Anboto, una de las etarras más sanguinarias, hace unos días a su salida de prisión.
El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras "las liberaciones de etarras" por el "pacto" de Sánchez y Bildu
Génova presentará una iniciativa no de ley en el Congreso para evitar que ese mecanismo excepcional del artículo 100.2 que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena se convierta en norma.
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El PP exige un cambio del reglamento penitenciario tras "las liberaciones de etarras" registradas en las últimas semanas, como Txeroki o Anboto, y que, a juicio de Génova, obedecen al "pacto político" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Bildu.
Así lo ha manifestado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, un día después de conocer que el preso Ángel Tellería Uriarte, uno de los asesinos de la primera policía víctima de ETA, disfruta de la semilibertad al aplicársele el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta norma permite flexibilizar el cumplimiento de la condena, de forma que Tellería podrá salir de la cárcel de Zaballa de lunes a viernes, aunque deberá volver para dormir.
La formación liberada por Alberto Núñez Feijóo va a presentar una iniciativa no de ley en el Congreso para evitar que ese mecanismo excepcional del reglamento penitenciario se convierta en norma.
Gamarra ha indicado en unas declaraciones a la agencia Europa Press que la liberación de Tellería responde a una "nueva cesión a Bildu por parte del sanchismo". "Otro etarra sale de la cárcel por decisión del Gobierno vasco. Exigimos el cambio del reglamento penitenciario", ha dicho, para añadir que "las liberaciones de etarras no se pueden producir en función del interés personal de Sánchez".
El PP ya registró en el Congreso hace unas semanas una proposición no de ley con la que persigue que el Gobierno lleve a cabo una reforma legal para garantizar que los condenados a prisión permanente revisable no puedan obtener ningún tipo de beneficio penitenciario. Fue su respuesta política a la semilibertad concedida a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki y uno de los exjefes de la banda terrorista.
El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene (Guipúzcoa).
Cuca Gamarra ha indicado que todo "esto forma parte del pacto político" entre Sánchez y Bildu y que, a su juicio, es el "mayor ejemplo de corrupción política y moral del sanchismo" porque "ha convertido la política penitenciaria en un instrumento a su servicio para afianzar acuerdos y poder cumplir compromisos".
La dirigente popular ha destacado que en la pasada legislatura se llevó a cabo una "política de acercamientos" de etarras y ha añadido que "el segundo hito fue la cesión de la competencia en materia penitenciaria al Gobierno vasco". Y en ese contexto, ha proseguido, se producen las aplicaciones de los terceros grados y beneficios penitenciarios.
"Nosotros lo que defendemos es que sin arrepentimiento y sin colaborar con la Justicia no pueden acogerse a beneficios penitenciarios de esta manera tan arbitraria", ha manifestado la dirigente del PP, que ha resaltado que hay "400 asesinatos de ETA sin resolver".
Prisión permanente
Tras recalcar que se trata de "terroristas condenados con una cantidad de años importante", Gamarra ha insistido que esas liberaciones evidencian la "utilización de la política penitenciaria como un instrumento para la corrupción política". "Es para un beneficio político propio, no del país", ha resaltado.
Para el PP resulta "inadmisible" que esta interpretación de la regulación penitenciaria "burle", por la vía de la ejecución de la condena, la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales, en especial la prisión permanente revisable.
Aunque los etarras no fueron condenados a prisión permanente revisable -una pena que data de 2015-, la concesión de semilibertades ha alertado sobre la necesidad de modificar la legislación penitenciaria en lo que respecta al acceso a beneficios de los condenados con esta pena.
Por eso, el PP ha aprovechado esta iniciativa -en la que pide al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para incorporar una regulación "específica y diferenciada" de la prisión permanente revisable- para sugerir al Ejecutivo un cambio legal para impedir que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse de un modelo de ejecución de la pena combinando aspectos característicos del segundo y tercer grado.
