Los ocho diputados castellanomanchegos del PSOE en el Congreso.
Estos ocho diputados del PSOE tendrán que elegir entre obedecer al partido o defender a sus votantes
Dos dirigentes del entorno de Page reclaman libertad de voto en el Congreso cuando haya que aprobar o rechazar la nueva financiación autonómica.
Más información: El entorno de Page desafía a Sánchez por la financiación y alimenta una posible rebelión socialista en el Congreso
¿Acatar la disciplina de voto del grupo parlamentario o romperla para impedir que el territorio al que representan siga infrafinanciado varios años más? Esa es la encrucijada en la que, a medida que avance la tramitación parlamentaria del nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC, pueden encontrarse los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso.
Con el sistema vigente caducado desde hace más de una década y lastrado históricamente a la región, la posibilidad de que alguno de los parlamentarios socialistas castellanomanchegos vote en conciencia en la Cámara Baja ya no es una hipótesis de pasillo. En los últimos días ha sido verbalizada por dos figuras del núcleo político del presidente regional, Emiliano García-Page.
El primero en abrir la puerta fue el consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien apeló a que los parlamentarios ejerzan su voto "en conciencia" y velen prioritariamente por los intereses de las circunscripciones que los eligieron.
Pocos días después, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, dio un paso más al reclamar abiertamente "libertad de voto" para los diputados socialistas. El también secretario general del PSOE de Guadalajara llegó a afirmar que él mismo no podría apoyar una fórmula que considera contraria a los principios de igualdad y solidaridad entre españoles.
Las palabras de Ruiz Molina llegaron nada más terminar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 4 de septiembre. En aquella cita, Castilla-La Mancha votó en contra de la reforma, al igual que Asturias y las comunidades gobernadas por el PP. La propuesta salió adelante únicamente con los votos favorables de Cataluña y Canarias y el voto de calidad del Ministerio de Hacienda, que dispone de la mitad del peso decisorio en este organismo.
Pero aquel acuerdo es solo el punto de partida. El Gobierno debe convertirlo en proyecto legislativo, aprobarlo en el Consejo de Ministros —algo que ha anunciado que ocurrirá de forma inminente— y llevarlo al Congreso como ley orgánica, por lo que se necesitará una mayoría absoluta para su aprobación. El objetivo, más que ambicioso, es que el nuevo sistema entre en vigor el 1 de enero de 2027.
Pero antes de esa fecha la oposición no solo de la oposición, sino de los propios socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias, puede convertirse en un problema parlamentario de primera magnitud para el PSOE, ya que cada voto puede ser decisivo.
Los ocho diputados
Los ocho parlamentarios del PSOE de Castilla-La Mancha que llegado el caso tendrán que decidir si votan con el Grupo Parlamentario Socialista o se desmarcan en favor de los intereses económicos de su región tienen perfiles diferentes y distintos grados de cercanía con Emiliano García-Page, pero todos mantienen un importante vínculo territorial y varios ocupan responsabilidades orgánicas relevantes dentro del PSOE castellanomanchego.
Sergio Gutiérrez Prieto
Sergio Gutiérrez.
- Circunscripción: Toledo
- Fecha y lugar de nacimiento: 1982. Escalona (Toledo).
- Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III. Curso especializado en Dirección de Recursos Humanos por IESE.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde 2019. Fue eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo.
- Cargos orgánicos: Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha desde 2017, por lo que es el hombre al que Emiliano García-Page confía el control del partido. Antes fue secretario general de Juventudes Socialistas de España.
Jesús Mayoral Pérez
Jesús Mayoral.
- Circunscripción: Toledo
- Año de nacimiento: 1985.
- Formación: Arquitecto técnico e ingeniero de la Edificación.
- Profesión/actividad: Arquitecto técnico/ingeniero de la Edificación.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde diciembre de 2023. Fue alcalde de Casarrubios del Monte entre 2015 y 2023.
Isabel Belén Iniesta Egido
Isabel Belén Iniesta.
- Circunscripción: Albacete
- Año y lugar de nacimiento: 1989. Alpera.
- Formación: Ingeniera técnica de Obras Públicas y máster en Formación del Profesorado.
- Cargos institucionales: Diputada en el Congreso desde 2023 y alcaldesa de Alpera.
- Cargos orgánicos: Secretaria general del PSOE de Alpera.
Emilio Sáez Cruz
Emilio Sáez.
- Circunscripción: Albacete
- Año y lugar de nacimiento: 1969. Nació en Macael (Almería).
- Formación: Diplomado en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha. Máster en Energías Renovables y Gestión de la Energía, máster en Integración Social y MBA Executive.
- Profesión/actividad: Profesor, empresario y político. También ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada al movimiento asociativo de personas con discapacidad. Atleta paralímpico en Barcelona 92 y subcampeón del mundo de atletismo.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde 2023. Fue diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 2015 y 2019, alcalde de Albacete entre 2021 y 2023.
