El sindicato policial UFP tras el archivo del caso Haitam: “Nos llamaron asesinos mientras el silencio institucional hablaba”

El sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP) ha difundido este jueves un duro comunicado en el que asegura que la autopsia del caso Haitam confirma que la muerte del hombre detenido en un locutorio de Torremolinos se produjo por una reacción adversa al consumo de drogas en un cuadro de delirio agitado. A juicio de la organización, esta conclusión respalda la actuación de los agentes implicados tras días de críticas públicas hacia el cuerpo policial.

El pronunciamiento llega después de que el juzgado de instrucción haya confirmado el archivo provisional de las diligencias abiertas por el fallecimiento, ocurrido durante una intervención policial en la que se utilizaron pistolas táser. Según el auto judicial, basado en el informe definitivo del Instituto de Medicina Legal, la causa del fallecimiento fue una parada cardiorrespiratoria derivada de una reacción adversa a sustancias tóxicas, en el contexto de un delirio agitado y con un corazón previamente dañado por el consumo de drogas.

En su circular informativa, la UFP sostiene que durante los días posteriores a la muerte “nos llamaron asesinos mientras el silencio institucional hablaba”, y denuncia lo que considera un “linchamiento mediático y social” contra los agentes. “Nos señalaron, nos juzgaron y nos condenaron sin esperar a los hechos”, afirma el sindicato, que critica que la opinión pública se formara antes de conocerse el resultado de la autopsia.

Muerte de Haitam en Torremolinos: un juzgado confirma el archivo de la investigación

La organización también se pregunta ahora “quién repara el daño” causado a los policías que participaron en la intervención. “Hoy, la realidad pone las cosas en su sitio”, señala el comunicado, en el que defienden que desde el primer momento respaldaron la actuación policial “sin esperar, sin escondernos”.

El sindicato concluye reclamando que este caso sirva para recordar el papel de las organizaciones policiales. “La defensa de los policías no puede depender del viento mediático”, sostiene la UFP, que insiste en que su razón de ser es “defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, recordando que “detrás del uniforme hay profesionales… y también personas”.

Pese al archivo provisional del procedimiento, la causa aún no está definitivamente cerrada. El caso será remitido a la Audiencia Provincial de Málaga, cuyos magistrados deberán decidir si el archivo se confirma o si, por el contrario, se ordena continuar con la investigación para determinar posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, la familia del fallecido mantiene que durante la detención se produjo un uso desproporcionado de la fuerza y ha impulsado distintas acciones judiciales.

De hecho, la familia, junto a Amnistía Internacional han iniciado una recogida de firmas (llevan unas 2.000) con el objetivo de que el caso se reabra. En el texto que acompaña a esta iniciativa sostienen que Haitam recibió al menos once descargas directas de táser, además de golpes, presión sobre el cuello y el tórax y la aplicación de espray irritante. Según esta versión, todo ocurrió mientras el hombre ya estaba inmovilizado. A su juicio, “el nivel de violencia fue extremo” y, por su intensidad, el sufrimiento causado, la situación de vulnerabilidad de la víctima y el desenlace fatal, consideran que los hechos podrían constituir tortura.

Los impulsores de la campaña también apelan a los estándares internacionales de derechos humanos, que, según recogen, prohíben el uso de dispositivos táser o espray irritante contra personas que no suponen una amenaza o que ya están inmovilizadas.

Asimismo, critican que la jueza de instrucción haya archivado la causa basándose únicamente en el informe forense. Según denuncian, durante la investigación no se tomó declaración ni a los policías implicados ni a testigos presenciales, como el dueño del locutorio, ni tampoco a los sanitarios que atendieron a Haitam tras la intervención.

La campaña concluye con una pregunta dirigida a las instituciones: “¿Tendremos que esperar otra muerte más para que se regule mejor el uso de este tipo de armas potencialmente letales?”. Entre sus demandas figuraban la apertura de una investigación exhaustiva sobre la actuación policial, la suspensión de los agentes implicados, la protección de la familia frente a posibles represalias y la revisión de los protocolos de uso del táser para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.