Sánchez anuncia vía 'tuit' que llevará a Ayuso a los tribunales por negarse a crear un registro de objetores del aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, a través de un mensaje en redes sociales, que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por incumplir la ley tras negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha indicado que el Gobierno solicitará hoy mismo a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha escrito en un mensaje en X en el que denuncia que el Gobierno de Ayuso deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas, algo que considera "un derecho esencial convertido en negocio". "No lo vamos a permitir", ha advertido. 

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La respuesta de Ayuso no se ha hecho esperar y ha afirmado que sólo "un dictador" puede obligar a los sanitarios a hacer "lo que no quieren".

"Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. El PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado", ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid también en un mensaje en redes. 

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos públicos para garantizar el derecho al aborto.

En concreto, ha denunciado que la Comunidad de Madrid "ha ignorado" el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se le recordaba la exigencia de crear este registro. También se envió dicho requerimiento a Aragón y Baleares, que ya han puesto en marcha los registros de objetores. 

"Constatado su rechazo a hacerlo", el Gobierno ha iniciado este lunes acciones legales "para hacer que se respete la ley".

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"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (...) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones", ha subrayado Moncloa.

El Ejecutivo ha insistido en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.

"El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública", ha advertido el Ejecutivo