Asociaciones de víctimas equiparan la amnistía a la 'doctrina Parot' que sacó a la calle a más de 60 etarras

Tal y como adelantó este miércoles EL ESPAÑOL, PNV y EH Bildu trabajan discretamente para encontrar la manera de que los beneficios penales a los encausados del procés puedan aplicarse también, de una forma u otra, a los presos de ETA.

Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente de la asociación Dignidad y Justicia, sostiene que con el Gobierno ha cruzado un umbral que no había traspasado hasta ahora: "Se está abriendo una puerta que nunca se había abierto. El terrorismo yihadista podría verse beneficiado por esta ley, sobre todo algunos radicales que fueron detenidos por cometer delitos de autoadoctrinamiento. Obviamente, también los etarras".

A juicio del vicepresidente de este colectivo, "el peaje que vamos a pagar por amnistiar el terrorismo de los CDR es igual que el de la doctrina Parot". La derogación de la llamada doctrina Parot puso en la calle a más de 60 de presos etarras.

La doctrina final emana de una serie de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en respuesta al litigio iniciado por el etarra Henri Parot sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios. El TEDH instó a que las reducciones de condena se aplicaran sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión permitido, y no sobre el total de años de condena. 

"No existe un terrorismo de primera y uno de segunda", continúa Víctor Valentín Cotobal, que cuestiona el último cambio en la ley de amnistía que sólo considera no amnistiable el terrorismo que no haya generado "violaciones graves de derechos humanos".

"No hay una definición única del terrorismo, pero es una vulneración de los derechos humanos ya de por sí. No existe ningún delito de terrorismo que no vulnere los derechos humanos", subraya.

En la práctica, la norma podría dar pie a que etarras sin delitos de sangre que todavía siguen en prisión pudieran acceder a medidas de gracia. Todo sobre la base de esa diferencia de terrorismos que ha aceptado el PSOE para cumplir con las últimas exigencias de Junts.

"Retroceso"

Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la norma supone "un retroceso en nuestro modelo de protección a las víctimas y un disparate jurídico. ⁠El terrorismo es por definición una violación grave de derechos humanos".

Para la AVT, el Ejecutivo socialista está cerrando pactos en los que ya todo es posible, hasta que los etarras se beneficien de la ley. "Hacer categorías de gravedad en función de lo que le interese al Gobierno, además de una inmoralidad, contraviene la directiva europea contra el terrorismo de 2017", explica.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) observan estos acontecimientos con preocupación. Les inquieta que ya se haya comenzado a notar un trato de favor a los presos etarras.

"Nos preocupa que el Gobierno vasco está otorgando ya terceros grados a presos de ETA sin que muestren arrepentimiento, un requisito legal. Los otorgan, si no fraudulentamente, con una laxitud bastante preocupante", indican desde la entidad.

Los etarras, dice COVITE, no han manifestado ningún arrepentimiento: "No están arrepentidos porque vemos fotos de esos terroristas en las manifestaciones exigiendo su excarcelación y llamándoles presos políticos. Si se dejan utilizar de esa manera no nos parece que estén arrepentidos".

Tal y como reveló la semana pasada EL ESPAÑOL, parlamentarios separatistas vascos ya están visitando a etarras tras las concentraciones públicas en País Vasco que piden su salida de Prisiones.

Al menos un diputado independentista visitó en la cárcel de Zaballa (Álava) al histórico exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin, tres días después de la manifestación a favor de la liberación de los presos de la banda terrorista en Bilbao.