La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocio Albert López-Ibor.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocio Albert López-Ibor. Marta Fernández / Europa Press

Política MADRID

El Gobierno central debe 12.367 millones de euros a la Comunidad de Madrid, el 40% del presupuesto de Ayuso

Madrid denuncia que Moncloa les obliga a asumir 206 millones por el decreto energético y otros 432 por la reducción de ratios escolares.

Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de usar el "yo decido, tú pagas" cada vez que aprueba medidas sociales que afectan a sus arcas regionales mientras que, además, no les abonan las deudas acumuladas.

Más información: Hacienda plantea cambiar la financiación autonómica para que Estado y CCAA reciban "a la vez" los ingresos de IRPF e IVA.

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Las claves

Las claves

El Gobierno central debe 12.367 millones de euros a la Comunidad de Madrid, lo que equivale al 40% del presupuesto autonómico para 2026.

Madrid denuncia una deuda consolidada creciente por compromisos no abonados, nuevas medidas estatales sin financiación y retrasos en entregas a cuenta.

Parte de la deuda incluye 2.668 millones por dependencia, 2.785 millones en infraestructuras hidráulicas y 417 millones en transporte, entre otras partidas.

La Comunidad acusa al Estado de aprobar medidas y rebajas fiscales cuyo impacto económico asumen las autonomías, dificultando la financiación de servicios públicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez debe ya a la Comunidad de Madrid 12.367 millones de euros.

Una cifra que, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, equivale al 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026 y que refleja, a su juicio, una dinámica cada vez más habitual: medidas aprobadas desde Moncloa cuyos costes terminan asumiendo las arcas autonómicas.

Y es que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Rocío Albert, ha denunciado que la situación financiera entre ambas administraciones se vuelve insostenible ya por tres frentes distintos: una deuda consolidada derivada de compromisos económicos que el Estado no está abonando; nuevas medidas aprobadas por el Gobierno central cuyo coste terminan asumiendo las autonomías; y el retraso en las entregas a cuenta del sistema de financiación por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Es decir, que mientras el Estado no abona partidas comprometidas por ley o por acuerdos previos —como la financiación de la atención sanitaria a presos en cárceles de titularidad estatal—, el Gobierno central sigue aprobando medidas cuyo impacto económico deben asumir las regiones.

"Esto ya no va de ideologías, va de dinero para pagar la educación y los servicios sociales", señalan fuentes de la Consejería de Economía, que critican que el Ejecutivo central "decide, pero las regiones pagan".

Desde el departamento que dirige Albert sostienen que muchas de estas iniciativas se aprueban "sin negociación previa y sin memoria económica", pese a su impacto directo sobre las cuentas autonómicas.

En resumen, Madrid denuncia que el esfuerzo presupuestario para sostener y ampliar los servicios públicos es cada vez mayor, tanto por la deuda acumulada que asegura seguir asumiendo como por el coste de nuevas medidas aprobadas desde el Gobierno central sin financiación asociada. O lo que es lo mismo, que Pedro Sánchez se 'libra' de pagar la cuenta.

Deuda consolidada

Según estas mismas informaciones, la Comunidad de Madrid asegura que la deuda consolidada del Estado con la región ha aumentado en casi 1.900 millones desde octubre y que gran parte de ese agujero procede de compromisos legales o inversiones comprometidas que nunca llegaron a ejecutarse.

Entre ellos, el incumplimiento de la financiación de la Dependencia —donde el Gobierno debía sufragar el 50% del sistema y apenas cubre el 27,9%—, las obras pendientes del Plan Hidrológico del Tajo o partidas relacionadas con la sanidad penitenciaria.

Según los datos ofrecidos por la Consejería, del total de 12.367 millones adeudados, 6.276 corresponden al área de Economía y Hacienda. Dentro de esa cifra destacan los 4.513 millones asociados al Fondo de Competitividad entre 2019 y 2023; otros 993 millones vinculados a la infrafinanciación de fondos europeos; y 765 millones derivados del retraso en las entregas a cuenta de 2026.

A ello se suman 2.668 millones por el déficit de financiación de la Dependencia desde 2019; otros 2.785 millones relacionados con infraestructuras hidráulicas y depuradoras pendientes; 417 millones vinculados al Consorcio Regional de Transportes; 149 millones en Sanidad; 61 millones en Justicia y otros 10 millones en Educación.

