Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

España TRIBUNALES

Corinna respalda a Villarejo y abre la puerta a investigar de nuevo los negocios de Juan Carlos I

La empresaria mantiene ante notario que guarda documentos sobre las operaciones financieras del rey emérito.

La empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha confirmado ante notario que el director del servicio secreto español, Félix Sanz Roldán, la amenazó de forma directa tras su ruptura sentimental con el rey emérito y al conocer que ella guardaba información confidencial y documentos que afectaban directamente al monarca.

El documento, según adelantó El Confidencial, ha sido presentado por la defensa del excomisario José Manuel Villarejo en la querella por presuntas injurias y calumnias que Félix Sanz Roldán le presentó al mando policial en 2017. Antes de ser detenido por la operación Tándem, Villarejo mantuvo una ronda de entrevistas con distintos medios de prensa y televisión en las que mantuvo que Sanz Roldán había amenazado directamente a la empresaria de origen danés.

Ahora, el documento rubricado por la expareja del rey emérito confirma la versión aportada públicamente por el excomisario pero abre muchas más incógnitas de las que cierra. Y algunas tienen que ver con los presuntos negocios de Juan Carlos I mientras ocupaba el trono de España.

Según la documentación aportada en el juzgado, Zu Sayn-Wittgenstein guardaría documetación relevante sobre negocios privados del rey emérito. Escritos y documentos contables que confirmarían además la versión aportada por ella misma al comisario Villarejo en las cintas desveladas por este diario en verano de 2018.

En aquella ocasión, la empresaria de origen danés mantuvo por que Juan Carlos I recibió fuertes comisiones por contratos públicos entregados en el extranjero a empresas españolas. En concreto, la expareja del rey emérito citó por ejemplo el contrato del Ave a la Meca otorgado por Arabia Saudí a un consorcio publico-privado de empresas españolas.

Tras la publicación de estas grabaciones, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar su contenido. En ese procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción consideró a Juan Carlos I inimputable por su condición de jefe del Estado, pero si trazó una línea distinta para todos aquellos que participaran en esos negocios si finalmente tenían naturaleza ilegal.

Cajas con documentos

De hecho, los fiscales del caso se inclinaron entonces por investigar si las empresas españolas habían pagado realmente comisiones tras la obtención de ese contrato. Algo que por el momento no ha quedado aclarado judicialmente.

Ahora, la expareja del rey reconoce de forma oficial y voluntaria que guarda parte de esa documentación en su poder y la constancia de ello se ha presentado ya ante la Justicia española, Ahora, queda por ver el camino que tomarán estas revelaciones.

Por el momento, la documentación se ha aportado a un procedimiento que investiga únicamente las presuntas injurias y calumnias que el excomisario Villarejo realizó contra el director del CNI al mantener que amenazó a la empresaria de origen alemán. Para acreditar que decía la verdad, la defensa del comisario ha aportado la declaración jurada de Corinna reconociendo esos hechos, además de otra documentación aportada por la empresaria residente en Luxemburgo.

Corinna llega a decir en su declaración jurada que mantiene a buen recaudo "ocho cajas negras" el contenido de "16 cajas fuertes". Sin embargo, explica también que no acudirá a España a declarar al considerar que no se trata de un país seguro para ella, por lo que se ofrece a prestar declaración por videoconferencia.

Ahora, queda por ver el camino que tomará esa documentación. Parece evidente que los negocios del rey emérito y todo lo que conllevan no son la naturaleza del procedimiento que investiga las manifestaciones de Villarejo y las supuestas amenazas vertidas por el director del Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, la Fiscalía sí podría requerir esos documentos al tener conocimiento de su existencia e investigar tanto la naturaleza legal o ilegal de las operaciones como el papel de las personas (sean o no funcionarios públicos) que las hicieron posibles.