El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la Comisión Constitucional del Congreso.
La 'ley de nietos', cercada en cinco frentes: Gobierno, Junta Electoral, Supremo, Audiencia Nacional y el Parlamento
El PP fuerza la presencia de Bolaños en la Comisión Constitucional tras la decisión cautelar del Supremo.
Más información: Bolaños insta al Supremo a resolver "lo antes posible" sobre la 'ley de nietos' porque "afecta al derecho a voto, lo más sagrado"
La denominada ley de nietos afronta un escenario de máxima incertidumbre institucional. Y no sólo en un ámbito, sino en varios.
La medida que se concibió como un mecanismo para otorgar la nacionalidad española a los descendientes de quienes sufrieron el exilio por razones políticas e ideológicas se encuentra hoy cercada simultáneamente en cuatro escenarios.
El pasado martes, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho de voto de los ciudadanos que la obtuvieron al amparo de la ley de nietos y que ya figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), ahora los registros consulares tienen que acreditan si cumplen con los requisitos que exigía la norma.
La medida alcanza también a las nuevas altas: sus expedientes podrán continuar tramitándose, pero sus efectos electorales quedarán suspendidos hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia.
La decisión, por tanto, no anula las nacionalidades concedidas ni resuelve todavía el fondo del litigio. Será una futura sentencia la que se encargue de ellos.
Varios son los ministros que, tras criticar duramente la medida cautelar del Supremo y a algunos de los magistrados que la han tomado, han presionado para que el fallo definitivo no tarde en llegar.
El origen de la controversia se encuentra en una instrucción dictada por el Ministerio de Justicia poco después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno interpretó que podía presumirse la condición de exiliado de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con independencia de que pudiera acreditarse de forma individual que la salida obedeció a motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación e identidad sexual.
La dimensión electoral del conflicto se encuentra en el espectacular crecimiento del CERA durante los últimos años. El propio Supremo utiliza el incremento de 408.262 electores desde 2023 como uno de los elementos centrales para justificar la adopción de las medidas cautelares.
El Gobierno tiene sobre su tejado decidir si acabar con el contencioso. En el Ministerio de Justicia hay dos revisiones de oficio, registradas por PP y Vox, que piden la nulidad de pleno derecho de la directiva firmada por Sofía Puente. lo que supondría que la ley se ceñiría a lo aprobado en el Congreso.
En su resolución, el Supremo encargó a la Junta Electoral Central (JEC) que supervise que la Oficina del Censo Electoral (OCE) desglose qué nuevos votantes han obtenido la nacionalidad española por ser descendientes de exiliados y cuáles lo han hecho mediante la interpretación expansiva, ahora paralizada.
La JEC, encargada de velar por la transparencia de los procesos comiciales, se reúne este lunes para abordar los efectos operativos de la decisión del Supremo.
Es decir, deberá estudiar cómo aplicará el bloqueo preventivo del sufragio para los nuevos inscritos por esta vía y cómo se coordinará el flujo de datos con las oficinas consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores para separar los expedientes que responden a un tipo de los del otro.
En paralelo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estudia la posible anulación de la mencionada Instrucción, fechada el 25 de octubre de 2022 y elaborada por la entonces titular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermano del actual ministro Óscar Puente.
Esa eventual nulidad de pleno derecho conllevaría también las de las nacionalidades acordadas en virtud de la polémica Instrucción, lo que despejaría el problema, con independencia de que aquellos interesados que puedan acreditar el exilio político de sus ascendientes pudieran volver a pedir la nacionalidad.
Pero la controversia ha ido más allá del terreno jurídico y ha llegado al Parlamento.
Bolaños en el Congreso
El Partido Popular ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que dé explicaciones en la Comisión Constitucional después de la decisión del Supremo.
La ofensiva parlamentaria del PP pretende establecer las "responsabilidades" del ministro tras la resolución judicial.
El Gobierno, en palabras precisamente de Bolaños, ha expresado su desacuerdo con la suspensión cautelar del Supremo. Incluso le ha instado a resolver "lo antes posible" sobre la ley de nietos porque "afecta al derecho a voto, lo más sagrado".
![Imagen de archivo de una urna en unos comicios.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11317273.jpg?p=w:1706\/h:960&h=71iQ_GEN"])
El PP pretende ahora que el ministro explique en sede parlamentaria qué papel tuvo "un alto cargo" de su ministerio, en referencia a Sofía Puente, a la hora de "alterar una ley aprobada en el Parlamento".
El escrito registrado por el PP tiene que pasar a la Mesa del Congreso y más tarde a la de la Comisión.
Los populares auguran que la suma de PSOE y Sumar podría dilatar al máximo la comparecencia, pero creen que no podrán rechazarla, ya que el escrito es "jurídicamente" impecable.
De hecho, el ministro de Presidencia ya compareció en abril de este año en esta comisión tras una petición del PP.
![Vista sobre las medidas cautelares celebrada en el Tribunal Supremo el pasado lunes./](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11350653.jpg?p=c:1728:972:nowe:115:0\/w:1706\/h:960&h=Q14FL0pW"])
Ahora bien, Bolaños no era ministro de Justicia en octubre de 2022 y es probable que sea esa circunstancia en la que se escude.
Cuando Puente firmó la instrucción, era Pilar Llop la titular de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica dependía de su departamento.
Sin embargo, cuando Félix Bolaños asumió la cartera en noviembre de 2023, unificándola con Presidencia, mantuvo a Sofía Puente en su equipo, ascendiéndola a secretaria general.
El ministro de Justicia pidió este sábado, a través de Twitter, que el Supremo "resuelva este tema antes de las elecciones de 2027".
"El censo no puede alterarse sin base legal sólida", reprochó, en un tuit en el que compartía los argumentos de dos asociaciones progresistas (una, de jueces y la otra, de fiscales) en contra de la decisión del Supremo.
En respuesta, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, acusó a Bolaños de tratar de "presionar" a los magistrados del alto tribunal.
