Los tribunales de Castilla y León reducen más de un 5% los litigios en un año y resuelven más casos de los que entran

Mientras el conjunto de España respira aliviado con un 3,2% menos de asuntos nuevos en los juzgados, Castilla y León va un paso más allá.

Los tribunales de la Comunidad no solo han recibido menos casos que en 2024, sino que han resuelto más de los que han entrado y han logrado reducir la pendencia en un 3,9%.

Es un dato que destaca en el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que convierte a la Comunidad en un ejemplo de gestión judicial eficaz en un año marcado por la presión penal en todo el país.

La presidenta del TSJ defiende que en CyL los jueces "ejercen con rigor": "La independencia judicial no es un privilegio"

A nivel nacional, los tribunales recibieron 7.550.806 asuntos, un 3,2% menos que el año anterior. Resolvieron 7.437.033, un 2% más, pero la pendencia creció un 3,4 % hasta los 4.673.596 casos en trámite. La tasa de litigiosidad se situó en 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Siete comunidades superaron esa media: Canarias (202,06), Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160,04), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Castilla y León, en cambio, se encuentra por debajo de la media, con un 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes, más de un 5% menos que en 2024, cuando la tasa de la Comunidad fue de 146,89 asuntos, también muy por debajo de la media nacional del año anterior, de 160,41.

El TSJ de Castilla y León tumba la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid y la declara “nula”

Su perfil es más bajo, lo que refleja una sociedad menos propensa a litigar y una justicia que encauza mejor los conflictos antes de que lleguen al juzgado.

En este contexto nacional, los 243 órganos judiciales de Castilla y León han cerrado el año con números que invitan al optimismo.

Recibieron 333.864 nuevos asuntos, un 5% menos que en 2024. Resolvieron 341.005, un 2,2% más. Y lo más importante: los asuntos en trámite al 31 de diciembre bajaron de 177.080 a 170.240, un descenso del 3,9%.

Es decir, la región resolvió más de lo que entró y aligeró la mochila de casos pendientes. La tasa de resolución global se situó en 1,02, lo que significa que por cada asunto que entró, los tribunales despacharon 1,02.

La tasa de pendencia quedó en un envidiable 0,50, y la de congestión en 1,50. Números que, según las definiciones oficiales del CGPJ, sitúan a Castilla y León en una “mejor situación” que la media nacional.

La estrella de la eficiencia

La jurisdicción civil fue la gran protagonista del buen dato regional. Entraron 144.659 asuntos, un 12,9% menos que en 2024. Se resolvieron 159.435, un 6,3 % más. La pendencia cayó un 15,1%, de 102.123 a 86.731 casos.

En términos prácticos, los juzgados de primera instancia, familia, mercantil y las secciones civiles de las audiencias provinciales trabajaron a un ritmo superior al de la entrada. La tasa de resolución civil alcanzó el 1,10.

Es decir, resolvieron un 10 % más de lo que recibieron. Familias que esperan divorcios o custodias, empresas que reclaman deudas o herencias que se desbloquean: miles de ciudadanos castellanos y leoneses notarán este alivio en su día a día.

En el extremo opuesto, la jurisdicción penal sigue la tendencia nacional. Entraron 156.795 asuntos, un 3,9 % más que en 2024. Se resolvieron 150.345, prácticamente los mismos que el año anterior (-0,2 %).

La pendencia subió un 14,7%, hasta 58.912 casos.

El aumento de la criminalidad o de la complejidad de los procedimientos (con más diligencias, pruebas digitales y recursos) explica este repunte, idéntico al nacional (+1,4 % de entrada y +11,7% de pendencia).

Aun así, la tasa de resolución penal se mantuvo en 0,96, y los juzgados de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria gestionaron volúmenes altos sin colapsar.

La jurisdicción contencioso-administrativa, más modesta en volumen (7.362 asuntos entrados, +2,7%), resolvió 7.119 (-9,5%) y vio crecer la pendencia un 5,5%.

La social (25.048 entrados, -8,2 %) resolvió 24.106 (-4,9 %) y aumentó ligeramente la pendencia (+4 %). Son órdenes donde la litigiosidad laboral y administrativa se mantiene contenida, pero donde la resolución sigue siendo un reto.

Cómo se resuelven los casos

No todo se resuelve con una sentencia en toda regla. De los 341.005 asuntos despachados en Castilla y León, 102.003 acabaron en sentencia (un 2,7 % más que en 2024), 150.034 en auto y 79.291 en decreto.

En la jurisdicción penal destacan los autos (93.556), típicos de fases de instrucción o medidas cautelares. En civil, el peso de los decretos (57.670) refleja la agilidad en procedimientos monitorios o de cuantía menor.

La tasa de sentencia global fue del 30 %, lo que indica que una de cada tres resoluciones requiere el esfuerzo completo de un juicio con contradicción y motivación profunda. Además, la ejecución de sentencias —el momento en que las resoluciones se hacen realidad— muestra también buena salud.

Se registraron 62.705 ejecuciones y se resolvieron 57.665. Quedaron en trámite 141.097, un volumen manejable si se compara con el total de asuntos resueltos.

Reducción de la pendencia

El informe del CGPJ también desglosa por tipo de órgano. Los 42 juzgados de primera instancia civil, por ejemplo, redujeron la pendencia un 25,1% y elevaron las sentencias un 10,5%.

Los 22 juzgados de instrucción penal, en cambio, vieron crecer la pendencia un 15,3%, pero mantuvieron la resolución casi al 100%. Los 25 juzgados de lo social lograron una tasa de resolución de 0,99, muy cerca del equilibrio.

Mientras el país en su conjunto ve cómo la pendencia crece un 3,4% —especialmente por el tirón penal—, Castilla y León la reduce un 3,9%.

Su tasa de resolución total (1,02) supera la media nacional. Su tasa de pendencia (0,50) es de las más bajas. Y su tasa de congestión (1,50) indica que el sistema no está saturado.

Con 333.864 asuntos nuevos frente a los 7,55 millones nacionales, la región representa solo el 4,4 % del total, un peso inferior al que le correspondería por población, lo que refuerza la idea de una litigiosidad moderada. El dato no es casual.

La evolución interanual muestra que la comunidad viene de un 2024 ya exigente, la pendencia al inicio creció un 10,8%, pero ha sabido responder.

Los jueces y magistrados, con el apoyo de la Oficina Judicial y las herramientas tecnológicas que el CGPJ viene impulsando, han ganado productividad. El informe lo certifica con datos objetivos.

Un futuro con retos pendientes

Pese al balance positivo, nadie oculta los desafíos. El aumento de la pendencia penal exige más medios en instrucción y en ejecución de penas. La congestión en algunos órganos de lo social y contencioso-administrativo sigue por encima de 1,7.

Y la tasa de sentencia del 30% global indica que aún hay margen para resolver más asuntos sin necesidad de juicio pleno, a través de mediación o procedimientos abreviados.

Pero el mensaje de 2025 es claro: Castilla y León ha conseguido lo que muchos territorios sueñan: resolver más de lo que entra y descargar la mochila de casos pendientes.

En un año en el que la Justicia española ha reducido la entrada de asuntos pero no ha logrado frenar del todo el crecimiento de la pendencia, la región se sitúa como un ejemplo de buen gobierno judicial.

Los castellanos y leoneses pueden mirar los juzgados de su comunidad con algo más de confianza.

Los números no mienten: en 2025, la Justicia de Castilla y León ha funcionado mejor que la media nacional. Ha entrado menos, ha salido más y ha dejado menos casos esperando. Y eso, en un sistema judicial habitualmente criticado por su lentitud, merece ser destacado.