- Cargos orgánicos: Secretario municipal del PSOE de Albacete.
Cristina López Zamora
Cristina López Zamora.
- Circunscripción: Ciudad Real
- Año y lugar de nacimiento: 1989. Corral de Calatrava (Ciudad Real).
- Formación: Estudios de grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Cargos institucionales: Diputada nacional desde 2019. También fue delegada provincial de la Junta en Ciudad Real.
- Cargos orgánicos: Portavoz provincial del PSOE de Ciudad Real.
Gonzalo Redondo Cárdenas
Gonzalo Redondo.
- Circunscripción: Ciudad Real
- Año de nacimiento: 1980.
- Formación: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde 2023 y concejal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Cargos orgánicos: Secretario general del PSOE de Alcázar de San Juan.
Alberto Rojo Blas
Alberto Rojo.
- Circunscripción: Guadalajara
- Año y lugar de nacimiento: 1975. Guadalajara.
- Formación: Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alcalá.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde 2023. Fue alcalde de Guadalajara entre 2019 y 2023 y delegado provincial de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara entre 2015 y 2019, dentro del Gobierno de Emiliano García-Page.
- Cargos orgánicos: Secretario municipal del PSOE de Guadalajara desde 2025.
Luis Carlos Sahuquillo García
Luis Carlos Sahuquillo.
- Circunscripción: Cuenca
- Año y lugar de nacimiento: 1966. Nació en Motilla del Palancar.
- Formación: Diplomado Universitario en Trabajo Social.
- Profesión: Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Cargos institucionales: Diputado en el Congreso desde la IX Legislatura, con presencia en las legislaturas IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV. Fue portavoz del Grupo Socialista y vicepresidente primero de la Diputación de Cuenca, director general de Servicios Sociales y delegado provincial de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y de la Junta en Cuenca.
- Cargos orgánicos: Secretario provincial del PSOE de Cuenca desde 2017.
Más dinero, más brecha
Pese a que el Gobierno central calcula que la reforma supondrá 1.248 millones de euros adicionales para Castilla-La Mancha en 2027, la discrepancia de la Junta de Comunidades está en términos relativos. Ese incremento, según sus cálculos, no corregiría la infrafinanciación histórica y podría incluso empeorar la posición castellanomanchega frente al resto de autonomías.
![Cataluña recibirá 206 euros más por habitante que Castilla-La Mancha si se aprueba la nueva financiación autonómica](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11165679.jpg?p=w:320\/h:240&h=qHcPrUW3"])
Los análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apuntan en esa dirección. En 2024, Castilla-La Mancha recibió 196 euros menos por habitante ajustado que la media autonómica, pese a incrementar sus recursos un 9,1 %. Según sus cálculos, con el nuevo modelo la región pasaría del 95,1 % de la financiación media al 94,5 %. Más dinero en términos absolutos, pero una posición relativa peor dentro de las infrafinanciadas.
Si el nuevo sistema consolida durante años una posición financiera desfavorable para Castilla-La Mancha, sus consecuencias no se limitarían al debate político. Afectarían a la capacidad de la comunidad para financiar sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras o políticas contra la despoblación.
Diferente a la amnistía
Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha ya han demostrado que pueden mantener la disciplina de voto incluso cuando el Gobierno regional sostiene una posición frontalmente contraria a la del Ejecutivo de Sánchez.
El ejemplo más evidente fue la ley de amnistía. El Gobierno de Page se posicionó radicalmente en contra, llegó a recurrirla ante el Tribunal Constitucional y convirtió su rechazo en uno de los principales argumentos de su enfrentamiento con la dirección federal del PSOE. Pese a ello, los diputados socialistas castellanomanchegos votaron a favor, acatando la disciplina del grupo.
La financiación autonómica introduce, sin embargo, una diferencia sustancial. La amnistía se situaba fundamentalmente en el terreno de los principios políticos, jurídicos e ideológicos; el reparto del dinero del Estado afecta directamente a los recursos disponibles para Castilla-La Mancha.
Cuando lo que está en juego es el reparto de los fondos con los que una comunidad sostiene sus servicios públicos y afronta sus necesidades de desarrollo, el conflicto adquiere una dimensión territorial y material mucho más concreta.
Por eso esta vez la discusión sobre la disciplina de voto no se quedaría en un debate teórico. Para los socialistas castellanomanchegos que eventualmente decidieran desmarcarse, el argumento sería que están defendiendo los intereses económicos de los ciudadanos que los eligieron.
La Constitución lo permite
La Constitución establece en su artículo 67.2 que los miembros de las Cortes Generales "no estarán ligados por mandato imperativo". Ese principio protege la libertad del representante, pero no elimina las reglas internas de los grupos parlamentarios ni las posibles sanciones de los partidos.
