Fachada de un edificio 'okupado' en el centro de Valladolid. EE
El plan del PP contra los okupas: juicios rápidos, desalojo exprés y penas más duras para las mafias
Ciudadanos registró una propuesta similar, que exime al propietario de pagar el recibo de los suministros mientras dure la okupación.
20 agosto, 2022 03:15El plan del PP contra el fenómeno de la okupación prevé la celebración de juicios rápidos para que el juez pueda ordenar el desalojo, permite a la Policía actuar de forma inmediata si constata que se produce un delito flagrante y endurece las penas, con hasta ocho años de cárcel, para las mafias.
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados su proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal.
La aprobación de la norma supondría la modificación de seis leyes: el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley del Jurado y la legislación en materia fiscal.
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El texto registrado por el PP, y firmado por Cuca Gamarra, define la ocupación ilegal de viviendas como "la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real".
La propuesta establece que, una vez los agentes de autoridad requieran al okupa para que desaloje la vivienda, este tendrá un plazo de 24 horas para presentar algún título que lo acredite como propietario del inmueble.
Si no lo hace, señala el texto, "la autoridad pública o sus agentes procederán al lanzamiento inmediato". El PP propone modificar el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido. Estos dos ilícitos penales dejarán de estar sometidos a la Ley del Jurado.
Del mismo modo, el PP propone modificar el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, puedan agilizar el procedimiento para reclamar la recuperación de su inmueble.
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El texto propone elevar a entre seis y 18 meses de prisión la pena para quien okupe una vivienda contra la voluntad de su propietario (ahora le pena es de tres a seis meses, según el artículo 245 del Código Penal).
Si la okupación se produce "con violencia o intimidación a las personas", la pena sería de uno a tres años de cárcel. En todos los casos, si la ocupación ilegal se prolonga durante más de 15 días se impondrá la pena en su rango superior.
Si el okupa devuelve el inmueble a su propietario en un plazo máximo de 48 horas, la pena podrá ser conmutada por trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 o 90 días) o una multa de dos a doce meses.
Pero los populares ponen el énfasis en la lucha contra las mafias que se dedican a identificar y okupar inmuebles vacíos, a menudo con la finalidad de subarrendarlos o convertirlos en narcopisos.
Los vecinos podrán denunciar
El PP propone elevar la pena hasta los ocho años de cárcel, cuando la ocupación ilegal haya sido resultado de la actividad de una de estas mafias. E indica una pena de tres meses a un año de cárcel para quien señala o recomiende okupar un inmueble vacío, por "incitación a la ocupación".
La proposición de Ley Orgánica planteada por el PP también establece que los okupas no podrán inscribirse en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite. Los ayuntamientos estarán obligados a dar de baja del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el propietario.
Por otro lado, el texto registrado también pretende habilitar a las comunidades de vecinos para denunciar ante el Juzgado la presencia de un okupa, en caso de que desarrolle cualquier tipo de actividad "molesta, insalubre, nociva, peligrosa o ilícita".
El juez podrá ordenar así el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar los "daños y perjuicios oportunos". Este artículo pretende acabar con los narcopisos y pisos patera que son resultado de la ocupación ilegal.
Del mismo modo, cuando una comunidad de vecinos tenga conocimiento de que ha quedado vacía una vivienda del edificio y existe riesgo de ocupación ilegal, "pondrá en conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como tapiar puertas o cerrar puertas o ventanas".
Por último, el PP propone modificar la legislación fiscal para eximir al propietario del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto del Patrimonio, durante el tiempo que dure la ocupación ilegal.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha advertido que esta propuesta copia algunos aspectos de la Proposición de Ley contra la ocupación ilegal de viviendas registrada por el partido naranja en julio de 2020, que elaboró junto a Joan Mesquida (fallecido aquel mismo año).
La propuesta de Ciudadanos (Cs) establecía un procedimiento "rápido, sumario y preferente", para que los Juzgados puedan ordenar el lanzamiento inmediato si el okupa no logra acreditar ningún título de propiedad, una vez sea requerido por las fuerzas de seguridad.
La propuesta de Cs
Del mismo modo, Ciudadanos (Cs) pide en su propuesta establecer un turno de oficio de abogados y procuradores especializado en materia de supuestos de ocupación ilegal de inmuebles, dado que a menudo las familias afectadas por una ocupación ilegal no pueden asumir los gastos del proceso judicial.
El partido de Inés Arrimadas también pide que los okupas no puedan registrar el inmueble en el catastro municipal, pues este trámite les permitiría inscribirse luego como titulares en el Registro de la Propiedad, una vez pasado el plazo de dos años.
Edmundo Bal destaca que la propuesta de su partido exime a los propietarios del inmueble de pagar los recibos de suministros (como agua, luz o gas) mientras dura la ocupación. De acuerdo con la legislación actual, si el propietario corta estos suministros puede ser procesado por un delito de coacciones, algo que Ciudadanos quiere evitar.
Por último, Bal señala que todas estas medidas deben ir acompañadas de un incremento de la bolsa municipal de viviendas sociales, tal como propone su grupo, para evitar que familias sin recursos se vean abocadas a la okupación.