"Muchas de estas deudas vienen desde 2019 y están recurridas judicialmente", apuntan desde la Consejería, donde recuerdan además que algunas reclamaciones ya cuentan incluso con sentencias favorables, como las relacionadas con la asistencia sanitaria a reclusos. "La Justicia ha reconocido esas cantidades, pero el Gobierno sigue sin pagarlas", denuncian las mismas fuentes.

Nuevas medidas

A esta deuda acumulada, el Gobierno madrileño añade ahora el impacto de nuevas medidas impulsadas desde el Ejecutivo central que, según denuncia, obligarán a incrementar el gasto regional sin financiación adicional. Es el caso del denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado mediante Real Decreto-Ley y que incluye rebajas temporales del IVA eléctrico y de carburantes.

Aunque la Comunidad avala la bajada de impuestos, critica que no se consultara previamente a las autonomías pese a afectar a tributos parcialmente cedidos. Solo esa medida supondrá, según las estimaciones regionales, un coste de 206 millones de euros para las arcas madrileñas hasta el próximo 30 de junio.

"Un 58% de lo que suponen esas bajadas de impuestos lo soporta la Comunidad de Madrid y nadie nos ha explicado cómo se va a compensar", sostienen desde Economía, donde insisten en que "los servicios públicos hay que seguir prestándolos igualmente".

Madrid también alerta del impacto que tendrán otras iniciativas en tramitación, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas en la Administración o la bajada de ratios y horas lectivas en Educación.

Solo la reducción de ratios escolares supondría un coste estimado de 432 millones para la región, mientras que la subida salarial pactada para los empleados públicos implicará 888 millones de euros entre 2025 y 2026, cifra que podría elevarse hasta casi 2.000 millones antes de 2028.

"Así es muy fácil gobernar: yo firmo y tú pagas", resumen desde la Consejería madrileña.

Entregas a cuenta

El tercer gran foco de conflicto entre ambas administraciones está en las entregas a cuenta, es decir, los anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas procedentes de la recaudación tributaria y que representan cerca del 77% de los ingresos regionales.

La Comunidad denuncia que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado está provocando retrasos reiterados en la actualización de esas cantidades. Según los cálculos del Ejecutivo madrileño, la región ha dejado ya de percibir más de 750 millones de euros este año por no haberse actualizado las entregas conforme al crecimiento real de la recaudación.

"No se puede gobernar igual sin presupuestos porque esto tiene consecuencias muy graves para las regiones", afirman desde Economía.

El año pasado, recuerdan, las actualizaciones quedaron bloqueadas durante siete meses tras decaer un decreto ómnibus del Gobierno y no llegaron hasta julio, obligando a la Comunidad a financiarse por su cuenta para sostener servicios esenciales.

Este año, según denuncian, la situación vuelve a repetirse. "Estamos en mayo y seguimos sin saber cuándo llegarán las entregas a cuenta actualizadas", explican fuentes de la Consejería, que cifran en 376 millones mensuales la cantidad que Madrid deja actualmente de recibir respecto a lo que le correspondería.

Pero, ¿cuál es el problema si el dinero llegará igual? Pues que durante el tiempo en el que el Ejecutivo retrasa las entregas a cuenta, Madrid debe encontrar formas para seguir financiando los servicios que presta sin que estos se vean mermados. Y eso, insisten, nadie se lo compensa. Es decir, que aunque Madrid haga de 'banco' para hacer frente esos retrasos de entregas a cuenta, nadie les paga los intereses.

Por esta última situación, la consejera Albert ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, reclamando la aprobación "urgente" de un Real Decreto específico para actualizar esas entregas sin mezclarlas con otras medidas legislativas. Algo que ocurrió hace unas semanas cuando lo presentaron junto al real decreto para limitar el precio del alquiler.

Desde el Gobierno madrileño insisten en que esta situación no afecta únicamente a Madrid, sino al conjunto de las comunidades autónomas.

"Todas las regiones están teniendo que asumir con sus propios recursos medidas aprobadas por el Gobierno central y todas sufren el retraso de las entregas a cuenta", subrayan desde la Consejería, que advierte de que el problema "afecta directamente a la liquidez con la que se sostienen los servicios públicos en toda España".