El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras mantener una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras mantener una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Europa Press

España

Ángel Víctor Torres, de señalado en tres causas de corrupción a mando único de una crisis que también afecta a Canarias

El ministro de Política Territorial, y no Marlaska como responsable de Interior, ha sido el elegido por Sánchez para liderar la respuesta en Ceuta.

Los contratos de Aldama, la cena con Ábalos y el constructor Ruz y la declaración de una testigo le vinculan a diferentes tramas corruptas.

Publicada
Actualizada
Las claves

Las claves

Ángel Víctor Torres asume el mando único en Ceuta para coordinar la respuesta a la crisis migratoria tras la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional.

Torres ha sido señalado en tres causas de corrupción recientes, relacionadas con contratos de emergencia sanitaria, adjudicaciones públicas y supuestos cobros de comisiones, aunque no ha sido imputado.

Durante su presidencia en Canarias, se adjudicaron contratos millonarios a empresas vinculadas a la trama Koldo y a empresarios como Víctor de Aldama y Noel Jammal, bajo sospecha de irregularidades.

La decisión de Pedro Sánchez de nombrar a Torres en Ceuta tiene también una intención política y busca reforzar su imagen antes de las próximas elecciones autonómicas en Canarias.

Ángel Víctor Torres asume este martes el mando único en Ceuta tras declarar el Gobierno la situación de interés para la Seguridad Nacional y coordinará la respuesta a la invasión marroquí.

El Ejecutivo de Sánchez toma así las riendas un mes después de que lo pidiera públicamente el presidente ceutí Juan Jesús Vivas. Sin embargo, llama la atención la elección de Torres como mando único para esta gran crisis.

El ministro de Política Territorial se ha visto salpicado hasta en tres grandes causas de corrupción en los últimos meses, aunque hasta la fecha no ha sido imputado en ninguna de ellas.

Torres fue una pieza clave para que la empresa vinculada a Víctor de Aldama percibiera 6,87 millones de euros en contratos durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

El entonces presidente de Canarias agilizó, según demuestran sus conversaciones con Koldo García halladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los pagos a la empresa de Aldama.

Además, la influencia de Ábalos y Koldo fue clave para que Soluciones de Gestión SL recibiera las adjudicaciones del Gobierno de Canarias.

Según declaró Aldama, Koldo llegó a pedirle también una comisión de 50.000 euros para Torres por los contratos de las mascarillas.

Por otro lado, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, Torres cenó en su casa con Ábalos y el constructor José Ruz cuatro días antes de licitar la obra en la que le adjudicó siete millones de euros con la peor oferta económica.

La UCO investiga la obra porque sospecha que la constructora Levantina recibió información clave de la licitación y que se hinchó la valoración subjetiva del proyecto de la empresa valenciana.

Por último, tal y como publicó en exclusiva este periódico, una testigo declaró que vio a Ángel Víctor Torres recoger una mochila con billetes en casa del empresario Noel Jammal, pero la Fiscalía Europea no lo corroboró.

Herennia Trillo situó el supuesto pago durante un encuentro en Madrid, en la lujosa casa del empresario hispano-libanés investigado por haber recibido adjudicaciones fraudulentas del Gobierno de Canarias durante la Covid-19.

Decisión política

Todas estas causas de corrupción en las que Torres ha sido señalado no han sido impedimento para que Pedro Sánchez le nombre ahora mando único en Ceuta.

La decisión de Sánchez tiene también una intención política. Por un lado, al nombrar al ministro de Política Territorial y no al de Interior o a la de Defensa, indica que la invasión marroquí en Ceuta es un problema interno de España.

Por otro lado, describir la situación como una crisis migratoria y no como una invasión del territorio español. Asimismo, señala que existe un problema de coordinación con las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular.

Llama la atención que el elegido para asumir el mando único de la emergencia en los grandes incendios que afectaron a la Comunidad de Madrid y Ávila fuera el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, ante una invasión como la sufrida en Ceuta, Sánchez ha preferido al ministro responsable de Política Territorial.

Con ello también potencia la imagen de Torres, que volverá a ser el candidato del PSOE en las elecciones autonómicas del próximo año en Canarias.

La inmigración es uno de los principales problemas que afecta también a Canarias, comunidad que Torres ya gobernó entre 2019 y 2023.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Ceuta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Ceuta. EP

Caso mascarillas

Bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, el Servicio Canario de la Salud adjudicó por emergencia cuatro contratos a Soluciones de Gestión, una de las empresas situadas en el centro del caso Koldo, por más de 12 millones de euros.

El contacto se activó en abril de 2020. Antonio Olivera, entonces director del Servicio Canario de la Salud y después jefe de Gabinete de Torres en el Ministerio, pidió una oferta a Íñigo Rotaeche, administrador de la mercantil.

"Íñigo, prepárame una oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad", pidió Olivera a Rotaeche el 21 de abril.

Un día después se adjudicó un pedido de 2.750.000 mascarillas por 6.875.000 euros. La UCO sitúa a Koldo García como intermediario y a Víctor de Aldama como comisionista vinculado a la empresa.

