Corrala interior del acuartelamiento de Batalla del Salado.
Marlaska acumula "impagos millonarios" con 300 guardias civiles en cotizaciones a la Seguridad Social
La Tesorería General de la Seguridad Social comienza a regularizar de oficio estas cotizaciones de Interior que conciernen a cientos de agentes.
Más información: La Guardia Civil, obligada a incorporar a un agente por valoración "deficiente" en la entrevista de trabajo.
El Ministerio del Interior lleva años incurriendo en impagos "millonarios" de las cotizaciones a la Seguridad Social de cientos de guardias civiles. Estos agentes ingresaron en la Guardia Civil por orden judicial tras haber sido declarados no aptos en un primer momento. Es el caso, por ejemplo, de un efectivo que tuvo que ser admitido tras ser excluido por un cáncer previo que ya había superado.
Estas resoluciones, dictadas por Tribunales Superiores de Justicia de toda España siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, reconocen que los afectados deben incorporarse con plenos derechos económicos y administrativos, incluyendo la antigüedad y el abono retroactivo de sus retribuciones.
Sin embargo, una de las obligaciones impuestas por estos fallos no se ha cumplido durante años por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska: la cotización a la Seguridad Social desde la fecha en la que debieron haber ingresado en el Instituto Armado.
Aunque los tribunales establecen que los guardias deben ser considerados como miembros del cuerpo desde la fecha original de ingreso, Interior solo ha abonado los salarios atrasados, sin llegar a realizar las cotizaciones sociales correspondientes a ese periodo.
Estas cotizaciones son fundamentales para el cálculo de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y otras coberturas sociales. Por ello, su impago perjudica gravemente los derechos de los afectados y daña las arcas públicas.
Una reciente solicitud presentada por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, en representación de uno de los agentes, ha provocado que la Tesorería General de la Seguridad Social comience a regularizar de oficio estas cotizaciones, reclamando a Interior ese dinero. Desde este despacho estiman que hay al menos otros 300 agentes en la misma situación.
Esta solicitud, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está fechada el pasado 31 de enero y corresponde a un agente de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona. Lo que Interior estaría dejando de pagar a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales para jubilación oscila en torno a los 650 euros por mes y afectado, según las fuentes jurídicas consultadas, que califican los hechos como "fraude millonario".
Los agentes se están dando cuenta de que desde Interior no están pagando a la Seguridad Social en esos periodos. Todos ellos se han percatado al pedir su certificado de vida laboral, donde todo viene reflejado. Es entonces cuando un centenar de ellos se han puesto en contacto con Suárez-Valdés para denunciar su situación.
Hay afectados a los que se les adeuda la cotización de hasta cuatro o cinco años, señalan desde este despacho. Esto es lo que vienen tardando en resolverse los contenciosos de los agentes que son finalmente admitidos en el Instituto Armado tras sus reclamaciones.
Esto último no es una deuda que el Ministerio tenga con los guardias de forma directa, sino con la Seguridad Social por falta de pago de las cotizaciones sociales de sus guardias civiles, que desde el año 2011 cotizan a la Seguridad Social en lugar de a clases pasivas.
Ninguna sanción
A pesar de la "gravedad" de los hechos, hasta el momento no consta ninguna sanción contra el Ministerio del Interior por parte de la Inspección de Trabajo ni ninguna actuación de la Fiscalía.
Este trato contrasta con la dureza con la que la Administración actúa contra empresarios privados, quienes en casos similares han sido imputados y condenados por delitos de fraude a la Seguridad Social, conforme al artículo 307 del Código Penal, que contempla penas de prisión de hasta cinco años y multas de hasta seis veces la cantidad defraudada.
Según señalan desde el despacho Suárez-Valdés, "la falta de consecuencias legales para el Ministerio del Interior genera un evidente agravio comparativo y plantea serias dudas sobre la igualdad ante la ley en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social".
