El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu (2i) durante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Europa Press
Bildu y PNV buscan cómo beneficiar a etarras tras cruzar el PSOE su "línea roja" sobre el terrorismo
Los últimos retoques en la Ley de Amnistía, a propuesta de ERC, se concretaron la noche del lunes en una videoconferencia con el PSOE e incluyeron el concepto de "intención directa".
24 enero, 2024 03:10PNV y EH Bildu trabajan discretamente para encontrar un mecanismo por el que los beneficios penales a los encausados del procés favorezcan también, de una forma u otra, a los presos de ETA.
El acuerdo entre los partidos de Gobierno y las formaciones independentistas para retocar la referencia al terrorismo en la Ley de Amnistía podría, en último término, acabar vinculando la defensa de los independentistas catalanes con la de los reclusos etarras.
La norma, escudriñada hasta el último milímetro por equipos jurídicos de todos los partidos separatistas, podría dar pie a que etarras sin delitos de sangre que todavía siguen en prisión pudieran acceder a medidas de gracia.
Todo, sobre la base de la diferencia de terrorismos que ha aceptado el PSOE para cumplir con las últimas exigencias de Junts: el terrorismo amnistiable y el no amnistiable, que es el que causa daños personales.
Y es que, según las enmiendas incorporadas al texto legal este martes en el Congreso, podrán ser amnistiados todos los acusados de terrorismo que no hayan generado "violaciones graves de derechos humanos". Esto es una manera de amnistiar a prácticamente todos los implicados en el procés que sean o hayan sido investigados por este delito, incluidos los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic.
Precisamente, el lunes por la noche, aseguran fuentes parlamentarias, el texto todavía no estaba cerrado y no fue hasta bien entrada la madrugada cuando el PSOE accedió por videoconferencia a aplicar "la fórmula de ERC", una redacción muy concreta para que la ley pase el examen del Tribunal Constitucional y el de la Justicia europea.
El truco consiste en acotar de tal manera el delito que no deja al juez margen real para condenar a los implicados: primero debería determinar si se cometió un delito de terrorismo; luego, si se produjeron "violaciones graves de derechos humanos" y, por último, probar que fueran "de forma manifiesta y con intención directa".
Las mismas fuentes deslizan que se trata de un mecanismo jurídico para complicar que "algunos jueces", como Manuel García-Castellón, puedan achacar el fallecimiento de un ataque al corazón en El Prat (2019) a los dirigentes independentistas investigados en el caso Tsunami Democràtic, como Carles Puigdemont o Marta Rovira. Con este texto quedan blindados, dado que no podría probar esa "intención directa" en el suceso.
La manifestación de Bilbao
Fuentes cercanas a esa negociación detallan cómo Junts quería ir "hasta el final" y eliminar todas las exclusiones, esto es, incluir todos los casos de terrorismo. Precisamente, incluir esa "intención directa" serviría para matar dos pájaros de un tiro: blindar la amnistía jurídicamente y protegerla de una posible vinculación con ETA, como persiguen ahora los grupos nacionalistas vascos tras cruzar el PSOE su "línea roja" sobre el terrorismo.
[El PSOE y sus socios pactan ampliar la amnistía para delitos de terrorismo y blindar a Tsunami]
La aparición de destacados líderes de Junts, ERC y BNG en la manifestación a favor de los presos de ETA en Bilbao hace dos semanas apuntaba en esta dirección. Tanto la marcha como el manifiesto de sus convocantes, la red Sare, resaltaban que el "conflicto vasco" nunca "debería haber salido de la política", en referencia al concepto de lawfare incluido veladamente en la ley.
Más aún, como ya adelantó EL ESPAÑOL, tanto Junts como ERC llevan tiempo recurriendo a antiguos colaboradores de ETA para fortalecer su negociación con el PSOE.
Es el caso de sus abogados asesores, Iñigo Iruin (letrado de Rovira) y Gonzalo Boye (de Puigdemont), quienes tuvieron un papel protagonista en la defensa y traslado de etarras a cárceles vascas antes de que se ordenase el fin de la política de dispersión. Lo mismo ocurre con algunos de los "verificadores" de las reuniones con el PSOE, el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant y la Berghof Foundation.
La anterior redacción del artículo 2 de la Ley de Amnistía excluía la aplicación para actos tipificados como delitos de terrorismo, siempre y cuando hubiera sentencia firme. En el nuevo texto, en cambio, sólo quedan fuera los actos de terrorismo que "hayan generado una violación de los derechos humanos" que, además, tiene que ser "manifiesta y con intención directa".
