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Arte

Iceta se da un año de plazo para completar el Estatuto del Artista

El Ministro de Cultura ha presidido la primera reunión de la comisión interministerial y afirma que se irán aprobando nuevas medidas gradualmente según su urgencia

22 septiembre, 2021 18:06

Este miércoles se ha reunido por primera vez la Comisión Interministerial para el Estatuto del Artista —presidida por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta—, que tiene la tarea de llevar a la práctica la hoja de ruta aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados hace tres años, y de cuyas 75 medidas solo se han aprobado hasta ahora una pequeña parte, entre ellas la largamente demandada compatibilidad entre el cobro de la pensión de jubilación y de los derechos de autor. 

La elaboración del Estatuto del Artista, que tiene como objetivo dotar al colectivo de artistas y otros trabajadores del sector cultural de un marco jurídico estable adaptado a las particularidades de su desempeño, es también una de las reformas incluidas en el Componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según explica el Ministerio de Cultura, “antes del cuarto trimestre de 2022 se deben impulsar las actuaciones precisas para su desarrollo”.

En este sentido, al término de la reunión, Iceta ha declarado ante la prensa: "Saben que estoy empeñado, y creo que conmigo muchísimamente, en que el año 2022 sea el año del renacimiento cultural. Ha habido una pandemia durísima que nos ha limitado y en la que precisamente muchos han descubierto un refugio en la cultura". También ha declarado que no se esperará a tener el Estatuto finalizado, sino que se irán implementando medidas "de forma gradual" según su urgencia.

De todas las medidas que quedan aún por hacer realidad, la comisión se ha marcado como prioritaria la modificación del Real Decreto 1435/1985, que regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. El objetivo, señala el ministerio en un comunicado, “es mejorar el estatus profesional de los artistas, adaptarlo a las nuevas realidades de los medios de fijación del trabajo cultural en el entorno digital y las nuevas formas de difusión de la cultura para combatir los abusos en la contratación temporal y los falsos autónomos”. Se trata, por tanto, de mejorar la protección laboral y social, especialmente en protección por desempleo, que se adapte al momento actual y que se reconozcan las condiciones laborales al colectivo de artistas. La medida está impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición. 

También se trabaja en ofrecer formación específica a los trabajadores públicos de la Agencia Tributaria, del Servicio Público de Empleo Estatal (el SEPE) y de la Seguridad Social. El objetivo es facilitar y agilizar los trámites y gestiones y la información que reciben los artistas respecto a sus derechos y obligaciones en materia de fiscal, seguridad social y laboral. 

Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional trabaja en la creación de una Ley de Enseñanzas Artísticas, tal y como ya ha anunciado en sede parlamentaria. 

La de hoy ha sido la primera reunión de la comisión después de que el Consejo de Ministros aprobara su constitución el pasado 27 de julio. La componen los ministerios de Hacienda; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Inclusión Seguridad Social y Migraciones; y Ministerio de Universidades. 

Para agilizar la adopción de las medidas que sirvan de base para el desarrollo y ejecución del Estatuto del Artista, la comisión interministerial ha aprobado la creación de cuatro grupos de trabajo. Habrá uno dedicado a los asuntos relacionados con la parte fiscal. Otro grupo abordará las cuestiones del ámbito laboral; un tercero, lo social y un cuarto tratará los asuntos relacionados con la educación. La comisión se volverá a reunir en el mes de octubre y está previsto que haya una tercera reunión antes de que acabe el año. El Ministerio de Cultura y Deporte, a quien corresponde la interlocución con los grupos de interés afectados por esta normativa, coordinará los trabajos con el resto de ministerios.