Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

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Bruselas cambia las normas: exige al Gobierno bajar al mínimo los impuestos de la luz para reducir la factura de los hogares

El objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles y estabilizar los precios a largo plazo en hogares y empresas.

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La crisis energética vuelve a situarse en el centro del debate europeo. El aumento de los precios de la electricidad y del gas, agravado por tensiones internacionales como la guerra en Irán, ha reactivado la presión sobre los gobiernos para proteger a los hogares frente a facturas cada vez más elevadas.

Ante esta situación, la Comisión Europea prepara un nuevo paquete de medidas con un objetivo claro: reducir el coste de la electricidad para los consumidores.

Entre las propuestas destaca una recomendación directa a los Estados miembros para que rebajen al mínimo permitido los impuestos que gravan la luz.

Según los cálculos de Bruselas, solo esta medida podría reducir en torno a un 14% el recibo eléctrico de los hogares. Traducido a cifras concretas, el ahorro medio podría situarse cerca de los 200 euros anuales.

El plan forma parte de una estrategia energética más amplia con la que la Unión Europea busca contener los precios, impulsar las energías limpias y reforzar la seguridad energética del bloque.

Reducir impuestos

Uno de los puntos clave de la iniciativa es la fiscalidad aplicada a la electricidad. En muchos países europeos, los impuestos y recargos representan aproximadamente una cuarta parte del precio final que pagan los consumidores.

La Comisión considera que existe margen para actuar sobre este componente sin necesidad de modificar el funcionamiento del mercado eléctrico. Por eso, la propuesta anima a los gobiernos a reducir el IVA y otros impuestos energéticos hasta los niveles mínimos que permite la legislación europea.

La recomendación también contempla la posibilidad de aplicar tipos reducidos o incluso exenciones para determinados colectivos. Entre ellos figuran los hogares vulnerables o sectores especialmente afectados por los altos precios de la energía.

La lógica detrás de esta medida es que si la electricidad debe convertirse en el eje del nuevo sistema energético europeo, no puede seguir siendo una de las fuentes más gravadas.

Además de la reducción fiscal, el plan incluye cambios en los costes de red. Los peajes eléctricos, destinados a financiar el transporte y la distribución de energía, pueden suponer entre un 25% y un 33% del precio final del recibo.

Bruselas propone revisar su diseño para hacerlos más eficientes e introducir incentivos que favorezcan el consumo flexible y la generación cercana al punto de uso.

Más renovables y autoconsumo

El paquete energético también apuesta por reforzar el papel activo de los ciudadanos en el sistema eléctrico. Para ello, la Comisión quiere facilitar que hogares, pequeñas empresas y comunidades locales puedan producir su propia energía.

El impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas se perfila como una de las herramientas clave para reducir la dependencia del mercado mayorista.

Según las estimaciones comunitarias, millones de viviendas europeas podrían generar electricidad renovable antes de 2030 mediante instalaciones solares u otros sistemas locales.

Los beneficios económicos pueden ser significativos. Bruselas calcula que los hogares que produzcan su propia energía podrían ahorrar entre 260 y 550 euros al año en su factura.

En el caso de comunidades energéticas —proyectos colectivos donde varios usuarios comparten generación renovable— el ahorro anual podría situarse entre 440 y 930 euros.

Además de reducir el coste para los consumidores, este modelo permitiría disminuir la presión sobre las grandes infraestructuras eléctricas y mejorar la seguridad energética del continente.

Para apoyar esta transición, la Comisión plantea movilizar grandes inversiones en infraestructuras energéticas. El plan contempla cerca de 691.000 millones de euros destinados a redes y energías renovables, junto a unos 240.000 millones para proyectos relacionados con la energía nuclear.

Pobreza energética

El nuevo paquete energético también incorpora un fuerte componente social. La Comisión reconoce que la pobreza energética sigue afectando a millones de europeos y que la volatilidad de los precios ha agravado el problema en los últimos años.

Por ello, el plan introduce medidas para mejorar la identificación de los hogares en riesgo y reforzar las ayudas destinadas a reducir su gasto energético.

Entre las propuestas destaca la creación de sistemas de alerta temprana que permitan detectar dificultades de pago antes de que se produzcan cortes de suministro.

La estrategia también incluye programas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, especialmente mediante la rehabilitación de edificios antiguos.

La Comisión considera que estas reformas pueden reducir de forma estructural el consumo energético de los hogares y, por tanto, el importe de sus facturas.

Otro de los cambios previstos afecta al mercado minorista de electricidad. Bruselas quiere mejorar la transparencia de las tarifas y facilitar que los consumidores cambien de proveedor con mayor rapidez.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de cambiar de comercializadora en un plazo máximo de 24 horas. Además, las compañías deberán informar periódicamente a sus clientes sobre la tarifa más barata disponible según su perfil de consumo.

La Comisión estima que una mejor información y la posibilidad de reaccionar antes a las subidas de precios podría suponer un ahorro adicional de unos 152 euros al año para los consumidores.

Con este conjunto de iniciativas, la Unión Europea pretende avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en electricidad más barata, producción renovable local y mayor participación de los ciudadanos.