Lesmes durante el acto de apertura del año judicial el pasado lunes, cuando urgió a renovar el CGPJ.

Lesmes durante el acto de apertura del año judicial el pasado lunes, cuando urgió a renovar el CGPJ. Efe

Tribunales

El CGPJ aguanta la presión del Gobierno para forzar dimisiones: "Ese vacío de poder sería irresponsable"

"Ninguna institución clave puede ser abandonada. ¿Alguien imagina al Gobierno o las Cortes descabezados al acabar su mandato?", replica.

8 septiembre, 2021 03:25

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"La dimisión del presidente y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es una barbaridad que sólo se puede pedir desde la irresponsabilidad de no tener que asumir las consecuencias de dejar sin funcionar al órgano de gobierno de un poder del Estado". La frase sintetiza el malestar existente entre los vocales del CGPJ por la insistencia con la que desde ámbitos afines al Gobierno se reclama la renuncia de los consejeros y, en primer lugar, la de Carlos Lesmes como supuesto medio para forzar la renovación de la institución.

"¿Quién garantiza que iba a haber renovación si nos vamos?", preguntan los consejeros, hartos de que se ponga sobre ellos el foco de una responsabilidad que no es suya sino de las fuerzas parlamentarias y, más en concreto, de socialistas y populares.

"Son los políticos, no nosotros, los que han creado esta situación. Son ellos, no nosotros, los que son incapaces de llegar a un acuerdo. Pero a los que se pide la dimisión es a nosotros, no a ellos", critican.

En la sede de Marqués de la Ensenada destacan que la dimisión de Carlos Lesmes no dejaría de ser un gesto simbólico. La ley prevé su sustitución por el vocal de más edad en el CGPJ y por el presidente de Sala más antiguo en el Tribunal Supremo, por lo que ambas instituciones seguirían funcionando.

Consecuencias

La dimisión en bloque de todos los miembros del CGPJ -el presidente y los 20 vocales- significaría que el funcionamiento ordinario del Poder Judicial quedaría paralizado: los Juzgados sin titular tendrían que seguir vacíos, las vacantes de magistrados en las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores no podrían cubrirse, no se aprobarían refuerzos para órganos colapsados, relevantes anteproyectos de ley del Gobierno no podrían seguir su tramitación al faltar el informe preceptivo del Consejo, se bloquearía la formación de los jueces, aquellos miembros de la Judicatura de baja por enfermedad tendrían que reincorporarse al no poder prorrogarse sus licencias y se abriría un período de impunidad disciplinaria.

Esas serían algunas de las consecuencias de una renuncia masiva que en el CGPJ no se quiere asumir. "Sería una irresponsabilidad", afirman. 

En el órgano de gobierno de los jueces se subraya que en todas las instituciones clave los cargos salientes permanecen hasta la llegada de sus sucesores "precisamente para que no haya un vacío que afecte al funcionamiento de un poder del Estado". El presidente del Gobierno saliente se queda en La Moncloa hasta la llegada del nuevo, los ministros entregan las carteras a quienes les suceden y los presidentes del Congreso y del Senado siguen en sus puestos, junto a las diputaciones permanentes, hasta que se constituyen las siguientes Cámaras.

"Ninguna institución clave puede ser abandonada. ¿Alguien imagina que el Ejecutivo o las Cortes queden descabezados al acabar su mandato? El Estado no puede admitir que se produzca un vacío de poder en los órganos esenciales", sostienen fuentes del CGPJ.

Es por ello por lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "si ninguna de las dos Cámaras hubieren efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo". 

"No somos nosotros los que tenemos que encarar el problema de la falta de acuerdo para la renovación, sino las fuerzas políticas. Somos víctimas de una situación que no hemos creado. Nosotros estamos obligados a cumplir lo que nos ordena la ley. Y la ley nos ordena quedarnos, no irnos", indican.

A su juicio, es un "desenfoque" centrar el problema en la actitud de los consejeros, "que estamos intentando que la institución siga adelante en un momento difícil". "En cambio", critican, "nadie pide ninguna reacción a los presidentes del Congreso y del Senado, cuando es deber de las Cámaras proceder a la renovación".