El reglamento interno del Grupo Parlamentario Socialista, sin embargo, establece que los diputados deben respetar las posiciones fijadas por el Pleno del Grupo, aprobadas por mayoría simple, salvo que exista una instrucción previa del Comité Federal o de la Comisión Ejecutiva Federal.
Aunque el artículo 33 contempla sanciones para quienes voten voluntaria y expresamente contra la posición acordada, las normas que se han dado los socialistas en la Cámara Baja también permite solicitar libertad de voto por razones de conciencia —en línea con lo ya apuntado por el entorno de Page— y exponer los argumentos ante el Pleno del Grupo. Pero esa libertad no es automática: debe ser concedida.
Los precedentes demuestran que romper la disciplina es posible y no implica necesariamente abandonar el Grupo Parlamentario Socialista. En octubre de 2016, durante la investidura de Mariano Rajoy, 15 diputados socialistas votaron "no" pese a que el Comité Federal había ordenado la abstención. Todos fueron sancionados con 600 euros, aunque no fueron expulsados del grupo.
En diciembre de 2022, Carmen Calvo también se abstuvo en la votación final de la Ley Trans pese a que el PSOE había fijado el voto favorable. Recibió igualmente una multa de 600 euros y mantuvo su condición de integrante del grupo.
Sin embargo, la trascendencia de tumbar desde dentro la reforma del sistema de financiación autonómica tendría consecuencias imprevisibles y dejaría a Pedro Sánchez desacreditado y prácticamente noqueado: no cumpliría lo pactado con ERC y su imagen pública caería hasta al subsuelo porque no tendría ni siquiera el respaldo completo de su grupo parlamentario.
Antes de eso, desde el PSOE de Castilla-La Mancha se confía en que el propio Grupo Parlamentario Socialista, mediante un debate interno previo, entienda que no se puede aprobar la nueva financiación autonómica sin negociación ni consenso.
Sergio Gutiérrez, este sábado en Villarrubia de Santiago.
El propio secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha avisado este sábado de que el PSOE castellanomanchego va a seguir "peleando" en todo el trámite parlamentario, internamente y en el Congreso de los Diputados, para que el nuevo modelo de financiación autonómica "no salga adelante".
"Creemos que Castilla-La Mancha necesita solidaridad del conjunto del Estado, que comunidades autónomas como la nuestra necesitan más recursos, más redistribución de la riqueza y que haya más igualdad y más cohesión", ha afirmado el 'número dos' del PSOE regional a preguntas de los medios antes del comienzo del 12 Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo que se celebra en Villarrubia de Santiago.
Qué hará Junts
Antes de que los diputados socialistas tengan que retratarse, Sánchez todavía debe superar un escollo más. El Gobierno quiere que el nuevo modelo de financiación autonómica entre en vigor el 1 de enero de 2027, pero Junts tampoco da por bueno el modelo pactado con ERC y reclama para Cataluña un concierto económico similar al del País Vasco.
Los votos del partido independentista de Carles Puigdemont se antojan imprescindibles para sacar adelante la reforma, por lo que el texto que eventualmente valide el Congreso puede no ser exactamente el que salió del CPFF.
Cuanto mayores sean las concesiones a Cataluña en la negociación con Junts, más difícil será para los diputados socialistas de otras comunidades aceptar el resultado. En Castilla-La Mancha, donde el rechazo al modelo ya quedó fijado en el CPFF, cada concesión que refuerce el trato singular a Cataluña puede alimentar todavía más el argumento de quienes reclaman libertad de voto.
No tener que votar
Todos estos condicionantes generan otra expectativa en el PSOE castellanomanchego: que la sangre no llegue al río y que los ocho diputados nunca tengan que enfrentarse al dilema de votar la financiación autonómica en el Congreso.
El Gobierno no ha conseguido aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado y continúa dependiendo de una mayoría parlamentaria extremadamente frágil. A ello se suma el fantasma de unas elecciones generales adelantadas, que podría alterar por completo los tiempos previstos por Moncloa.
Si la negociación con Junts se prolonga, si Sánchez no consigue reunir los apoyos necesarios o si el calendario político se precipita, el nuevo modelo podría quedar durmiendo en un cajón.
En Castilla-La Mancha se contempla precisamente esta posibilidad como una vía para evitar un conflicto que, llegado el momento de la verdad, colocaría a sus ocho diputados ante una decisión incómoda.
Hasta ahora, cada vez que el PP ha presionado a Page para que pase de las palabras a los hechos y no se limite a criticar a Sánchez, sino que ordene a los diputados socialistas castellanomanchegos votar en contra en el Congreso, el presidente ha rechazado esa posibilidad con el mismo argumento: no va a alimentar el "transfuguismo" ni será él quien cubra las carencias del PP para construir mayorías alternativas en la Cámara Baja.
Ahora, sin embargo, la apelación a la "conciencia" individual lanzada por dos de sus escuderos, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, introduce un matiz nuevo en el escenario. Page, por el momento, no se ha pronunciado sobre estas dos llamadas a la libertad de voto.
