibilidad de las cuentas públicas se deteriora. Y luego, como ya hemos visto demasiadas veces, llega la recesión, destrucción de empleo y entonces “hay que subir impuestos” para “sostener las cuentas públicas”. Y nos dirán que se reduce deuda gastando más, lo que no ha ocurrido en ningún lugar nunca.

Insignificante.

Por supuesto, les dirán que el problema es el fraude fiscal (no el fraude fiscal de los entes públicos, claro). El fraude fiscal hay que combatirlo, pero no creando desincentivos al empleo y la inversión y utilizar estimaciones de ciencia ficción para justificar más impuestos. Sino de manera seria, como se hace, y no gastando por adelantado unos supuestos ingresos que no se han realizado y unas estimaciones de ciencia ficción.

No olvidemos que las estimaciones de “recaudación por fraude fiscal” que usan constantemente vienen en su mayoría de subir impuestos. Unos 63.000 millones de ciencia ficción que algunos se quieren gastar antes de ingresar.

Insignificante.

Esos presupuestos alternativos tan “sociales” ponen en peligro aquello que fingen defender: los servicios públicos. Haciéndolos insostenibles.

Las alternativas son fascinantes: O gastar y subir impuestos más o gastar y subir impuestos mucho más. La crisis en la que nos meteremos no va a ser insignificante.