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Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe a los dueños particulares que sus mascotas tengan crías
Criar animales sin estar inscrito en el registro oficial puede acarrear multas de entre 10.001 y 50.000 euros.
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Parece lógico pensar que, si convives con un perro o un gato, tarde o temprano pueda tener crías. Durante años, muchas camadas han nacido en casas particulares, entre familiares o conocidos, casi como una práctica habitual y normalizada. Sin embargo, esa idea tradicional ha empezado a cambiar con la nueva Ley de Bienestar Animal.
La norma, que entró en vigor en 2023 y se ha consolidado plenamente en 2026, pone el foco en uno de los grandes problemas de España: el abandono y la sobrepoblación de animales. Refugios saturados, camadas no deseadas y venta irregular de cachorros son algunas de las situaciones que el Gobierno pretende frenar con esta legislación.
Por eso, una de las medidas que más debate ha generado es la relacionada con la cría de mascotas. Lo que durante años se vio como algo habitual dentro de muchas casas ahora queda limitado por ley y solo podrá hacerse bajo control administrativo y con autorización oficial.
La cría de mascotas como práctica ilegal
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ha cambiado por completo las reglas sobre la reproducción de animales de compañía en España.
Aunque muchas personas siguen pensando que permitir que su perro o su gato tenga una camada no supone ningún problema, la normativa establece justo lo contrario: la cría ya no puede hacerse de manera privada o improvisada.
El artículo 27 de la ley prohíbe expresamente la cría de animales de compañía por parte de personas que no estén inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.
Esto afecta especialmente a perros, gatos y hurones, las especies que concentran el mayor número de abandonos en protectoras y centros de acogida.
La intención de la norma no es únicamente controlar quién vende animales, sino limitar las camadas no deseadas y reducir el mercado irregular que durante años se ha movido a través de anuncios en internet, redes sociales o ventas entre particulares.
La administración considera que muchas de esas crías terminaban derivando en abandono, problemas sanitarios o animales criados sin ningún tipo de control genético ni veterinario.
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A efectos prácticos, esto significa que un particular no puede decidir simplemente cruzar a sus mascotas y entregar o vender los cachorros.
Para hacerlo legalmente debe estar registrado como criador, cumplir determinados requisitos y quedar sometido a supervisión administrativa. La ley convierte así la cría en una actividad regulada y prácticamente profesionalizada.
El Registro de Criadores funciona como una herramienta de control y trazabilidad. Las personas inscritas deben acreditar conocimientos sobre bienestar animal y disponer de instalaciones adecuadas para garantizar higiene, espacio y cuidados veterinarios.
Además, el sistema permite identificar de dónde procede cada camada y seguir el recorrido de los animales, algo que busca combatir la cría ilegal y las ventas opacas.
![La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/09\/actualidad\/1003744200383_262349298_320x240.jpg"])
Otro de los pilares de la ley es la obligación de evitar la reproducción incontrolada. Los propietarios que no estén autorizados como criadores deben adoptar medidas para impedir que sus animales tengan crías.
En el caso de los gatos, la norma va un paso más allá y obliga a esterilizarlos antes de los seis meses de edad, salvo que formen parte de un programa de cría autorizado o exista una justificación veterinaria.
Con los perros y hurones ocurre algo parecido. Aunque la ley no obliga automáticamente a esterilizarlos en todos los casos, sí responsabiliza al propietario de impedir la reproducción si no está registrado como criador.
Es decir, si una camada se produce sin autorización, el dueño podría enfrentarse a consecuencias legales.
La venta de cachorros
La legislación también pone fin a otra práctica muy habitual durante años: la venta de cachorros entre particulares.
Desde la entrada en vigor de la norma, los animales solo pueden comercializarse a través de criadores registrados. Esto significa que anuncios de camadas domésticas o ventas improvisadas entre particulares quedan fuera de la legalidad.
Incluso en los casos en los que una mascota tenga crías de forma accidental, la situación debe comunicarse a las autoridades competentes.
Además, esos cachorros no podrán venderse de manera privada, ya que la comercialización fuera de los canales autorizados está prohibida.
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Las sanciones previstas por la ley son especialmente elevadas y criar animales sin estar inscrito en el registro oficial puede acarrear multas de entre 10.001 y 50.000 euros.
La filosofía de la norma gira alrededor del llamado "sacrificio cero", es decir, reducir al máximo el número de animales abandonados y evitar que protectoras y centros municipales tengan que hacerse cargo de camadas continuas sin salida.
Según defienden los impulsores de la ley, controlar quién puede criar y en qué condiciones es una de las herramientas más eficaces para reducir ese problema estructural.
![Isabel Rodríguez, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en un mitin del PSOE.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/04\/actualidad\/1003744232592_262784455_1706x960.jpg"])
