La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eduardo Parra / EP

Política

El Gobierno adeuda 10.500M a Madrid en prestaciones: 2.430 para dependencia, 268 para transporte, 44 para Justicia...

El equipo de Ayuso reclama un nuevo sistema de financiación autonómica "moderno y transparente" que corrija los desequilibrios actuales. "Madrid es la que más aporta, y la que menos recursos recibe".

Más información: Ayuso reclama a Sánchez 33 millones de euros por la atención sanitaria que reciben los presos de cárceles de Madrid.

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La Comunidad de Madrid cifra en más de 10.500 millones de euros la deuda que el Estado mantiene con la región desde 2019 por servicios públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez "impone, pero no financia", pese a que la ley le obliga a hacerlo.

Mejoras en la ley de dependencia, gratuidad en el transporte público para jóvenes o intervenciones en la cuenca del Tajo (por mandato de la Confederación Hidrográfica) son algunas de las partidas que, según el Ejecutivo regional, están pendientes de pago por la Administración central.

Así lo ha denunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro con medios de comunicación. Allí ha advertido que los hechos "van más allá de una mera cuestión contable".

Desde la Comunidad de Madrid acusan al Gobierno de España de practicar "una pérdida de cortesía institucional" hacia la Administración regional. "Estamos cumpliendo con todos los madrileños y cubriendo servicios que el Estado debería financiar", señalan.

El fondo de la cuestión, según denuncia el equipo de Ayuso, es que el Ejecutivo central regula con leyes nuevas prestaciones que se compromete a costear (como los descuentos en el abono transporte), pero al final tiene que financiarlas la Administración autonómica con sus propios recursos.

¿Dónde les debe dinero Sánchez?

Entre los principales incumplimientos del Ejecutivo central, la consejera Rocío Albert cita la Ley de Dependencia, que establece que el Estado debe sufragar el 50% del coste total.

"Ese compromiso nunca se cumple", ha denunciado, lo que ha obligado al Gobierno regional a aportar 2.430 millones de euros adicionales desde 2019.

Preguntada por cómo está afectando esta situación a los servicios públicos, Albert admite que "vamos cubriendo todos los agujeros, pero esos recursos propios que destinamos a dependencia lo podríamos dedicar a innovación", si el Gobierno cumpliera sus compromisos.

El Ejecutivo autonómico recuerda que el Gobierno de Sánchez tampoco ha ejecutado 221 actuaciones del Plan Hidrológico del Tajo que afectan a Madrid y están valoradas en 1.580 millones de euros.

A ello se suman las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur, declaradas de Interés General del Estado y con un importe superior a 1.200 millones, esenciales para cumplir con la normativa comunitaria.

En otras áreas, el Estado debe al Consorcio Regional de Transportes 268 millones correspondientes al ejercicio de 2025; 44 millones por la financiación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, y 27 millones por la asistencia hospitalaria de los presos en las cárceles madrileñas, una situación que ya ha denunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Sistema de financiación

Desde la Comunidad de Madrid vinculan directamente estas deudas con la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica "moderno y transparente" que corrija los desequilibrios actuales. "Madrid, siendo la que más aporta, es la que menos recursos recibe", ha lamentado la consejera.

Albert ha criticado que el Gobierno central esté pactando unilateralmente la financiación de Cataluña, algo que calificó de "un cupo como el vasco o un concierto como el navarro, pero a diferencia de estos no está recogido en la Constitución".

"La Comunidad de Madrid aporta recursos, mientras que el resto son receptores", ha señalado, "por eso no todos podemos pedir una financiación singular, porque lo que recaudan las demás regiones es menos de lo que necesitan. Están intentando generar una república solucionando su problema monetario", ha añadido.

La consejera ha anunciado que la Comunidad ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra ese acuerdo, al considerarlo "nulo de pleno derecho, y porque los criterios sobre los que está construido son partidarios ".

En defensa de la posición madrileña, Albert ha subrayado que el criterio que debe primar es la población, aunque se abre a un debate donde también entre la dispersión geográfica, como por ejemplo pide Castilla- La Mancha.

"No estamos en el principio de ordinalidad, porque si no se destruiría todo el sistema de las comunidades autónomas. Los que más tienen deben que contribuir a la redistribución. Es importante contar con nuevos recursos para poder distribuirlos de manera justa", ha concluido.

Albert también alude al trato injusto que, a su juicio, recibe Madrid en el reparto de los fondos europeos.

Hasta abril de 2025, Madrid ha recibido 3.242 millones de euros, el 11,3% del total asignado a las autonomías, pese a representar el 14,6% de la población nacional, lo que se traduce en 950 millones menos.