Las sospechas sobre la compra surgieron pronto. Técnicos del Hospital Universitario de Canarias advirtieron de que varios modelos no podían utilizarse como FFP2 en el ámbito sanitario.

Al menos 837.800 mascarillas de las 2,75 millones compradas resultaron ser defectuosas ya que no reunían la categoría contratada.

El entonces presidente asumió personalmente las gestiones para lograr que los pagos pendientes se llevaran a cabo.

En julio de 2020 comunicó a Koldo que presionaría a la responsable económica del Servicio Canario de la Salud, que reclamaba validaciones antes de autorizar los abonos.

En una nota de voz reconoció que existía "resistencia" a pagar "sin las comprobaciones de las validaciones", aunque defendió la "excepcionalidad" de la factura. En otro mensaje fue más explícito: "O lo soluciona o la levanto para el aire".

El Ejecutivo volvió a tasar parte del material como mascarillas quirúrgicas. Torres informó a Koldo del acuerdo: "Solucionado por ambas partes. Abre el vino". El entonces asesor del Ministro de Transporte le agradeció después su implicación.

Víctor de Aldama declaró que Koldo le pidió 50.000 euros supuestamente destinados a Torres a cambio de esas gestiones, aunque aseguró que se negó a pagarlos. El ministro niega haber solicitado o recibido comisiones.

El empresario aportó además facturas de un piso alquilado en el número 25 de la calle Atocha el 9 de noviembre de 2018. Sostuvo que acogió una cita con prostitutas en la que incluyó a Torres, Ábalos y Koldo.

Obra pública

El segundo frente conduce hasta José 'Pepe' Ruz. El dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción mantuvo una relación estrecha con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, y aparece en la investigación sobre adjudicaciones supuestamente amañadas.

Ruz se interesó por la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria, antes del concurso definitivo. En diciembre de 2021 preguntó a Koldo si había hablado "con el canario". El exasesor respondió que el asunto "ya está solucionado".

La primera licitación quedó anulada por defectos en los pliegos. El expediente volvió a publicarse el 13 de febrero de 2022, cuatro días después de que Torres recibiera en su residencia oficial de Las Palmas a Ábalos, Koldo y Ruz para una cena.

Levantina obtuvo el contrato, valorado en siete millones de euros. Presentó la peor oferta económica de las ocho aspirantes, pero logró la máxima puntuación en los criterios sometidos a juicio de valor.

OHLA recurrió por considerar desigual la valoración técnica, aunque el tribunal administrativo desestimó su reclamación. La UCO analiza si la puntuación subjetiva estuvo amañada y si Levantina conoció información relevante de los pliegos.

La adjudicación recayó formalmente en la Consejería de Hacienda, dirigida por Román Rodríguez. Levantina acumuló retrasos, abandonó la obra sin terminar en diciembre de 2023 para después entrar en concurso de acreedores.

Koldo puso también a Ruz en contacto con Héctor Izquierdo, entonces presidente de la sociedad estatal Segipsa y persona de confianza de Torres, para resolver su clasificación de contratista.

Ruz era uno de los constructores más cercanos a Koldo García y aparece en varios casos dentro de la trama.

Aldama declaró que Ruz pagó comisiones a Ábalos y Koldo, y que él recibió 77.500 euros y la demolición del Club Natación Sevilla de forma gratuita, algo que estaba valorado en más de 200.000.

Otra UTE participada por Levantina consiguió una obra de la A-12 por 70 millones tras obtener la máxima valoración subjetiva.

Caso Damco

El tercer foco pertenece a otra investigación. El caso Damco examina 13 contratos sanitarios adjudicados entre 2020 y 2021 por el Servicio Canario de la Salud a Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por el empresario hispano-libanés Noel Jammal.

Las diez adjudicaciones a Damco y las tres a Tanoja sumaron 23.927.610 euros. Parte se financió con fondos europeos, lo que activó la competencia de la Fiscalía Europea.

Las pesquisas estudian si los pagos respondieron a suministros reales y justificados o encubrieron sobreprecios, comisiones y desvíos.

La acusación cuestionó inicialmente entre 9 y 10 millones de euros. La investigación de la UDEF siguió el rastro del dinero hasta varias cuentas bancarias en Reino Unido y Sudáfrica.

La conexión directa con Ángel Víctor Torres surge del testimonio de Herennia Trillo. La crítica de arte declaró en septiembre de 2023 que vio al expresidente canario recoger una mochila con fajos de billetes en una vivienda de Jammal en Madrid, a comienzos del otoño de 2020.

Trillo aportó además datos sobre la casa y el entramado empresarial de Jammal. Algunos detalles ajenos a la supuesta entrega fueron comprobados posteriormente por la UDEF.

En la investigación figuran como investigados Jammal, el exdirector del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez y otros responsables públicos y empresarios.

Torres ha negado siempre haber cobrado comisiones y sostiene que dejaría la política si alguien demostrara que pidió "un solo euro".