El Poder Judicial presiona para la renovación: el TS dictará 1.000 sentencias menos por falta de jueces

Un informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo considera que la situación de este órgano será "insostenible" si se prolonga por más tiempo la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial cubra las vacantes existentes.

El informe alerta de que habrá "graves dificultades para configurar las Salas, tanto de admisión como de decisión" y calcula que se dictarán unas mil sentencias menos anuales, lo que representa un 23% del total de sentencias puestas en 2020. Se producirá, igualmente, un retraso en los tiempos de respuesta para todos los asuntos.

El CGPJ no puede hacer nombramientos de jueces del Tribunal Supremo desde el pasado marzo porque una ley promovida por PSOE y Unidas Podemos lo impide. La norma fue aprobada con el indisimulado propósito de presionar al PP para que pacte la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018. Pero el resultado de esa reforma (que se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional) está afectando al Supremo.

El informe, que fue encargado el pasado 27 de septiembre por la Sala de Gobierno del alto tribunal, se ha conocido un día después de que el Gobierno y el partido de Pablo Casado hayan alcanzado un acuerdo de renovación institucional que incluye al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas pero no al CGPJ.

El documento, firmado por el jefe del Gabinete Técnico del Supremo, el magistrado Juan Manuel San Cristóbal, explica que las bajas de jueces del Supremo, por diversas causas (jubilaciones, fallecimientos, renuncias) "están siendo numerosas y no hay forma de cubrirlas, con el consiguiente perjuicio al tribunal y al justiciable, que sufrirá al final esta carencia en forma de respuesta tardía".

En este momento hay un total de 11 vacantes sin cubrir, algunas incluso con el proceso selectivo iniciado y paralizado poco antes de su finalización, señala. Una es de la Sala Primera (Civil), seis en la Tercera (Contencioso-Administrativo), tres en la Cuarta (Social) y una en la Quinta (Militar). La única Sala que no está viendo afectado su funcionamiento es la Segunda (Penal), que tiene toda su plantilla cubierta y no prevé vacantes a corto plazo.

"Pero siendo esto muy grave", afirma, "el futuro inmediato no es nada halagüeño de perpetuarse esta situación: antes del final de octubre de 2022 habrá un total de cinco vacantes más por jubilación (dos en la Sala de lo Contencioso, dos en la Sala de lo Social y una en la Sala de lo Militar), lo que hará que el Tribunal Supremo deba afrontar su trascendental función con 16 magistrados menos, esto es, con un 20,25% de su plantilla vacante".

Esta es una situación "que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente [por prescripción legal], no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial".

En las conclusiones del informe se señala que, por lo que respecta a la fase de admisión de los recursos de casación, la falta de magistrados, unida al paulatino incremento de recursos que se registra cada mes, "conllevará un progresivo alargamiento de los plazos de resolución sobre la admisión o inadmisión de los recursos".

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento y decisión, cada vez es más acusada la disminución en las cifras de resolución de asuntos "consecuente a la disminución de ponentes".

"Tal estado de cosas", afirma el jefe del Gabinete Técnico, "no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados y magistradas, porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de las distintas jurisdicciones requiere de un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado de los recursos, con mayor motivo en el contexto de la actual caracterización jurídica del recurso de casación en muchas de las Salas, basado en una selección rigurosa de los recursos que se admiten, con base en el criterio del interés casacional para la formación de la jurisprudencia".

"Insostenible"

A su juicio, la actual situación, "de prolongarse más, es insostenible".

"La imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes unida a la incertidumbre sobre cuando se constituirá el nuevo Consejo hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado: en la actualidad con una plantilla un 14 % inferior a la legalmente prevista y en pocos meses (a finales de octubre de 2022), de perdurar esta situación, con una disminución del 20% de las plazas".

"Y todo ello", agrega, "en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad".

La consecuencia es que habrá "graves dificultades para configurar las Salas, tanto de admisión como de decisión", se dictarán aproximadamente 1000 sentencias menos al año entre todas las Salas y habrá un alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo, con un retraso "enorme" de las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas (unas 24.000 en 2020).