El preámbulo de la Ley de Amnistía deja en evidencia a todos los socialistas que la vieron inconstitucional

Hasta que la aritmética parlamentaria dibujada el 23-J hizo necesarios los apoyos de Junts para investir a Pedro Sánchez, los dirigentes del PSOE se prodigaron en manifestaciones diciendo que una ley de amnistía era inconstitucional.

Hoy, la exposición de motivos de la Ley de Amnistía presentada a los medios rebate uno por uno aquellos argumentos esgrimidos y deja en evidencia a los líderes socialistas.

Todo ello empieza por el propio Pedro Sánchez. En septiembre de 2021, tras una reunión con Pere Aragonès, dijo ante los medios de comunicación que "la amnistía y el referéndum no son posibles porque la Constitución no los incorpora".

Un año más tarde, en noviembre de 2022, cuando anunció en una entrevista que iba a reformar los delitos de sedición y malversación, se le preguntó si esa era la exigencia de ERC para aprobar sus Presupuestos Generales del Estado. El presidente dijo que no, porque el independentismo "lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española".

Ahora, en la larga exposición de motivos que tiene el proyecto de Ley de Amnistía, se puede leer todo lo contrario. "La constitucionalidad de la amnistía fue declarada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 147/1986, de 25 de noviembre, a propósito precisamente de la aplicación de la Ley 46/1977", en referencia a la amnistía de 1977.

[La Ley de Amnistía obliga a los jueces a archivar todas las causas sobre el procés en un máximo de 2 meses]

En otro epígrafe del texto se puede leer, además, que la amnistía de 1977 "ha establecido los requisitos para que una ley de estas características pueda ser válida en nuestro ordenamiento jurídico". Al contrario de lo que defendía entonces Sánchez, el preámbulo de la norma sostiene que sí es constitucional y que sí entra en la legislación.

También contradice las declaraciones que hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en abril de 2019. "La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico", aseguró antes de las elecciones generales de ese mismo mes.

Es más, el texto no sólo dice que es constitucional, sino que le atribuye unos valores que van más allá. "La amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional".

La norma también recuerda que "la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino sólo una manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente".

Hubo un tiempo, en cambio, en el que el PSOE sí interpretaba que la amnistía era equivalente a un indulto general. Así se pronunció en junio de 2021, cuando el Gobierno preparó los indultos para los líderes del procés.

"Claramente inconstitucional"

El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, elaboró un informe para explicar los indultos donde detallaba que la Constitución prohíbe los indultos generales, y que por eso no iba a aplicar una amnistía.

"Este tipo de indultos habrían sido duramente criticados por la doctrina, pues se sitúan a caballo entre la amnistía y el indulto", se puede leer en aquel informe. "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", añadía.

Ese mismo argumento fue esgrimido de nuevo por el PSOE unos meses antes, en marzo de 2021. Los partidos independentistas registraron en el Congreso una ley de amnistía que fue rechazada por los letrados en su calificación, el primer paso para su tramitación parlamentaria.

Los servicios jurídicos de la Cámara Baja aseguraron que lo que se pretendía era "un indulto generalizado" y que entraba en contradicción con el artículo 62 de la Constitución que los prohíbe.

El PSOE, capitaneado entonces en el Congreso por Adriana Lastra, avaló la lectura de los juristas y votó en contra. "No tenía cabida en la Constitución", aseguró la entonces portavoz.

Por último, una de las críticas que más se está haciendo ahora por parte de aquellos que rechazan la amnistía es que terminaría con la separación de poderes. El PSOE llegó a defender esta postura. Lo hizo el 27 de abril de 2021 Carmen Calvo, entonces todavía vicepresidenta.

En una sesión de control al Gobierno, aseguró en el Congreso que la amnistía a los condenados y procesados por el procés no podía tener cabida en un Estado democrático, ya que implicaría la abolición del Poder Judicial. Consideraba que el Poder Legislativo estaría entrometiéndose en las labores de la judicatura.

De nuevo, el texto de la ley que se va a registrar dice todo lo contrario. "Cabe subrayar que la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción previsto en el artículo 117 de la Constitución porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que, dentro de los parámetros antes expuestos, prevé los supuestos de exención de la responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales" su aplicación.

Al desdecirse en esta norma de todas sus afirmaciones anteriores, el PSOE ha conseguido los apoyos necesarios de Junts, el partido de Carles Puigdemont, y Sánchez será investido en el Pleno que se celebrará este miércoles y jueves. Al tener mayoría absoluta, con 179 apoyos, lo logrará sin necesidad de una segunda votación.