Juan Carlos I elige como defensor al abogado de López Madrid, el 'compiyogui' de Letizia

La Casa Real ha comunicado este domingo que Juan Carlos I ha elegido "para su representación" al abogado Javier Sánchez-Junco, "que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes".

Aunque el rey emérito no tiene (aún) ninguna causa criminal abierta ni en España ni en el extranjero, la designación de un abogado penalista es indicativa de que el exjefe del Estado ha optado por adelantarse a la eventualidad de que surjan problemas judiciales. O que puede ser preciso que un experto en Derecho Penal financiero dirija la contestación a la campaña que Corinna Larsen, examiga del monarca, ha emprendido a través de medios británicos y suizos.

La revelaciones de Larsen tomaron carta de naturaleza en España en julio de 2018 tras la difusión por EL ESPAÑOL del contenido de las conversaciones que en 2015 le grabó subrepticiamente el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 por la presunta comisión de numerosos delitos de corrupción.

La examiga del rey emérito aseguraba en esas grabaciones que Juan Carlos I la utilizó como testaferro para poner a su nombre bienes propiedad del monarca, que éste habría montado una estructura financiera opaca en Suiza y que cobró una comisión por favorecer la adjudicación del Ave a La Meca a un consorcio de empresas españolas lideradas por el presidente del Grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Las cintas, también halladas en un registro judicial en el domicilio de Villarejo, dieron lugar a que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abriera la llamada pieza Carol dentro de la macrocausa Tándem, en la que se investiga al antiguo comisario.

El escudo de la inviolabilidad

De Egea archivó rápidamente la pieza tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción. Uno de los argumentos fue la inviolabilidad de Juan Carlos I hasta el 19 de junio de 2014, fecha en la que abdicó.

Pero la irreponsabilidad penal del monarca derivada de la inviolabilidad no le beneficiaría a partir de esa fecha y si existieran indicios de que en la actualidad mantiene bajo su control cualquier tipo de fondos presuntamente ilícitos. Esto es lo que sospecha el fiscal suizo Bertossa, que tiene abiertas unas diligencias en el seno de las cuales ha interrogado a Larsen, al gestor de patrimonios Arturo Fasana y al abogado Dante Canonica.

La Fiscalía Anticorrupción española, por su parte, dejó abiertas, tras el archivo de la pieza Carol, unas diligencias preprocesales sobre las presuntas comisiones del Ave a La Meca, que constituirían un delito de cohecho internacional. El fiscal Luis Pastor se desplazó el 12 de septiembre pasado a Londres para tomar declaración a Corinna Larsen, que, lógicamente, rebajó su conocimiento de ese asunto ya que la aportación de datos precisos sobre el contrato del tren saudí la hubiera implicado a ella misma.

El comunicado de la Casa Real no disipa en absoluto las sospechas sobre Juan Carlos I sino más bien lo contrario: en un intento de Felipe VI de formar un cordón sanitario frente a su progenitor, el comunicado viene a admitir que el rey emérito puede estar detrás de inversiones o estructuras "que pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad".

Éste es el complejo escenario con el que se encontrará Sánchez-Junco, abogado de 62 años y fiscal en excedencia. Sánchez-Junco fue miembro de la carrera fiscal durante 18 años en los que, entre otros asuntos, investigó a Mario Conde por el caso Banesto.

Un experto en penal económico

Fue fiscal de la Secretaría Técnica en la época de Eligio Hernández, nombrado fiscal general por el PSOE, y luego estuvo destinado en la Fiscalía del Tribunal Constitucional (1996) y en la Fiscalía Anticorrupción (1998). De ésta pasó en febrero de 2002 a la Abogacía.

Desde entonces ha intervenido en numerosos procesos relativos a delitos económicos: logró la absolución del exconsejero delegado del BSCH Ángel Corcóstegui por el cobro de una jubilación millonaria tras la fusión entre el Santander y el Central Hispano; ejerció la acusación particular en nombre de NCG Banco contra los exdirectivos de Novacaixagalicia, que fueron condenados; fue el defensor del exconsejero delegado de Abengoa Antonio Manuel Sánchez Ortega, absuelto de la percepción de una cuantiosa indemnización. 

El defensor del rey emérito es también abogado del empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, en un turbio asunto relativo al acoso a la dermatóloga Elisa Pinto. Aunque la doctora fue, a su vez, denunciada por acoso por López Madrid, se sospecha que ella pudo ser víctima de una operación de desprestigio de Villarejo.

Javier López Madrid, investigado también en los casos Lezo y Púnica, fue condenado en el proceso sobre las tarjetas black de Bankia, en el que fue defendido por Sánchez-Junco. El Tribunal Supremo confirmó la condena a seis meses de prisión (conmutables por una multa de 7.120 euros) impuesta al empresario, que devolvió los 33.000 euros de gastos personales cargados a la tarjeta.

En pleno escándalo de las tarjetas black, en el otoño de 2014, López Madrid recibió un mensaje de apoyo de la reina Letizia: "Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC [revista de El Mundo] y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)".

Javier López Madrid tenía entonces una estrecha relación con Felipe VI y su esposa, con la que practicaba yoga. Los mensajes que se cruzaron fueron recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario, que los intento borrar, según informó en marzo de 216 eldiario.es.

Actualmente Sánchez-Junco interviene en el caso Lezo como codefensor de Martín de Nicolás y en la pieza del caso Tándem que se refiere al BBVA como abogado de Eduardo Arbizu.